Comentarios al borrador del nuevo decreto de Viviendas con Fines Turísticos de la Junta de Andalucía.

El decreto andaluz presupone la finalidad turística de lo que en realidad son alquileres residenciales de corta duración. En la práctica esto ha permitido una ultraliberalización del mercado de alquileres. Partiendo de que esto no se modifica, las nuevas propuestas regulatorias, que son en términos generales positivas a la hora de controlar el impacto negativo de la saturación de este tipo de uso comercial, casi que son lo de menos.

Actualmente se encuentra publicado el borrador y en proceso de alegaciones de la modificación del decreto de 2016 que regulaba (poco) las Viviendas con Fines Turísticos (VFT) en Andalucía (Decreto “de los establecimientos de apartamentos turísticos y de las viviendas con fines turísticos” de abril de 2022). Para empezar, el nuevo texto sigue manteniendo un error de fundamento heredado del decreto anterior, que es entender que los alquileres temporales son exclusivamente dedicados al turismo, desvirtuando el propio concepto de turismo. Esto ha implicado en la práctica su alienación de la ley de arrendamiento urbanos y su infrarregulación. Las características reales de las VFT es que son viviendas residenciales que prestan alojamiento por periodos muy cortos de tiempo. El decreto andaluz presupone la finalidad turística para cualquier alquiler continuado por un periodo inferior a dos meses y que sea publicitado de manera comercial. Este servicio es usado a menudo por turistas, pero también puede ser usado para cualquier otro tipo de desplazamiento: el más habitual de tipo laboral, que es teóricamente lo opuesto al viaje ocioso que supone el turismo. En la práctica esto ha permitido una ultraliberalización del mercado de alquileres que no sufre cambios. Partiendo de esto, las nuevas propuestas regulatorias, que son en términos generales positivas a la hora de controlar el impacto negativo de la saturación de VFTs, casi que son lo de menos.

El decreto regula de manera conjunta los Apartamentos Turísticos y las VFT, lo que parece lógico, ya que podría haber confusión entre uno y otro. La diferencia fundamental es que los AT no están en inmuebles residenciales, sino en instalaciones de usos turístico exclusivo, mientras las VFT se encuentran en instalaciones residenciales. Esta cuestión es clave, ya que implica que una VFT puede pasar fácilmente al alquiler convencional y viceversa, conectando ambos mercados y generando potencialmente problemas de suministro e inflación en el mercado de alquiler residencial, que es lo que se viene denunciando desde hace una década por parte de organizaciones vecinales. 

La propuesta se respalda bastante en otras regulaciones autonómicas que ya han pasado por recursos y por tribunales, lo que debería darle una mayor solidez. Para restringir el uso de las VFT expone tres razones imperiosas. La primera es la protección del medio ambiente, convivencia vecinal, propiedad urbana, seguridad pública y defensa de los consumidores. La segunda “facilitar la existencia de viviendas susceptibles de arrendamiento para residencia de los ciudadanos”. La tercera, la mejora de los derechos de los usuarios y calidad de la oferta. Todo ello respaldado por la normativa europea y la legislación española que regula las restricciones potenciales a la libertad de mercado. En definitiva, los dos primeros puntos, asumen los argumentos contra las VFTs de plataformas y asociaciones de vecinos, que son mencionadas expresamente en el texto. Curiosamente no hay ni una palabra sobre los intereses de la industria hotelera, que lleva presionando desde hace años y denunciando las VFT como una competencia desleal. El tercer punto es continuista con el decreto del 2016 y coherente con la legislación andaluza sobre turismo, orientando la regulación a incrementar la calidad del servicio.

La principal limitación que establecería el decreto a las VFT es el de que un individuo solo podrá destinar dos viviendas de su propiedad a VFT, con el objetivo explícito de evitar la especulación inmobiliaria que sustraiga inmuebles al mercado residencial y evitar que los grandes operadores se acojan a esta figura alojativa. Entiendo que los grandes operadores deberían entonces dirigirse a la figura de AT, que implica otro tipo de licencia y sobre todo un inmueble de uso íntegramente comercial. Además, el borrado introduce la figura de “empresa gestora de VFTs” (art. 28) lo que se adapta a la proliferación de facto de este tipo de profesionales o empresas intermediarias. El decreto ve como positivo esta profesionalización, que facilitaría la administración de las VFTs. Estas empresas pueden gestionar un número indefinido de VFTs, pero, consecuentemente con lo anterior, estarían sometidas a la limitación de explotar un máximo de dos viviendas por persona propietaria.

El otro elemento clave es que, de manera muy sucinta (Art. 26.4), respalda que los ayuntamientos establezcan limitaciones al número máximo de VFT por edificio o por sector. Los ayuntamientos ya tenían mucha responsabilidad previamente, lo que es consecuencia del carácter laxo de la regulación de 2016. Eran los ayuntamientos los que tenían que lidiar con la compatibilización de un mercado prácticamente libre de VFTs con sus competencias en cuanto a la asignación de usos y aprovechamientos del suelo. El decreto en este sentido lo que hace es seguir a las iniciativas que ya se han aprobado en Cádiz y Sevilla. El decreto respalda la posibilidad de que los ayuntamientos puedan regular a través de los PGOUs un máximo de VFT por edificio y un máximo de VFT por zonas. Esto apoya a la regulación más avanzada y atrevida, que es la de Cádiz, que establece una moratoria en su centro histórico por considerarla zona saturade de VFTs. Es positivo que la administración autonómica respalde estas normativas. Al mismo tiempo, parece insuficiente que se siga dejando al parecer de las administraciones locales, sin ninguna guía más. Si nos fijamos, las normativas más avanzadas son de ciudades que no son necesariamente las más saturadas. Málaga es la que tiene los indicadores de saturación más claros en su centro histórico según los propios informes de la Junta de Andalucía, mientras los datos en Granada son más alarmantes que en Cádiz. Así, en lugar de establecer unos límites a la conversión turística del parque residencial, la Junta deja esta cuestión al clima y equilibrio político en cada ciudad, lavándose las manos.

Otras cuestiones serían el incremento del número de requisitos de las VFT en cuanto a equipamientos, que se incrementa notablemente. También el hecho de que las viviendas que se alquilen completas como VFT deben tener una placa identificativa. Finalmente, el decreto actualiza los efectos sobre las VFT de otras normativas, como sería la capacidad de las comunidades de propietarios de rechazar la inclusión de VFTs en una edificación, si lo incluyen en sus estatutos (Real Decreto-ley 7/2019) y la imposibilidad de dedicar viviendas protegidas a esta actividad (Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

En general el decreto parece que acepta la mayor parte de las críticas que se hacían a la regulación anterior (el propio borrador refiere como “laxo” el decreto de 2016). También se moderniza respecto de los cambios que ha habido en el mercado (profesionalización) y normativas municipales. El aspecto clave de la limitación de la propiedad a 2 viviendas parece bastante positivo, ya que al menos excluye que grandes propietarios e inversores se aprovechen de la figura de VFT. En la medida en que estos tengan que limitarse a las ATs, se establece algún tipo de cortafuegos entre el mercado del alquiler convencional y el alquiler turístico, evitando los problemas de suministro e inflación en las primeras. En cualquier caso, y si finalmente este borrador acaba pareciéndose al decreto final, su efecto dependerá mucho de la estructura del mercado, es decir, del grado de concentración de las VFTs. Si la mayoría de las viviendas pertenecen a pequeños propietarios, el efecto será evidentemente menor.

La teoría de la renta de suelo II: aplicaciones a la ciudad.

Como comentábamos antes, en la aplicación de la teoría de la renta a la ciudad hay problemas considerables. Esto se produce porque la renta se suele asociar a procesos productivos. En el caso urbano tiene un gran peso la renta extraída de la vivienda, es decir, una renta extraída a partir del proceso de consumo más que del de producción. Esta es una tesis central de la obra de Harvey que procede de su lectura de Lefebvre. En el capitalismo contemporáneo, la renta va ganando más peso en el circuito del consumo. El circuito secundario, de especulación y deuda, suplanta progresivamente al circuito primario de tipo productivo.

Un punto de disenso entre los autores aquí es: ¿Qué tipo de renta puede explicar por qué los precios de la vivienda están muy por encima de los de producción? Respecto de las actividades productivas hay cierto consenso en que la localización en el espacio urbano es de escasa relevancia para la industria, por lo que tiene poca importancia la cuestión de la renta. En el caso de las actividades financieras y comerciales también hay diferencias. Hay quién niega la posibilidad de generar renta de las mismas por no tratarse de actividades productivas, hay quién cree que en estas se dan todos los tipos de renta y hay quién afirma que solo la actividad financiera pero no la comercial produce renta absoluta. En la cuestión del mercado inmobiliario las diferencias son todavía mayores. La posición mayoritaria sería la de que la renta absoluta tiene escasa importancia en el ámbito urbano y que solo puede generarse en la industria de la construcción, mientras que la renta de monopolio sería la renta inmobiliaria por excelencia.

La cuestión aquí es hasta qué punto la distinción de tipos de renta es útil para diferenciar problemas diferentes. Hasta qué punto tiene sentido identificar los tipos de renta en función de la capacidad de la actividad que se desarrolla sobre el suelo de producir valor o solo de distribuirlo. En la actualidad esta cuestión parece tener mucha menos urgencia e importancia. No obstante, hay que tener en cuenta que es aquí donde se encuentra el vínculo con la teoría del valor, con la teoría crítica, de aspectos como la segregación u otros problemas urbanos contemporáneos.

Renta de suelo y especulación

El precio de compra o valor de la tierra no es sino la capitalización de la renta de suelo, que también puede adoptar la forma de alquiler. Así que, por lo general, no es el valor de la tierra lo que determina la renta sino la renta la que determina el precio del suelo.  El precio del suelo, así como el nivel de los alquileres, no solo dependen de las rentas. El valor del suelo recoge las inversiones de capital en forma de capital fijo que se desarrollan sobre el o en su entorno, las cuales, a su vez, pueden generar rentas diferenciales, por eso Marx acusa a los terratenientes de incrementar sus ganancias parasitando el conjunto del desarrollo social. A su vez,  en el alquiler, además de la renta, también entra el coste de la construcción y el interés del capital adelantado para la misma. No obstante, la renta es clave en que el precio de la vivienda sobrepase (en mucho o en muchísimo) el precio de producción. La renta expresa la situación de monopolio de los propietarios del suelo, los cuales exigen una cuota o impuesto por permitir el alojamiento en una determinada localización.

La especulación típica sobre la tierra consiste en anticipar el valor de un terreno no construido pero que podría estarlo, aumentando la renta de la propia de un terreno agrícola a la del suelo urbano. Así, se le confiere una renta a este terreno artificialmente alta, mayor que la de un terreno agrícola de similares características sobre el que no haya expectativas. Otra estrategia especulativa clave en la creación de renta es la creación de restricciones a la inversión productiva sobre el suelo. Esto se realiza a menudo sacando suelo del mercado. Aquí entran las grandes propiedades heredadas en los frentes de expansión que pueden negarse a alquilar o vender tierras para urbanizar, la fragmentación de tierras urbanizables en las afueras de las ciudades o de zonas urbanizadas donde podría reinvertirse para renovación urbana, el aplazamiento deliberado de la urbanización por un grupo capitalista o retención especulativa de la tierra por inversiones-especuladores.

Renta de suelo y segregación

Esta cuestión es tratada por Lipietz y por Harvey, y en menor medida por Topalov. La diferenciación social del espacio no puede ser reducida a un único factor según Lipietz, hay que conceder importancia al os factores geográficos a los procesos históricos precapitalistas y otros. No obstante el tributo juega un papel fundamental en la reproducción de la división social del espacio.

El tributo de la tierra varía según el barrio (de forma similar a la fertilidad en el ejemplo de Marx). La situación del terreno en la “división social del espacio” vendrá determinada en primer lugar por el precio de venta. A la división social del espacio previa se le impone un tributo a pagar. El precio del terreno hace imposible todo uso del suelo jerárquicamente inferior en la división social del espacio. Por lo tanto, la renta es un operador económico  de la reproducción de la división social del espacio que adecua el rango social de la vivienda producida al rango social del barrio. Al mismo tiempo, siguiendo a Harvey, la segregación o la diferenciación socioespacial son elementos gracias a los cuales se generan las situaciones de monopolio que permiten la generación de rentas. Las diferencias de raza, etnia, estatus social y prestigio, solidaridad comunal y vecinal, aumentan el potencial de realización de las rentas monopólicas de clase ayudando a mantener una estructura socioespacial como si fuera un conjunto de islas, al crear el “espacio absoluto de la comunidad”.

En primer lugar la burguesía y clases medias, como consumidores de vivienda, pagan lo que Lipietz llama un “tributo diferencial” que paga el derecho de no cohabitar con cualquier persona. Harvey señala como estos grupos, al competir por viviendas prestigiosas en el vecindario adecuado generan “renta monopólica de clase”.  Se crean así una serie de submercados inmobiliarios determinados por la relación con una demanda solvente. Harvey refiere tanto los que se crean para las clases privilegiadas como aquellos para los grupos menos favorecidos que acuden al mercado del alquiler. Se crean así una serie de islas construidas por y para el hombre en las que los monopolios de clase crean escaseces absolutas.

¿Quién se apropia de la renta?

El tributo a la tierra es un pago al propietario de la misma en la teoría clásica. No obstante la situación puede haber cambiado. Según coinciden diversos autores, aunque el propietario de suelo puede tomar parte de la ganancia dependiendo de la situación, entran en juego otros agentes. Quizás lo más claro es la exposición de Lipietz, siguiendo a Topalov. Diferencia así el modelo clásico en el cual el propietario de suelo y el promotor eran individuos diferenciados, del modelo del capitalismo avanzado, donde suelen coincidir en un único agente (que ha comprado previamente el suelo). Aquí la fracción de sobreganancia realizada por el capital del promotor inmobiliario puede ser apropiada por el propietario del suelo en mayor o menor medida dependiendo de la información y el poder de negociación de que disponga, ya que puede ignorar las potencialidades del suelo.

La renta hoy día, más que por pequeños propietarios, tiende a ser acumulada por el capital financiero. El nuevo terrateniente es el promotor inmobiliario que utiliza el espacio como fuente de ganancia extraordinaria. Además, hay una fusión del monopolio de los bancos y de la propiedad territorial. Según Harvey existe una cierta estructura jerárquica a través de la cual las rentas monopólicas de clase se filtran hacia arriba pero no hacia abajo. En el extremo de esa jerarquía se ubican las instituciones financieras, que por lo tanto captan una parte importante de las rentas de suelo hoy día.

 

La teoría de la renta de suelo I: El debate clásico

De la economía política clásica a los radicales de los setenta

La renta es un concepto general de la economía política clásica. Marx trabajó esta cuestión en el volumen III del capital y Engels lo hizo en sus escritos sobre la cuestión de la vivienda. En este sentido, Engels es pionero, dado que la mayor parte de los trabajos clásicos sobre la renta se basaban en la relación entre los propietarios de tierras (rentistas) y los capitalistas agrarios. El salto de esta relación a aquellas que se producen en la ciudad es bastante grande, lo que hace cuestionar hasta qué punto se puede extrapolar por completo la teoría, más con el desarrollo tan formidable que ha alcanzado todo el complejo inmobiliario financiero en el capitalismo postfordista.

En cualquier caso, en la década de los setenta, con la revitalización del marxismo dentro de las ciencias sociales, por un lado, y con la mayor atención al estudio del fenómeno urbano, el debate sobre la renta de suelo se produce en la academia a nivel internacional. Aquí tiene especial peso la sociología o la geografía radical (Harvey), de base marxistas, y en especial el trabajo de la conocida escuela francesa de sociología urbana (Topalov, Lipietz y otros). La teoría de la renta es utilizada en este contexto para explicar distintos problemas, permitiendo vincularlos a la teoría del valor y, en general, a la teoría social crítica. Estos problemas son la segregación socioespacial, el acceso a la vivienda de las clases populares, el desplazamiento provocado por la renovación urbana, la especulación inmobiliaria y otros.

En el uso que se hace del concepto, desde un punto de vista marxista, existe una crítica a las posiciones liberales o marginalistas, hegemónicas en aquel momento (como en este). Se acusa a estas últimas de analizar el mercado de la vivienda sin hacer referencia a las relaciones sociales de propiedad que están detrás de él.  El marginalismo consideraría la renta como un mecanismo de racionamiento de un recurso escaso, siendo esto una reificación mediante la cual se la considerada como pago a un factor escaso en lugar de como un pago real a personas.

Este es el típico debate propio de la década de los setenta que se va abandonando en los ochenta, conforme las posiciones materialistas pasan de moda en la academia. A esto se le añaden obstáculos importantes respecto a la medición o la demostración empírica de la renta y respecto de farragosos debates sobre los tipos renta y su aplicabilidad a tal o cual situación que no siempre fueron fructíferos. El recientemente difunto Neil Smith mantuvo un cierto interés por el tema en la década de los noventa, al partir de esta teoría para explicar los procesos de gentrificación. Asimismo, en la primera década del siglo XXI han aparecido algunos trabajos de interés sobre la renta de suelo. Harvey ha seguido produciendo algunas aportaciones originales a partir de su lectura de la teoría, como aquellas centradas en la renta de monopolio y en su papel dentro de las políticas urbanas postfordistas, creación de marca de ciudad, etcétera. Jager ha combinado la teoría de la renta con la teoría regulacionista, aplicando ideas bastante interesantes al caso de Montevideo. Por su parte, Jaramillo ha realizado una importante aportación con un volumen dedicado a replantear esta teoría en el contexto actual.

La concepción clásica de la renta de suelo

La renta de suelo es el pago exigido por la propiedad de suelo para realizar una actividad económica o un uso concreto de ella. En el modo de producción capitalista el suelo es una condición externa de la producción y la propiedad monopólica del mismo un obstáculo que se debe salvar mediante el pago de esta renta del suelo. A lo largo de la historia, este tributo ha podido adoptar diferentes formas, siendo la renta en forma de dinero la más evolucionada.

Existen diferentes tipos de renta de suelo. Aunque en el marco neoclásico se tiende a abandonar la distinción entre estos, los marxistas de los años setenta solían insistir en la necesidad de distinguirlos, dado que expresarían diferentes tipos de conflictos y estrategias de clase.

La renta diferencial es expuesta en principio por Ricardo y retomada por Marx. Surge de la mayor productividad que alcanza una actividad económica en un lugar determinado. Los mayores beneficios que obtiene aquí el industrial, pueden ser retenidos por el rentista en forma de renta diferencial. Hay dos tipos de renta diferencial. La primera surge de la mejor ubicación del suelo concreto donde se genera. La segunda de las sucesivas inversiones en un determinado suelo, que permiten aumentar la productividad.

La renta absoluta es introducida por Marx. Surge por una situación de monopolio respecto de una determinada producción. Esta situación de monopolio es posible al impedir la propiedad del suelo que entren otros competidores de la forma en quesea, permitiendo unas ganancias mayores que en la mayoría de las ramas de la producción para el capital. Esta sobreganancia es acaparada por la propiedad de la tierra

Por último, la renta monopólica surge por el sobrebeneficio de una producción monopólica. En esta, las mercancías pueden ser vendidas a precios de monopolio y parte o la totalidad de la sobreganancia de ese precio puede ser acaparada por el rentista. El origen de la renta está aquí en un precio de monopolio. El precio de monopolio implica un producto  que puede ser vendido independientemente de su precio de producción, fijado solamente por la riqueza de los aficionados  a ese producto. Esta ganancia extraordinaria de monopolio puede ser apropiada bajo la forma de renta de suelo. Aquí, Harvey distingue entre la renta monopólica generada por una producción particular, pongamos un tipo de vino (que está asociado a una determinada comarca), o bien por el propio lugar en sí (pongamos la marca Barcelona).

Diferenciar renta de monopolio y renta absoluta no es siempre sencillo y de hecho el contenido de estas categorías varía mucho, pongamos entre Topalov y Harvey. Para el primero la gran diferencia parece encontrarse en que la renta absoluta se extrae del beneficio extra particular generado por la actividad concreta que se desarrolla sobre el suelo, mientras que la renta monopólica se obtiene a partir de la plusvalía generada por el conjunto de la sociedad. Para Harvey por su parte, el precio de monopolio genera la renta monopólica, mientras que una determinada estrategia por parte de los propietarios de suelo puede generar las rentas absolutas en una determinada rama de la actividad, dando lugar a los precios de monopolio. Esto es un ejemplo. En general, especialmente en su aplicación al hecho urbano, los contenidos de las diferentes categorías pueden variar mucho según el autor.

El nuevo proyecto de Ley de rehabilitación. ¿Se pretende volver a la época del boom inmobiliario?

El gobierno del Estado ha publicado recientemente un nuevo Proyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Es esta una medida muy demandada desde el perjudicado sector de la construcción y una de las pocas iniciativas dirigidas a la reactivación económica que ha realizado un gobierno centrado en las políticas de austeridad.

La promoción de la rehabilitación ha sido una estrategia utilizada en el pasado para promover o sostener el sector de la construcción en un contexto de crisis. El caso más reciente es el primer periodo de democracia liberal en la España posfranquista. En las década de los sesenta y setenta España había contado con un importante crecimiento económico, aún en el marco de recesión global propiciada por la conocida como crisis del petroleo. Contexto en el que se fragua la importante industria de la construcción española apoyada sobre el mercado de vivienda en propiedad y el turismo litoral. No obstante, desde finales de los setenta existe una desaceleración importante que coincide con el freno del crecimiento demográfico y de los procesos migratorios del campo a la ciudad. En este contexto, las políticas urbanas se dirigen en mayor medida a la rehabilitación de la ciudad construida, con especial atención a los enclaves históricos, completamente desinvertidos a principios de la década de los ochenta.

El fomento de la rehabilitación fue bastante exitoso a la hora de mantener la industria de la construcción y su mano de obra, algo que supuso una buena base para el posterior crecimiento de la misma en los dos ciclos inmobiliario-financieros que comienzan a partir de la entrada de España en la CEE en 1986. También es notablemente exitosa la rehabilitación conseguida en los centros históricos de las grandes ciudades españolas, ligadas a la potenciación de su función turístico-comercial y al aburguesamiento residencial de los mismos. La rehabilitación ha sido por lo tanto una parte importante de los sucesivos booms inmobiliarios entre 1987 y 1992 y entre 1997 y 2007.

La nueva ley pretende fomentar la rehabilitación y la renovación urbana operada por el mercado privado, tanto de la edificación como de los espacios públicos. Una intervención en la que tendría un papel importante la adaptación de la vieja edificación a los nuevos criterios de edificación sostenible y que recaería en cierta medida sobre los propietarios particulares y las comunidades de vecinos. Todo esto, implica un intento de restablecer uno de los elementos del anterior boom de la construcción, de forma similar a lo que hace la Ley de costas con la edificación de residencias para el turismo de sol y playa. Es obvio que para el actual gobierno resulta deseable un regreso al ciclo expansivo altamente especulativo que nos condujo a la actual depresión económica. Probablemente es deseable también para una parte importante de la población, que encuentra en esta posibilidad su principal esperanza de volver a la sociedad parcialmente opulenta que dejó atrás en 2007. No obstante existen serias dudas sobre la posibilidad de que esto sea factible.

En primer lugar, sigue existiendo un stock importante de vivienda vacías y sin vender, en diferentes modalidades y distribuidas por todo el territorio nacional. Ahora bien, el derribo de esas mismas viviendas puede ser una parte de la actividad constructora que se pretende fomentar, con el objetivo último de generar la escasez que permita al mercado volver a funcionar. En segundo lugar, existen serios obstáculos a una revitalización de la demanda, en la medida en que la demanda interior se ha visto y se va a seguir viendo seriamente castigada por la prolongación en el tiempo de elevadas tasas de desempleo, los recortes que afectan a los salarios indirectos y el saldo migratorio negativo. Asimismo, la demanda exterior encuentra sus limitaciones en la dimensión internacional de la crisis económica, que afecta inevitablemente a los clientes tradicionales (RU, Alemania y Francia), mientras que los nuevos mercados para el turismo y las segundas residencias (China o Rusia) por el momento no alcanzan a sustituir a los viejos. En tercer lugar, gran parte de la rehabilitación más rentable, en los enclaves históricos de las grandes ciudades, ya se ha llevado a cabo en los ciclos anteriores. Aunque todavía existan sectores degradados potencialmente atractivos para la inversión, estos siguen dependiendo de la existencia de una demanda. Así, la rehabilitación y adaptación a criterios de eficiencia ecológica afectaría en primer lugar a bolsas de infravivienda y comunidades de residentes en sectores urbanos afectados por cierta obsolescencia, graylands, que inevitablemente requerirían de importantes ayudas públicas que el gobierno está muy alejado de querer otorgar. Finalmente, el boom inmobiliario español, con sus desastrosas consecuencias por todos conocidas, se desarrolló en un contexto muy concreto y difícilmente repetible. Cualquier salida que pueda tener la crisis obliga a tomar otros caminos, sin que estos aseguren en absoluto el volver a la época de bonanza anterior.

En defensa de las asambleas de barrio (I): Las asambleas de base y el movimiento por la vivienda digna en Sevilla.

La creación de las asambleas de base del 15M en Sevilla

Se cumplen cerca de dos años tanto de las manifestaciones que originarían el 15M como del movimiento de descentralización a los barrios que generaría, en Sevilla como en otras ciudades, la estructura de asambleas de base en función de las cuales ha seguido respirando el movimiento desde entonces. Las razones para la descentralización fueron varias. Por un lado, las grandes asambleas, que reunían a centenares de personas en Las Setas (Plaza Mayor de Sevilla) durante el mes de mayo de 2011, eran en general poco operativas y se veía necesario organizarse en grupos menos numerosos. Por otro lado, el hecho de que las acampadas no pudieran sostenerse de forma indefinida, reclamaba una alternativa para mantener el movimiento y el espíritu de protesta vivos. Las asambleas de barrio, y su coordinación mediante portavoces, fue la solución que mejor encajaba con la autonomía innata del proceso y su aspiración de democracia radical, al mismo tiempo que ofrecía la oportunidad de trabajar con las problemáticas reales e inmediatas de la gente a partir de su realidad territorial. La Coordinadora de Barrios y Pueblos y las intercomisiones (coordinadoras de comisiones) de las cuales hoy solo está activa la de vivienda, fueron los principales espacios organizativos de rango superior de los que se dotó el movimiento. Esto sin olvidar las comisiones que se crearon en la acampada de “Las Setas” y que siguieron en funcionamiento en el nuevo contexto, estas son: comunicación y acción-extensión.

En las asambleas, cada una con su recorrido único, se han encontrado activistas que llevaban trabajando en los barrios o en cuestiones sociales durante la última década, jóvenes (y no tan jóvenes) incorporados a raíz de las manifestaciones masivas de mayo de 2011  y viejos militantes del periodo de La Transición, desencantados y reincorporados a la lucha en el nuevo contexto. En muchos nuevos y viejos activistas estaba la ambición de crear órganos que representase al conjunto de un barrio o un distrito. De esto ha quedado poco con el tiempo. La realidad es que las asambleas se han convertido en grupos militantes, mejor o peor coordinados, que no pretenden ser representativos del conjunto de la población. No obstante, esto no debe ser visto como un fracaso, sino como un baño de realidad ante unas aspiraciones para las cuales no se daban ni se dan las condiciones por el momento. Las asambleas han visto reducido su tamaño y algunas han desaparecido, pero otras se han consolidado, han encontrado dinámicas de trabajo productivas y han madurado. Por ejemplo, la implicación en las protestas contra los recortes vinculadas a una casuística concreta, la amenaza del cierre de la Residencia Pública para Mayores, ha sido la bandera de la asamblea de Montequinto, una de las más dinámicas del área metropolitana. Por su parte, Triana ha experimentado algunas iniciativas, como la creación de una asamblea local de parados, que deberían ser ejemplos a seguir para otras asambleas.

Estos son casos ejemplares de cómo las luchas y la actividad territorial se relacionan con las problemáticas más generales que acosan a la población actualmente a través de las asambleas de barrio. Asambleas que tienen la función de mediar entre el problema inmediato del individuo o de la comunidad y los discursos críticos más generales o abstractos. En este sentido, la potencia de la red de asambleas distribuida por los distintos barrios y pueblos de la corona metropolitana, a la hora de desarrollar campañas concretas, no debería pasar desapercibida para nadie. La fuerza del movimiento por la vivienda en Sevilla debería ser un ejemplo claro de esto.

Las asambleas de base y el movimiento por la vivienda en Sevilla

La existencia de una estructura de grupos militantes en los barrios y pueblos de la ciudad ha sido, sin lugar a dudas, un pilar fundamental que ha permitido generar un movimiento por la vivienda con una relevancia social inédita por décadas a nivel local. Estos grupos permitieron, en primer lugar, hace ya más de un año, la creación de la red de Puntos de Información de Vivienda y Encuentro (PIVEs) en toda la ciudad, de los cuales hoy existen 13, gestionados fundamentalmente por activistas de las diferentes asambleas de barrio voluntarios, algunos muy especializados (abogados y, en menor medida, trabajadores sociales). Estos PIVEs han sido la base para la creación de grupos de afectados por la vivienda y de Las Corralas, realojos colectivos en bloques de pisos vacíos propiedad de entidades financieras y de empresas constructoras, que son hoy el producto más reconocible pero no el único de la Intercomisión de vivienda del 15M. A su vez, el movimiento por la vivienda, ha sido un elemento fundamental que ha facilitado el crecimiento o la consolidación de varias asambleas. Algunas de ellas, especialmente las que podían parecer más débiles como Sur o San Pablo, han encontrado una labor y un sentido a su existencia, desarrollando un trabajo socialmente necesario en el barrio, que ha permitido generar conciencia política, que ha concedido legitimidad a las asambleas o las ha nutrido con nuevos activistas. En términos generales, esta línea de trabajo ha permitido llegar en mayor medida a las víctimas del sistema y a las clases populares, trascendiendo el carácter de clase media progresista que tenía el movimiento 15M en un primer momento.  Además, ha permitido que el trabajo en barrios de Sevilla se conecte claramente y empuje en la misma dirección que el de otros núcleos del área metropolitana, como Alcalá de Guadaira o Dos Hermanas.

Es indudable, que el trabajo en vivienda ha acabado fagocitando la actividad de una buena parte de las asambleas. El caso de Macarena, una de las asambleas más potentes y numerosas hace un año, es un ejemplo de esto. A raíz de la creación de la primera Corrala, La Utopía, y de la multiplicación de los realojos, el trabajo militante ha venido siendo absorbido por el necesario trabajo de apoyo a las iniciativas de este tipo, repercutiendo en una menor participación de este nodo en los espacios de coordinación y en la desaparición de la actividad no vinculada al problema de la vivienda. Por su lado, del PIVE de Centro ha surgido la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Sevilla, con una actividad muy relevante en la actualidad, al mismo tiempo que los grupos de activistas de la zona han tenido que afrontar (en coordinación con otros barrios) la creación de tres corralas (dos de las cuales han sido desalojadas, lo cual no necesariamente reduce la demanda de esfuerzo militante), al tiempo que la asamblea de barrio pasaba a tener una existencia cuando menos errática. El caso opuesto podría ser el de la asamblea de Triana, la cual ha mantenido un trabajo constante en diversos frentes.

La cuestión fundamental aquí es la amenaza de caer en un trabajo asistencialista carente de cualquier orientación estratégica. La respuesta a esta amenaza creo que son las propias asambleas de barrio. La creación de grupos de afectados a partir de las oficinas de asesoría es una forma de evitar que las familias pasen por ellas, solucionen o no sus problemas y luego desaparezcan limitando estos instrumentos a la función que deberían cumplir (y no cumplen) los servicios sociales de la administración. No obstante, hay que considerar que ni los grupos de afectados que se han conformado en lugares como San Pablo o San Juan de Aznalfarache, ni las 10 Corralas creadas hasta el momento en la corona metropolitana, son espacios de militancia política. En estos espacios, la gente se autoorganiza colectivamente para solucionar carencias materiales muy concretas (fundamentalmente la vivienda), lo cual es un salto importante y valorable respecto de la forma habitual, individualista, aislada y sin esperanza, en la que muchas familias se enfrentan al drama de perder sus vivienda. No obstante, la situación actual demanda grupos, espacios de organización, donde nos cuestionemos la forma en que se gestionan los recursos en general (no solo la vivienda) y las formas en las que nos organizamos como sociedad. Estos espacios deben ser las asambleas de barrio (entendidas esencialmente como grupos militantes de base vinculados a un territorio concreto y coordinados entre sí). Los PIVEs, el apoyo a los grupos de afectados o el apoyo a las Corralas deben ser una labor de las mismas, una labor que las llene de legitimidad, que las convierta en referentes locales y que las nutra de nuevos activistas, procedentes de los grupos de afectados o de otros espacios. Si esto no es así, es posible que estemos errando en nuestro trabajo.

Una de las mayores potencias que tiene el movimiento por la vivienda en Sevilla frente al que se ha desarrollado en otros ámbitos, junto a la confluencia de activistas y organizaciones de diversa procedencia, ha sido el que se haya desarrollado a partir de una estructura de asambleas de barrio creada a partir del 15M. En otros ámbitos, el movimiento por la vivienda se ha desarrollado en torno a campañas-plataformas muy concretas, como Stop-Desahucios, u organizaciones sectoriales, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ambas fórmulas muy validas, con gran potencia y con un trabajo admirable a sus espaldas. No obstante, una organización de asambleas de barrio ofrece un abanico infinitamente más amplio de posibilidades, pudiendo ser la base de diversas realidades por construir, mientras que la campaña y la organización sectorial, por sí solas, son esencialmente posibilistas y tienen horizontes mucho más cercanos y evidentes, teniendo una utilidad esencialmente táctica. Por el contrario, las asambleas de barrio encierran muchas más posibilidades que están por explorar. Dicho de otro modo, el necesario movimiento transformador de base amplia que requiere el actual contexto de crisis social y política, si ha de ir a la raíz de los problemas y de romper con las formas en las que se ha desarrollado la política en desde el periodo conocido como La Transición, si realmente busca adoptar formas de democracia radical y romper con los paradigmas económicos que nos han llevado a la mísera actual, ha de partir de estas redes de asambleas de base o de una estructura muy parecida.

Asambleas de barrio y movimiento por la vivienda en Sevilla

Tanto el 15M como el movimiento por la vivienda se encuentran en un momento clave, tanto en Sevilla como en el resto del Estado. En los cerca de dos años de trayectoria de las asambleas de barrio del 15M, estas se han convertido en grupos militantes más o menos reducidos y más o menos coordinados. Al mismo tiempo, y en especial gracias a la lucha contra los desahucios, el movimiento ha alcanzado unos niveles importantes de reconocimiento y de madurez. Esto coincide con un contexto sociopolítico de crisis que supone, no solo el terrible sufrimiento de las clases populares, sino también un galopante proceso de deslegitimación de las principales instituciones políticas y económicas del Estado. Un movimiento transformador de base amplia es más necesario y posible que nunca en la ciudad y en consecuencia, en distintos foros, se están desarrollando o se van a desarrollar en los próximos meses discusiones en este sentido.

La siguiente compilación de textos refleja parte de los debates que se han venido teniendo en los dos últimos años y podrían ofrecer alguna pista sobre las lineas de trabajo que se podrían seguir en el caso de Sevilla:

1. El movimiento ¿estratégico? de descentralización en comités de barrio. Mayo de 2011. Ver artículo.

2. Ocupación y vivienda. Distopía y utopía. Mayo de 2012. Ver artículo.

3. Experiencias de autogestión en Argentina. Lecciones para el caso español. Ver artículo.

4. Un año de avances en la lucha por la vivienda en Sevilla. Septiembre de 2012. Ver artículo.

5. En defensa de las asambleas de barrio (I): Las asambleas de base y el movimiento por la vivienda digna en Sevilla. Ver artículo.

6. En defensa de las asambleas de barrio (II): Las asambleas de base y las alternativas políticas. Ver artículo.

7. El fetiche del Estado, el fetiche de lo local y el 15M. Ver artículo.

Releyendo «Urbanismo y Desigualdad Social» de David Harvey

 Harvey es probablemente el geógrafo vivo más reconocido. Teórico brillante y marxista declarado, su influencia se extiende mucho más allá de la geografía, hacia el conjunto de las ciencias sociales, siendo un referente fundamental para los estudiosos de la ciudad desde un enfoque crítico. Urbanismo y desigualdad social, publicada por primera vez en 1973, es una de las obras clave del autor, especialmente conocida por presentar la ruptura del geógrafo con los planteamientos neopositivista, predominantes hasta ese momento en el ámbito anglosajón, y sustituirlos por un enfoque marxista. De esta forma, el libro se convirtió rápidamente en una obra paradigmática, que abanderó el cambio de posición epistemológica de muchos científicos sociales en la década de los setenta, durante el auge de las ciencias sociales críticas y de la geografía radical. Valga decir también que muchos de estos científicos, que abrazaron el marxismo en los efervescentes años setenta, volverían a los discursos del status quo en los conservadores años noventa, no siendo este el caso de Harvey.

Aunque se trata de una recopilación de varios artículos cuya lectura independiente es factible, uno de los aspectos más llamativos de la obra es su particular estructura, dividido en dos partes bien diferenciadas que responden a planteamientos liberales y planteamientos marxistas de la misma problemática. En la primera parte Harvey trata sus grandes preocupaciones epistemológicas sobre el espacio y la justicia social en la ciudad partiendo de los planteamientos típicos de las ciencias sociales neopositivistas. Predominan entonces los presupuestos marginalista, girando el problema en torno al efecto de las externalidades en la distribución de la riqueza y las posibilidades de alcanzar el óptimo de Pareto en el mercado de suelo, planteandose en última instancia las formas en que el Estado puede intervenir para mejorar la distribución de la riqueza.

El capítulo tres, Teoría Revolucionaria y Contrarrevolucionaria en Geografía, supone el punto de inflexión de la obra que da paso a los planteamientos marxistas. Un texto muy conocido en su forma previa como artículo publicado en la revista Antipode en inglés y en Geocrítica en castellano. Aquí, apoyándose en la conocida obra de Kuhn sobre las revoluciones científicas, plantea su particular revolución contra el neopositivismo en Geografía. Desmintiendo el carácter supuestamente objetivo de la ciencia cuantitativa, el autor acusa a este tipo de teorías de suponer fundamentalmente una defensa del status quo y de estar impregnadas de ideología y de intereses políticos. Frente a esta ciencias plantea la necesidad de construir una teoría revolucionaria tomando como base el marxismo. Así, a la inspiración que muchos geógrafos urbanos encontraban en la Escuela de Sociología de Chicago, Harvey contrapone los tempranos y avezados trabajos de Engels sobre la ciudad de Manchester.

Los dos capítulos siguientes están plenamente integrados en la teoría marxista. El primero de ellos comienza planteando la diferencia entre valor de uso y valor de cambio como la base fundamental para analizar el mercado de suelo urbano, desechando el neoclásico concepto de utilidad, y disecciona las particulares características del suelo como mercancía haciendo énfasis en su carácter monopolista. A continuación realiza una revisión exhaustiva del análisis microeconómico de los agentes del mercado de suelo desde unos planteamientos marxistas. Estos análisis eran bastante comunes en este momento, y el capítulo en general recuerda mucho a otros autores de la época como Topalov o Castells. El capítulo acaba con una análisis de la renta, en la cual el autor ubica el factor determinante de la distribución de los usos del suelo en la ciudad capitalista. El capítulo siguiente se apoya en mayor medida en Polanyi y en sus planteamientos sobre los modos de regulación histórica, que sirven a Harvey de hilo conductor para examinar la relación de la forma urbana con la acumulación de excedente a lo largo de la historia y las formas de circulación espacial que adopta el capital.

En el capítulo final el autor retoma las principales ideas tratadas a lo largo del libro para realizar diversas aclaraciones sobre los planteamientos teóricos y sobre su concepto de ciudad, haciendo una animada reivindicación del estructuralismo como enfoque epistemológico. En las últimas páginas el autor se dedica a contrastar sus análisis con las ideas de Lefebvre, autor al que sin duda debe mucho esta obra, y termina replanteando la idea de este último autor sobre los dos circuitos de acumulación de capital. Esta teoría sería desarrollada con mucha mayor amplitud en su siguiente obre The Limits of Capital, siendo quizás una de las mejores aportaciones teóricas de este brillante geógrafo.

En definitiva, una obra fundamental para comprender tanto al autor como a la geografía moderna, que a pesar del tiempo pasado desde su primera publicación sigue teniendo la capacidad de aportar claves fundamentales para comprender el fenómeno urbano.

Un año de avances en la lucha por la vivienda en Sevilla

Hay varias razones por las cuales puede ser conveniente realizar una reflexión pública sobre las acciones llevadas a cabo durante un periodo de tiempo por un colectivo definido. En primer lugar, hacerlo facilita la reflexión de los propios interesados y de su entorno inmediato. También permite hacer propaganda de las acciones realizadas, contribuyendo a la legitimidad y el prestigio que se transforma en cierta capacidad de acción. Por último, y no menos importante, permite otorgar claves e ideas a otros grupos o redes o individuos, situados en otras geografías y con intereses comunes.

El pasado jueves 30 de Agosto cinco familias ocuparon un edificio en la calle Feria. Otro edificio residencial cuya empresa titular había quebrado sin poder vender ninguna de las viviendas. Otro edificio que había pasado a las manos de un banco, Bankia en concreto, destinataria del rescate con fondos públicos más escandaloso realizado hasta el momento. Las familias venían apoyadas por el 15 M local y, en concreto, por la denominada Intercomisión de Vivienda, en uno de cuyos grupos de trabajo se habían venido organizando en los últimos meses. Este espacio nació en 2011 para coordinar las distintas comisiones de vivienda que se habían formado en las asambleas de barrio, tras el proceso de descentralización que siguió a la toma de las plazas. Además de nuevos activistas, surgidos de las manifestaciones multitudinarias de mayo y junio, la intercomisión recogió parte de la experiencia en la lucha por la vivienda digna que se había desarrollado en la ciudad en la última década, gracias a algunos destacados activistas y a la colaboración con organizaciones como APDH, ADICAE o La Liga de Inquilinos. A un año de su constitución, es notable el avance conseguido en la organización de las víctimas de la actual crisis que asola el país y en concreto en la lucha por la vivienda.

El problema de la vivienda como clave

En el contexto de un conjunto de asambleas, herederas de las multitudinarias manifestaciones de 2011, que pretende canalizar y organizar el descontento ante la gestión política de la crisis y que además adopta un posicionamiento crítico sobre las causas estructurales que han conducido a la misma, el problema de la vivienda resulta un frente de batalla clave. Esto por varios motivos. En primer lugar, es indudable que la vivienda está en el núcleo de la crisis, en cierta medida de la crisis global y más aún del caso del Estado español. El modelo económico que se viene desmoronando como un castillo de naipes desde 2008, era un modelo basado en una sociedad del consumo fundamentado en la deuda y el dinero barato procedente del extranjero. En las últimas tres décadas, la economía productiva había ido dejando un espacio cada vez mayor a una economía progresivamente financiarizada y con un sector de la construcción totalmente sobredimensionado. La construcción de grandes infraestructuras pero, sobre todo, un especulativo mercado de la vivienda, proporcionaban una parte enorme de la riqueza y el trabajo, aún más en el ámbito andaluz. La ficción de unos precios que no paraban de crecer y que, supuestamente, incrementaban el patrimonio de sus propietarios, se sostenía sobre hipotecas a cincuenta años y sobre un stock de viviendas vacías que ha llegado a alcanzar los 3.5 millones. Aún en su periodo de auge, un sistema dual, que mientras excluía a una buena parte de la población, en especial los jóvenes, producía muchas más residencias de las que la demanda solvente hubiera sido capaz de absorber, si no fuese por la demencial especulación en la compra-venta de las mismas. La broma terminó y muchos se enriquecieron con ella, sin embargo los resultados han sido desastrosos para las clases populares.

En segundo lugar, la cuestión de la vivienda y la construcción, la burbuja generada en torno a ella y su reciente estallido, son un reflejo óptimo de la injusticia del sistema actual, diferenciando claramente quién sufre la crisis y quién se beneficia con ella. La tremenda destrucción de empleo padecida en el Estado español empezó por el sector de la construcción y ha seguido por el sector servicios, especialmente por aquellos trabajos de cualificación baja. De esta forma, por el momento, están siendo los trabajadores manuales y las clases populares las que en mayor medida están padeciendo la situación. Al paro se le une la merma de los subsidios y la desaparición del Estado  como garante del bienestar social, demasiado ocupado en rescatar bancos, y tiene como consecuencia más grave la pérdida de su vivienda por parte de decenas miles de familias al año desde 2009. Aquí, las familias humildes se ven arrojadas de sus casas, manteniendo sus deudas con agencias de crédito que están acumulando en la actualidad cantidades inmensas de suelo y edificaciones por precios irrisorios.

Por último, la ejecución de hipotecas, los desahucios o la imposibilidad de hacer frente a un alquiler son problemas que, si anteriormente afectaban a una parte reducida de la población, cada vez son más masivos. Este es un elemento fundamental de descontento, expresión directa de la precariedad con respecto a los ingresos que o bien no existen o son insuficientes para cubrir una necesidad tan básica como la de tener un techo. La inexistencia de un Estado social suficiente, ferozmente desmantelado en las últimas décadas de neoliberalismo, deja en la desesperación a miles de familias, al mismo tiempo que destruye la legitimidad del sistema económico y político. Es este un elemento fundamental, por tanto, de toma de conciencia social de quienes son los responsables de la crisis y de la necesidad de buscar soluciones en la acción colectiva y en la ayuda mutua.

La intercomisión de vivienda

En este marco se ha desarrollado la labor de la intercomisión de vivienda durante el último año. Uno de los trabajos clave que se realizó desde aquí fue la recogida de datos sobre las ejecuciones hipotecarias que se estaban produciendo en la ciudad. Hubo para ello que forzar a los funcionarios del Ayuntamiento a que cumplieran su obligación de publicar las subastas de viviendas y realizar un rastreo en las páginas web de las agencias inmobiliarias de los distintos bancos. Esta información se distribuía por barrios y se enviaba a las distintas asambleas de base. A partir de ahí se entraba en contacto con las familias. Frecuentemente, los afectados ni siquiera sabían que sus viviendas habían sido subastadas y que probablemente iban a ser desahuciados. El número de engaños y malas prácticas por parte de las oficinas de crédito era obsceno y la problemática de muchas familias dramática.

Ante esta situación, la respuesta lógica era la resistencia a los desalojos. Frente a la deslegitimación de un sistema depredador, especulativo y rabiosamente injusto, solo cabe la desobediencia. De esta manera, se empezó a apoyar a las familias que estaban dispuestas a desobedecer las órdenes judiciales de desahucio. El 1 de diciembre de 2011, de la noche a la mañana, se reclamó el apoyo para una familia del barrio de Torreblanca que iba a ser desposeída de su vivienda de autoconstrucción por el impago de 14.000 euros. Junto con un grupo de compañeros del 15M, la gente del barrio, exhortada por las asociaciones de vecinos de la zona, colapsó la calle donde debía ejecutarse el desalojo. Ante esto, la policía desestimó llevarlo a cabo ese día, contra la insistente voluntad de los funcionarios del juzgado. Quedó claro, por un lado, que en los barrios populares la gente estaba dispuesta a desobedecer, por otro, que la resistencia a cada desahucio, en aquel momento, no era suficiente por sí sola. Fueron varios los lanzamientos que se frenaron, sin embargo, todo el mundo era consciente de que la policía podía volverá a venir en cualquier momento, sin avisar y sin dar tiempo a que se organizara la resistencia. La gente de la calle también lo tenía claro: “si me echan de la casa, le pego la patá a otra vivienda del banco y me meto allí con mi familia”.

En marzo se presentó un informe de la Intercomisión en el que se exponía que eran miles los desalojos que estaban aconteciendo anualmente en Sevilla (decenas de miles en el Estado). En el mismo documento se hacía un mapeo en el que quedaba claro que las familias que estaban perdiendo sus viviendas se concentraban en los barrios obreros de la ciudad. Mientras que en el centro y en los sectores acomodados, los desahucios eran testimoniales, en algunos ámbitos de la periferia obrera, enclaves de inmigrantes y barrios de población obrera autóctona, el volumen de desahucios alcanzaba cotas enormes de dramatismo. Al mismo tiempo se anunció la creación de más de una decena de Puntos de Información de Vivienda y Encuentro (PIVE) repartidos por los distintos barrios de Sevilla y por algunos de los núcleos de su área metropolitana.

Durante los primeros meses de 2012 siguieron las resistencias a los desahucios y los piquetes en las oficinas bancarias responsables de los mismos, al tiempo que se fortalecían las relaciones con algunas entidades vecinales en los barrios. Ahora, gran parte del trabajo giraba en torno a los PIVES, soportados por las diferentes asambleas de base del 15M Sevilla y donde funcionaba al menos una asesoría conformada por un abogado y un activista. Mientras algunos PIVES no llegaron a funcionar por diversas razones, otros quedaron pronto desbordados por la avalancha de casos. Gente que perdía sus casas por no poder hacer frente a la hipoteca pero que tenía que seguir haciendo frente al pago de la misma, gente que iba a quedarse en la calle por no poder afrontar el alquiler, familias para las que la única opción era un alberge municipal también desbordado y un largo etcétera de situaciones desesperadas. Casi todos eran trabajadores manuales, muchos de la construcción, muchas madres solteras, todos en situación de desempleo, con prestaciones nimias y con la amenaza de quedar sin ningún tipo de ingreso. También empezaban a llegar familias que habían ocupado viviendas y era conocido que en los barrios obreros más afectados, la gente había empezado a ocupar las viviendas de los bancos. Esas viviendas que eran adquiridas en las subastas por una tercera parte del precio por el que la familia desahuciada había firmado su hipoteca. Las personas que ocupaban trataban de pasar desapercibidas, aunque la precariedad era tremenda cuando una mujer, con su hija de un año, tenía que ocupar sola y era acosada por la inmobiliaria del banco de turno y por la policía.

Las ocupaciones

Una de las zonas donde la comisión de vivienda estaba por completo desbordada era en Macarena y Macarena Norte, dos amplios distritos que abarcan el conjunto de barrios populares del sector más septentrional de Sevilla. A partir de su encuentro en el PIVE se comenzó a conformar un grupo de familias en situación crítica, amenazadas con quedarse en la calle. Un grupo en el que predominaban las mujeres y en el que existía una gran cantidad de niños de distintas edades. Familias sin ingresos a las que la administración no proporcionaba ninguna salida. De esta forma, en mayo, con la ayuda y apoyo de activistas, se ocupó un edificio de 32 viviendas en el mencionado distrito. Un edificio exento, sin estrenar, con la empresa constructora en quiebra y sin haber podido vender los pisos, situación que tanto se ha prodigado en los últimos años. La iniciativa fue denominada Corrala La Utopía y recogió pronto tanto el apoyo del conjunto del 15M de Sevilla como la hostilidad del gobierno conservador de la ciudad, que pronto gestionó el corte de la luz y el agua al edificio, en una situación de asedio que se prolonga hasta la actualidad.

A partir de aquí, la afluencia de personas pidiendo asesoramiento a los PIVE y a la propia Corrala se multiplicó. Comenzaron a llegar decenas de familias en situación igualmente desesperada, exponiendo que querían ocupar una vivienda. Otra consecuencia fue que la Junta de Andalucía se vio obligada a expresar un apoyo verbal a este tipo de acciones, por boca de la consejera de Fomento y Vivienda, que no ha llegado a materializarse en ningún momento hasta la fecha. En junio, hubo una concentración a las puertas del Parlamento andaluz, donde la intercomisión presentó sus propuestas en materia de vivienda, las que debería estar adoptando el gobierno autonómico. Desde allí, la gente se trasladó al centro de la ciudad, donde un grupo de afectados había ocupado otro conjunto de viviendas. Personas procedentes de otras ocupaciones o de los grupos formados en torno a los PIVE ayudaban a ocupar a estas nuevas familias. Los tabiques caían bajo los golpes de machota a plena luz del día y a escasos metros de la comisaría de policía nacional. Mujeres adultas con sus hijos bloqueaban la calle, vistiendo camisetas del 15m y gritando “un desalojo otra ocupación”. El resultado fue de cinco nuevas familias sin techo realojadas, de forma similar a las últimas cinco que ocuparon ahora en calle Feria un edificio recién bautizado como Corrala La Alegría.

Tras esta nueva ocupación, el movimiento por la vivienda en la ciudad se enfrenta a una situación de escalada de la crisis y la conflictividad, en la que cada vez más gente pierde sus trabajos y sus viviendas, mientras que la administración no muestra ningún interés en poner coto a esta situación o mantiene una actitud hostil hacia los afectados, caso del Ayuntamiento de Sevilla. Frente a esto, solo puede profundizarse en la organización de los afectados, fortalecer el movimiento y mantener la contundencia de las acciones y de las posturas. No es un avance que la gente sea desahuciada y que tenga que estar ocupando una vivienda en precario, amenazada por la policía, enfrentada a la administración y sin disponer ni si quiera de luz eléctrica en algunos casos. No obstante, estas circunstancias han sido creadas por el desastroso quiebre del modelo económico español, fomentado por sus políticos y del que se han beneficiado las elites sociales del Estado. El avance ha sido que esta desobediencia, obligada y cotidiana, de centenares de familias en la ciudad, ha adquirido una dimensión organizada y colectiva, descubriendo en la cooperación y el apoyo mutuo la capacidad de resolver problemas inmediatos. Los problemas que ha generado el mercado y que no afronta el Estado. A partir de aquí es fundamental profundizar en la organización, con el objetivo de hacer planteamientos más globales, partiendo de los problemas inmediatos de la gente, pero apuntando a sus causas y a sus culpables.

¿Revitalización sin gentrificación? El caso de la Ciudad Vieja de Montevideo

Quiero volver sobre algunas cuestiones que se han esbozado en la entrada anterior (Montevideo. Ciudad Vieja, Ciudad Nueva). El caso de Montevideo plantea algunas cuestiones realmente interesantes a propósito de la recualificación de los centros históricos. De forma excepcional, el programa de cooperativas de vivienda parece ser una apuesta por la revitalización de la Ciudad Vieja, manteniendo la función residencial para las clases populares. Si este fuera el único vector de cambio podríamos estar hablando de una revitalización de un barrio histórico, céntrico y demandado, sin gentrificación. No obstante, este extremo es muy discutible.

En el pasado contexto de crecimiento económico y, sobretodo, de hegemonía neoliberal en la política urbana, pareció existir una aceptación tácita de que la recualificación y la renovación de zonas históricas degradadas de carácter popular implicaba su gentrificación, el desplazamiento de la población humilde y su sustitución por clases medias. Esto no ha sido algo exclusivo de Europa y EEUU. Las grandes ciudades de Latinoamérica han sufrido procesos semejantes. Si bien, en estas últimas, parece haber primado la tematización de los barrios históricos sobre el aburguesamiento de antiguos sectores populares. En mi opinión esto ha sucedido, más que por la falta de clases medias (que las hay), por la mayor parálisis que  provoca el miedo al delito y a los pobres en este ámbito geopolítico (probablemente con cierta razón). En cualquier caso, el resultado ha sido, en muchos casos, la transformación del típico barrio viejo en enclave comercial, parada en el recorrido turístico dispuesto para el consumo. En este sentido, es curioso que la revitalización haya pasado generalmente por la destrucción de toda vida y su sustitución por una simulación. El caso del Pelourinho quizás sea el más paradigmático de Sudamérica, aunque no el único. El caso de la Ciudad Vieja bien podría ser otro y sin embargo no lo es, al menos todavía o en el mismo grado que el primero. Todas las características que presentaban los barrios que han sufrido fuertes procesos de gentrificación en el mundo hispanoparlante concurren en el centro de Montevideo: es un sector histórico con una inmensa carga patrimonial y una fuerte identidad en el conjunto de la urbe; es un espacio residual, castigado, vaciado y reservado para un mejor contexto de intervención; el perfil predominante entre sus vecinos es el de una población humilde, en algunos casos marginal, con predominio de inquilinos y con no pocos ocupantes irregulares, fácilmente desplazables. Y sin embargo no se gentrifica. Pero si se renueva. Poco a poco. Bloque a bloque

Uruguay tiene una rica tradición de cooperativismo por ayuda mutua y propiedad colectiva. Son decenas de miles las familias que viven en este particular régimen, impensable para un europeo occidental, y que así han accedido a lo que ni el mercado ni el Estado les proporcionaban. A finales de los ochenta, vecinos de Ciudad Vieja empezaron a plantearse utilizar esta fórmula en el centro de la ciudad, reciclando edificios en lugar de construirlos ex- novo. Contaron con la colaboración y el empuje de técnicos con experiencia en construcción por ayuda mutua, que empezaban a ver la necesidad de volcarse en la rehabilitación de la ciudad consolidada. Contaron también con la voluntad política del gobierno municipal, primer gobierno de izquierdas tras la dictadura, a principios de la década de los noventa. Este dispuso parcelas y edificaciones de propiedad pública para desarrollar las cooperativas y en 1998 se terminó COVICIVI1. 32 viviendas bajo el lema del freno al desplazamiento de las clases populares y a la decadencia de la edificación y el patrimonio. Pronto, el gobierno estatal, en sus planes de vivienda, incluyó este tipo de intervenciones como línea de trabajo. Hoy son más de dos decenas las cooperativas de vivienda en Ciudad Vieja, terminadas, en construcción o en proyecto, y se expanden a otros barrios históricos degradados.

Esta cuestión viene a colación porque los edificios están siendo rehabilitados por población humilde. Inquilinos que vivían previamente en el barrio (al menos en las primeras cooperativas) y, casi en su totalidad, de extracción humilde, con gran peso de los oficios manuales. Con este tipo de proyecto, las clases populares no están siendo desplazadas para que la especulación haga su trabajo y tampoco están siendo realojados en una vivienda periférica. Están viviendo dignamente en el barrio y manteniendo este vivo y digno a su vez. Así, difícilmente la Ciudad Vieja podría transformarse en un parque temático o en un barrio burgués.

No obstante, COVICIVI también plantea dudas. En primer lugar, el sistema cooperativo no vale para los grupos más pobres. Vecinos antiguos y pobres o incluso marginales, no han podido integrarse en las cooperativas existentes por falta de ingresos, de capital cultural o de una mezcla de ambos. Estos han sido relocalizados en la periferia por la administración pública. Se ha dado el caso de cooperativas creadas con grupos vulnerables de la zona, incluidas prostitutas (COVIFU), que han fracasado por la insolvencia económica de los miembros. Respecto a esto, el hecho de que las viviendas ocupadas desalojadas vuelvan a ser reocupadas y deban ser tapiadas para evitarlo, o que los realojados en la periferia traten de regresar al barrio en situaciones de alojamiento precario, demuestra que hay una voluntad de permanencia por parte de grupos económica y socialmente marginales que no es satisfecha con la fórmula de las cooperativas. En segundo lugar, cabe la posibilidad de aburguesamiento de las cooperativas. El sistema de ayuda mutua es un obstáculo para las clases medias a la hora de entrar en el grupo inicial en este tipo de proyectos, pero pueden costear su ingreso en la medida en que surjan vacantes a posteriori (se han dado casos). También se están incrementando las cooperativas que no implican este modelo, es decir, que subcontratan la construcción. Esto, unido al incremento de los precios del suelo y de los costes de edificación para las cooperativas, podría conducir a un cierto aburguesamiento de los cooperativistas. En este sentido, en las cooperativas el tope máximo de ingresos es poco relevante, no hay una voluntad de utilizarlo para excluir grupos con mayor poder adquisitivo. Finalmente hay que considerar la posibilidad de estar focalizando casos con un peso relevante pero con una capacidad de expansión limitada mientras el resto del barrio sufre procesos radicalmente diferentes. Las dimensiones del proceso cooperativo en el centro, con los actuales precios del suelo, no son comparables a las que podría tener un mercado de la vivienda privada y libre dirigida a grupos con elevado poder adquisitivo en un futuro próximo.

Respecto de la gentrificación, la iniciativa de las cooperativas de vivienda en Ciudad Vieja parece tener una doble condición. Por un lado es una fórmula que, reproducida en dimensión suficiente, podría asegurar la existencia de un centro vivo y popular, independientemente de la revalorización del espacio o de la explotación de su potencial turístico. Por otro lado, puede ser vista como cabeza de puente de la inversión inmobiliaria y bisagra con las clases acomodadas, palanca de la revalorización generadora de expectativas sobre el barrio que quizás acabe contribuyendo a generar efectos contrarios a los que en principio se declaraban. La solución a este dilema no es sencilla. La crítica tampoco quita valor al caso, del que muchas administraciones podrían aprender. Quizás, incluso la propia administración de Montevideo podría aprender de sí misma. No hay nada más insulso y monótono que otro barrio histórico convertido en mausoleo o en zona de copas. La copia, el producto en serie, es lo más opuesto al espacio con identidad, historia y carácter. La transformación del segundo en lo primero, al largo plazo, ni siquiera beneficia los mezquinos intereses en base a los cuales opera el inversor privado. La administración debe afrontar no solo los posibles beneficios económicos inmediatos, también los riesgos que entraña la recualificación de Ciudad Vieja.

Ocupación y vivienda. Distopía y utopía.

El pasado jueves 17 se anunció que un grupo de familias había ocupado un edificio de viviendas de reciente construcción, abandonado desde hacía tres años. Actualmente son 32 las familias que ocupan el inmueble situado al norte de la ciudad de Sevilla. La acción ha estado apoyada por la asamblea de base del distrito Macarena y la comisión de vivienda del 15M.

Los ocupantes del inmueble responden a un perfil de familias jóvenes de clase humilde, con hijos, inmigrantes extranjeros y autóctonos, con sobrerrepresentación de mujeres y de trabajadores de la construcción y la limpieza. En general representantes de los grupos sociales que más están padeciendo el contexto actual de crisis, con tasas de paro disparatadas que han afectado, en primera instancia y principalmente, a trabajadores manuales de cualificación media y baja, un colectivo que ha dependido hasta hace muy poco de la construcción como principal fuente de trabajo. Tampoco es casual que la mayoría de las familias procedan del distrito Macarena, un conjunto de barrios obreros que conforman el sector urbano de la ciudad con la mayor concentración de ejecuciones hipotecarias en el último año.

La cara b del desempleo es la acuciante problemática con la vivienda, que en Sevilla puede adquirir en breve una dimensión de crisis social grave y los protagonistas de la acción son un vivo muestrario de las distintas facetas de esta situación. Dentro del amplio grupo humano hay una mayoría de familias desahuciadas o en inminente amenaza de desalojo por el impago de su hipoteca. También familias que, en situación de desempleo, no pueden seguir manteniendo el pago de su alquiler y acumulan impagos. Asimismo, en el bloque ocupado encontramos un buen número de familias que han sido desahuciadas de viviendas subvencionadas, ese mercado paralelo que desarrollaba la administración, pero también de alquileres propiedad de empresas públicas de vivienda, léase EMVISESA. Una realidad masiva que, en gran medida, está siendo absorbida por el conocido colchón social-familiar, pero que si falla puede llevar, como en el caso de algunos de los ocupantes, a que una mujer trabajadora se encuentre con sus hijos menores en la calle y pidiendo espacio en el minúsculo albergue municipal. No creo que sea controvertido anunciar que el colchón social tiene límites que estamos empezando a ver.

El problema de la vivienda no es nuevo, ha sido el mismo desde hace más de cien años. La vivienda no recibe, ni por parte de la administración ni, lógicamente, por parte del mercado, un tratamiento como necesidad y derecho, sino el trato de una mercancía. Una mercancía, por definición, no responde a las necesidades de la población, sino a una demanda solvente, y un producto que funcione en el mercado, por lógica, ha de ser escaso para que puedan funcionar las fuerzas de la oferta y la demanda. El sobredimensionamiento y la especulación con este mercado, que ha corrido paralela a la desaparición de cualquier vestigio de política pública social con respecto a la cuestión, nos ha conducido a la catastrófica situación actual. Una de sus realidades son estas personas, familias que ya no son demanda solvente y que cargan en muchos casos con deudas fruto de la sobrevalorización especulativa de los activos inmobiliarios en el ilusorio periodo de bonanza anterior.

La ocupación ha sido históricamente una herramienta del movimiento obrero y, de forma más amplia, una herramienta contra la distribución desigual e injusta de bienes necesarios. De tal forma que esta ha sido una acción directa que ha funcionado en contextos muy diferentes con respecto a la cuestión del alojamiento. En el pasado de Sevilla y en la actualidad de las periferias de las grandes ciudades de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, se ocupaba el suelo y las familias construyen sus propias viviendas apoyadas en sólidas redes sociales. El sobredimensionamiento del parque de viviendas de la ciudad, con no menos de cien mil viviendas vacías en el área metropolitana, hace que la forma lógica de satisfacer la necesidad de techo sea la ocupación. La acumulación de viviendas en manos de bancos y cajas, viviendas que han sido adquiridas tras desalojar familias y dejarlas en la calle, viviendas que luego son dejadas vacías ante la ausencia de demanda solvente, legitima a ojos de la sociedad la ocupación de las mismas.

La novicia consejera de Fomento y Vivienda anunció en su momento que evitaría en la medida de sus posibilidades que ninguna familia más fuera desahuciada por no poder hacer frente a su hipoteca. Pues bien, diariamente está habiendo desahucios y los seguirá habiendo. Pero es que también se están produciendo ocupaciones de viviendas previamente desahuciadas y las seguirá habiendo. En este sentido, esta acción presenta en la cara de los políticos una realidad de forma en que no puedan obviarla, en que no puedan mirar a otro lado. Así que, ¿qué van a hacer los diferentes niveles de la administración con respecto a esta cuestión? Lo que está claro es que la gente que está pasando necesidad no puede esperar a que el gobierno solucione sus problemas. Actualmente, para estos perfiles, la administración solo hace acto de presencia para negarles la tarjeta sanitaria o para defender el derecho a la propiedad de bancos y cajas desalojando sus casas con amplios despliegues policiales. Hacer las cosas al margen de un mercado que nos expulsa y un gobierno que solo se preocupa de apoyar a la oligarquía financiera puede ser utópico, pero el caso es que ya caminamos por una senda distópica en la que no tiene sentido seguir. Por lo tanto, habrá más ocupaciones.