El plan andaluz de vivienda. Una política para las clases medias y contra los pobres

La construcción de vivienda protegida en Andalucía desde la crisis de 2008 ha venido reduciéndose hasta casi desaparecer. Entre 2019 y 2022 no se construyó ninguna nueva vivienda protegida en la comunidad según los datos del ministerio de Fomento. Aunque el problema no sea el déficit de vivienda sino la infrautilización del parque privado, el dato ejemplifica una tendencia de largo aliento en la administración pública a no intervenir sobre la cuestión de la vivienda. Esto no responde en ningún caso a la desaparición del problema. En 2022 hubo 6.718 desahucios en Andalucía (un 67% fueron desahucios de inquilinos), lo que supone un incremento del 49% desde 2020. El problema de la inflación de los precios del alquiler también es conocido por todos y reconocido en los documentos públicos. Si bien la proporción de hogares en alquiler sigue siendo minoritaria en relación con la propiedad, es un tipo de tenencia que tiende a aumentar su importancia.

Más allá de la escasa o nula producción de vivienda protegida en Andalucía, se trata de una política que, desde hace décadas, se preocupa más por proporcionar viviendas para una clase media solvente que para aquellos que realmente la necesitan.  Los ingresos máximos para las viviendas de régimen general y para las viviendas protegidas de precio limitado podrían situares en el contexto andaluz en esa horquilla de ingresos medios (34.000 y 46.000 euros anuales por unidad familiar respectivamente). La elección del tipo de viviendas públicas recae sobre los ayuntamientos, que se enfocan a producir para clases medias con capacidad de endeudamiento porque es lo más rentable. Las empresas públicas de vivienda o las administraciones locales buscan con esto no ser deficitarias, cuando la realidad de la problemática de la vivienda exige una política deficitaria y de transferencia de recursos.

La cara b de esto es la ausencia de recursos para hacer frente a una crisis habitacional. Tras cuatro décadas privatizando y en muchos casos regalando el stock de viviendas públicas, ni la Junta ni las administraciones locales han tenido ni tienen recursos para hacer frente a crisis como la de las hipotecas o las derivadas del funcionamiento del mercado del alquiler. No hay una política de emergencia social con capacidad de reacción, porque no hay un parque de vivienda pública que merezca tal nombre y que pueda ser usado en esas coyunturas.

En la última década, esta situación ha empeorado. El plan de vivienda y rehabilitación de Andalucía 2016-2020 fracasó rotundamente en los programas que podrían haber ayudado a la población más vulnerable. El programa destinado a fomentar un parque público de vivienda en alquiler, indispensable, no llevó a cabo ninguna actuación en el periodo de implementación del plan. Lo mismo puede decirse del programa de intermediación, que buscaba mediar entre las entidades de crédito y las víctimas de desahucios, y de los programas de transformación y eliminación de infraviviendas.

Por su parte, el plan Vive 2020-2030, además de partir de un diagnóstico erróneo (presupone un mercado inmobiliario dinámico con bajos tipos de interés y una tendencia a la reducción del problema de los desahucios), no parece que vaya a implicar grandes cambios. Tiene como principal novedad el incrementar la construcción de viviendas protegidas, lo cual puede ayudar a dinamizar el sector de la construcción, sin embargo, sigue sin proponer una actuación sobre el problema real, que tiene su origen en un mercado de la vivienda rentista y extremadamente especulativo, que no satisface en ningún caso las necesidades de la población. En lugar de eso continúa la tendencia de incluir en los planes de viviendas actuaciones dirigidas al espacio público y al patrimonio, que dan un barniz verde a una política de vivienda que no tienen ninguna intención de intervenir realmente en el problema de la vivienda, además de redirigir fondos de la política sectorial de vivienda al fomento de la industria turística.

Para rizar el rizo, en 2022, la Junta de Andalucía introdujo modificaciones del plan por decreto, para incrementar los ingresos máximos por hogar para acceder a las viviendas protegidas en régimen especial (de 2,5 a 3 veces el IPREM). No es un gran incremento, pero lo demencial es este cambio se justifique en la necesidad de aumentar el número de personas que puedan acceder a una vivienda pública, e incluso permitir que se puedan beneficiar personas jóvenes. Eso cuando el problema real evidentemente es que la mayor parte de la población con problemas de vivienda no tienen solvencia para acceder a muchas de las promociones de vivienda.   El decreto además abre la puerta a la posibilidad de que los futuros beneficiarios de los programas de vivienda no puedan haber sido sancionados previamente por ocupaciones ilegales. Con esto se pretende excluir algunos de los colectivos que más necesitan este tipo de programas. Con 7000 desahucios al año, para muchas familias la ocupación es la única forma de evitar quedarse en la calle. No obstante, en 2022 constan en Andalucía 688 denuncias por usurpación resueltas. Esto supone una reducción del -7% con respecto al año anterior. El alarmismo sobre esta cuestión es demagógico e interesado. Pero los últimos responsables de la ocupación de viviendas que pueda haber son las instituciones públicas, que tienen la obligación de garantizar el derecho a la vivienda a los hogares que no puedan cubrir esta necesidad en el mercado (artículo 25 del estatuto de autonomía y artículo 5 de la ley andaluza de vivienda), algo que incumplen sistemáticamente.

Comentarios al borrador del nuevo decreto de Viviendas con Fines Turísticos de la Junta de Andalucía.

El decreto andaluz presupone la finalidad turística de lo que en realidad son alquileres residenciales de corta duración. En la práctica esto ha permitido una ultraliberalización del mercado de alquileres. Partiendo de que esto no se modifica, las nuevas propuestas regulatorias, que son en términos generales positivas a la hora de controlar el impacto negativo de la saturación de este tipo de uso comercial, casi que son lo de menos.

Actualmente se encuentra publicado el borrador y en proceso de alegaciones de la modificación del decreto de 2016 que regulaba (poco) las Viviendas con Fines Turísticos (VFT) en Andalucía (Decreto “de los establecimientos de apartamentos turísticos y de las viviendas con fines turísticos” de abril de 2022). Para empezar, el nuevo texto sigue manteniendo un error de fundamento heredado del decreto anterior, que es entender que los alquileres temporales son exclusivamente dedicados al turismo, desvirtuando el propio concepto de turismo. Esto ha implicado en la práctica su alienación de la ley de arrendamiento urbanos y su infrarregulación. Las características reales de las VFT es que son viviendas residenciales que prestan alojamiento por periodos muy cortos de tiempo. El decreto andaluz presupone la finalidad turística para cualquier alquiler continuado por un periodo inferior a dos meses y que sea publicitado de manera comercial. Este servicio es usado a menudo por turistas, pero también puede ser usado para cualquier otro tipo de desplazamiento: el más habitual de tipo laboral, que es teóricamente lo opuesto al viaje ocioso que supone el turismo. En la práctica esto ha permitido una ultraliberalización del mercado de alquileres que no sufre cambios. Partiendo de esto, las nuevas propuestas regulatorias, que son en términos generales positivas a la hora de controlar el impacto negativo de la saturación de VFTs, casi que son lo de menos.

El decreto regula de manera conjunta los Apartamentos Turísticos y las VFT, lo que parece lógico, ya que podría haber confusión entre uno y otro. La diferencia fundamental es que los AT no están en inmuebles residenciales, sino en instalaciones de usos turístico exclusivo, mientras las VFT se encuentran en instalaciones residenciales. Esta cuestión es clave, ya que implica que una VFT puede pasar fácilmente al alquiler convencional y viceversa, conectando ambos mercados y generando potencialmente problemas de suministro e inflación en el mercado de alquiler residencial, que es lo que se viene denunciando desde hace una década por parte de organizaciones vecinales. 

La propuesta se respalda bastante en otras regulaciones autonómicas que ya han pasado por recursos y por tribunales, lo que debería darle una mayor solidez. Para restringir el uso de las VFT expone tres razones imperiosas. La primera es la protección del medio ambiente, convivencia vecinal, propiedad urbana, seguridad pública y defensa de los consumidores. La segunda “facilitar la existencia de viviendas susceptibles de arrendamiento para residencia de los ciudadanos”. La tercera, la mejora de los derechos de los usuarios y calidad de la oferta. Todo ello respaldado por la normativa europea y la legislación española que regula las restricciones potenciales a la libertad de mercado. En definitiva, los dos primeros puntos, asumen los argumentos contra las VFTs de plataformas y asociaciones de vecinos, que son mencionadas expresamente en el texto. Curiosamente no hay ni una palabra sobre los intereses de la industria hotelera, que lleva presionando desde hace años y denunciando las VFT como una competencia desleal. El tercer punto es continuista con el decreto del 2016 y coherente con la legislación andaluza sobre turismo, orientando la regulación a incrementar la calidad del servicio.

La principal limitación que establecería el decreto a las VFT es el de que un individuo solo podrá destinar dos viviendas de su propiedad a VFT, con el objetivo explícito de evitar la especulación inmobiliaria que sustraiga inmuebles al mercado residencial y evitar que los grandes operadores se acojan a esta figura alojativa. Entiendo que los grandes operadores deberían entonces dirigirse a la figura de AT, que implica otro tipo de licencia y sobre todo un inmueble de uso íntegramente comercial. Además, el borrado introduce la figura de “empresa gestora de VFTs” (art. 28) lo que se adapta a la proliferación de facto de este tipo de profesionales o empresas intermediarias. El decreto ve como positivo esta profesionalización, que facilitaría la administración de las VFTs. Estas empresas pueden gestionar un número indefinido de VFTs, pero, consecuentemente con lo anterior, estarían sometidas a la limitación de explotar un máximo de dos viviendas por persona propietaria.

El otro elemento clave es que, de manera muy sucinta (Art. 26.4), respalda que los ayuntamientos establezcan limitaciones al número máximo de VFT por edificio o por sector. Los ayuntamientos ya tenían mucha responsabilidad previamente, lo que es consecuencia del carácter laxo de la regulación de 2016. Eran los ayuntamientos los que tenían que lidiar con la compatibilización de un mercado prácticamente libre de VFTs con sus competencias en cuanto a la asignación de usos y aprovechamientos del suelo. El decreto en este sentido lo que hace es seguir a las iniciativas que ya se han aprobado en Cádiz y Sevilla. El decreto respalda la posibilidad de que los ayuntamientos puedan regular a través de los PGOUs un máximo de VFT por edificio y un máximo de VFT por zonas. Esto apoya a la regulación más avanzada y atrevida, que es la de Cádiz, que establece una moratoria en su centro histórico por considerarla zona saturade de VFTs. Es positivo que la administración autonómica respalde estas normativas. Al mismo tiempo, parece insuficiente que se siga dejando al parecer de las administraciones locales, sin ninguna guía más. Si nos fijamos, las normativas más avanzadas son de ciudades que no son necesariamente las más saturadas. Málaga es la que tiene los indicadores de saturación más claros en su centro histórico según los propios informes de la Junta de Andalucía, mientras los datos en Granada son más alarmantes que en Cádiz. Así, en lugar de establecer unos límites a la conversión turística del parque residencial, la Junta deja esta cuestión al clima y equilibrio político en cada ciudad, lavándose las manos.

Otras cuestiones serían el incremento del número de requisitos de las VFT en cuanto a equipamientos, que se incrementa notablemente. También el hecho de que las viviendas que se alquilen completas como VFT deben tener una placa identificativa. Finalmente, el decreto actualiza los efectos sobre las VFT de otras normativas, como sería la capacidad de las comunidades de propietarios de rechazar la inclusión de VFTs en una edificación, si lo incluyen en sus estatutos (Real Decreto-ley 7/2019) y la imposibilidad de dedicar viviendas protegidas a esta actividad (Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

En general el decreto parece que acepta la mayor parte de las críticas que se hacían a la regulación anterior (el propio borrador refiere como “laxo” el decreto de 2016). También se moderniza respecto de los cambios que ha habido en el mercado (profesionalización) y normativas municipales. El aspecto clave de la limitación de la propiedad a 2 viviendas parece bastante positivo, ya que al menos excluye que grandes propietarios e inversores se aprovechen de la figura de VFT. En la medida en que estos tengan que limitarse a las ATs, se establece algún tipo de cortafuegos entre el mercado del alquiler convencional y el alquiler turístico, evitando los problemas de suministro e inflación en las primeras. En cualquier caso, y si finalmente este borrador acaba pareciéndose al decreto final, su efecto dependerá mucho de la estructura del mercado, es decir, del grado de concentración de las VFTs. Si la mayoría de las viviendas pertenecen a pequeños propietarios, el efecto será evidentemente menor.

La Línea del frente

La policia en un control en el barrio de San Bernando de la Linea de la Concepción, Cádiz tras la oleada de disturbios tras la muerte de dos jóvenes ahogados tras zozobrar la embarcación que usaban supuestamente para el suministro de combustible para narcolanchas.

Tras la muerte en el mar de dos hombres, La Línea se ha visto atosigada por varios días de enfrentamientos con la policía y quema de edificios y mobiliario urbano. Los disturbios se han concentrado principalmente en los barrios que se extienden a lo largo del extenso paseo de Levante, aunque en los últimos días se afirmaba su extensión a otras áreas de la ciudad. Viendo las imágenes de ríos de personas, familias enteras, desplazándose desde estos barrios a cortar alguna de las principales avenidas, da la impresión de un motín popular.

Los conflictos de los vecinos de estos barrios con la policía son relativamente frecuentes y no comenzaron ayer. Recuerdo en mi infancia las cargas y algaradas en esa misma playa y las pelotas de goma que los niños llevaban a la escuela como trofeo. Por aquella época se hizo famosa el calificativo de “territorio comanche”, que Pérez Reverte dedicó a la zona cuando el helicóptero de la policía que le transportaba fue apedreado por niños. La gente de La Línea siempre me ha parecido gente dura, un carácter que parece repetirse casi en todas las fronteras. La violencia no es algo nuevo, como tampoco lo es el maltrato de la prensa y el estado. Desde las instituciones de gobierno se atribuyen los acontecimientos a una especie de reacción histérica colectiva. Es probable que la versión de la Guardia Civil se aproxime bastante a la realidad de los hechos. Sin embargo, también es cierto que, a la hora de abordar la cuestión de La Línea, de manera sistemática no se tiene en cuenta ninguna versión que no sea la policial, lo cual puede generar cierto hartazgo en parte de la población. Esto va desde la prensa diaria hasta los horribles documentales que se han emitido en los últimos años en Netflix y en televisiones españolas, donde se conseguía que durante varias horas de entrevistas no hablara prácticamente nadie que fuese de allí. Desde esa alianza tácita entre medios, instituciones políticas y fuerzas de seguridad, se trata de manera sistemática a una parte de la población de La Línea como un enemigo de guerra, que no merece cara ni voz propia.

Hay muchos grupos humanos en una ciudad tan grande como La Línea. El trabajo en Gibraltar absorbe una clase trabajadora de decenas de miles. La refinería ya no es lo que era, aunque sigue proporcionando trabajo a obreros cualificados. Las tasas de paro son disparatadas, como en la mayor parte de Cádiz. El contrabando ha sido también parte de la historia de esta frontera y es la base de la supervivencia de una parte no desdeñable de la población.

Línea de la Concepción nació a partir de la línea fortificada que sitiaba Gibraltar, consolidándose como núcleo urbano ya en el siglo XIX. Separadas por un istmo de arena, territorio neutral o tierra de nadie. Desde entonces y hasta la actualidad la prosperidad de la ciudad ha dependido en gran medida de la colonia británica. La Línea proveía de todo tipo de recursos a La Roca, incluida la mano de obra para sus fábricas. El contrabando ha sido una de las actividades características en la frontera, buscando evitar la aduana. Según testimonios recogidos en el libro de Ballesta Gómez sobre la frontera, a principios de siglo los carabineros humillaban con cacheos innecesarios y abusivos a los linenses que cruzaban la aduana. También disparaban a la más ligera provocación. Contaba un soldado inglés la anécdota de un carabinero que mató a tiros a un par de hombres que corrían con una carga de tabaco. El hermano de uno de los contrabandistas degolló al carabinero poco después. En total 4 muertos, pues suponemos que el hermano sería ejecutado. En 1935 Pio Baroja se tenía que disculpar por un artículo en el que afirmaba que en aquella Aduana y en la contigua Focona se amontonaba la escoria de España. Los disturbios generados por los controles eran habituales a principios del siglo XX. Los más dramáticos fueron los conocidos como “sucesos de la aduana”, en la década de los veinte. En el edificio de la aduana, las protestas de aquellos que intentaban cruzar la frontera fueron reprimidas por los disparos de los carabineros, siendo asesinados varios vecinos.

Durante este periodo, y casi hasta la actualidad, la frontera de Gibraltar ha dividido dos mundos tremendamente desiguales. No hace tantísimo que una parte importante de la ciudad eran chabolas. Cuando la colonia era una gran base militar, los marineros británicos utilizaban La Línea como un gran prostíbulo. Todavía cuando yo era un niño y el sistema de tratamiento de residuos no estaba tan desarrollado, la basura de Gibraltar llegaba periódicamente a la playa de Levante, una imagen que es una ajustada metáfora sobre la relación entre las dos ciudades. Y, sin embargo, han sido las fuerzas de seguridad españolas las que se han comportado a menudo como un verdadero ejército de ocupación en La Línea.

Escenas de una plaza de Sevilla

Tartessos es una de las típicas barriadas obreras sevillanas de los años setenta. Se trata de un conjunto de torres altas y bloques de planta rectangular, algo más bajos, atravesados de sur a norte por un eje peatonal y una serie de espacios libres que adoptan en el centro del sector la forma de una plaza. El espacio libre se encuentra gestionado por la comunidad de propietarios, no recepcionado por la administración local. Se encuentra ubicada cerca de la que es principal estación de ferrocarril de la ciudad desde los años noventa, y por lo tanto es una zona que se ha revalorizado mucho en las dos últimas décadas.

Originalmente el espacio público estaba equipado con numerosos bancos, tanto en las calles peatonales como en la plaza central. La centralidad de la plaza estaba reforzada por la presencia de un solo bar, varios locales sociales y comercios de proximidad. En la primera mitad de los años noventa los adolescentes nacidos en los hogares que colonizaron la barriada debieron empezar a hacer uso del espacio público de manera intensa. Las tensiones generadas llevaron a la comunidad de propietarios a eliminar todos los bancos de la barriada en los primeros años del siglo XXI. Poco después se perimetraron con verjas los espacios libres que dejaban los bloques sobre pilares, lo cual condenó al cierre a muchos comercios que miraban hacia el callejero interior de la barriada. También se establecieron verjas perimetrales en torno a los arriates en los que se contiene la vegetación, así como en varios pasajes generados entre los arriates y las construcciones, evitando su uso.

Las calles peatonales, sin comercios ni bancos, aunque bien ajardinadas, han quedado como espacio de tránsito. La ocupación de las mismas se hace difícil. Aun así, no es extraño ver grupos de ancianos que utilizan sus propios andadores como sillas para pararse a charlar o a tomar el sol debajo de sus casas. Los jóvenes, por su parte, siguen concentrándose en pequeños grupos, permaneciendo de pie o apoyados sobre sus motocicletas. Algunas de estas reuniones se hacen de manera más publica, mientras que otras buscan cierta intimidad en puntos ciegos entre los arriates, las casetillas de la electricidad y los bloques de pisos. Son grupos de jóvenes del barrio, con ropa deportiva y tatuajes. La edad media puede ser superior a los treinta años, y no cuesta imaginarse en ellos a los mismos chicos de los años noventa, ahora con niños correteando entre sus piernas o descansando en cochecitos. De forma similar, algunos adolescentes se concentran de forma más próxima al centro de educación secundaria de la zona. Estos son abordados ocasionalmente por policías nacionales en moto en busca de hachís o por la denuncia de algún vecino. No obstante, los grupos etarios entre 13 y 25 años son escasos en este momento.

En la plaza central se han suprimido de forma reciente parte de los árboles de porte, por la molestia que ocasionaban a los residentes en las plantas bajas y primeras plantas. La plaza central ha sido renombrada Jardines de Marta del Castillo, por el conocido caso de la adolescente asesinada, que vivía en esta barriada. El espacio cuenta con dos sets de juegos infantiles estandarizados en un estado aceptable. A las oficinas de la intercomunidad, la peña bética y el bar más antiguo, La Alegría, se les han sumado varios bares y cafeterías más en la prolongación del espacio libre hacia el norte. Gran parte de la plaza que no está ocupada por los juegos infantiles, lo está por los veladores de los bares y cafeterías, incluyendo los de la peña bética. La plaza suele estar llena de niños jugando y padres observándolos de pie o sentados en los veladores y consumiendo.

El espacio libre central de Tartessos se prolonga hacia el norte, hasta el final de la barriada, y también está ocupado prácticamente en su totalidad por veladores de otros tres bares, incluyendo la antigua asociación de vecinos Turdetania. Tanto esta asociación de vecinos como la peña bética cumplían ciertas funciones de dinamización social en el barrio en las últimas décadas del siglo XX, pero hoy día funcionan exclusivamente como bares. La ocupación intensa de la vía pública durante el día es parte de la cultura local en Sevilla en cualquier barrio. La mutilación de los espacios públicos producida en los últimos veinte años ha tenido como consecuencia que la ocupación intensa del espacio libre se haya derivado a una superpoblación de veladores en los espacios libres.

La actual proliferación de niños pequeños se debe a una tercera generación de vecinos del barrio o al asentamiento de nuevos hogares, generalmente de un estatus más alto al de los habitantes originales, por el encarecimiento relativo de la zona en los últimos treinta años. Estos nuevos hogares han comprado y reformado pisos viejos del barrio o también ocupan los nuevos desarrollos posteriores a 1992 sobre antiguos suelos ferroviarios. La centralidad otorgada por la estación Santa Justa resulta determinante en el carácter relativamente caro que ha adquirido la vivienda de alquiler y en venta. Existe un cierto contraste entre los jóvenes, adultos y ancianos identificables con la cultura popular y trabajadora original de la zona, con familias más claramente adscribibles a la clase media urbana o incluso media alta. La convivencia y el contacto entre ambos grupos se produce de manera inevitable y a diario en el parque, en la guardería y a través de los niños pequeños de los distintos tipos de hogares. Últimamente se han producido conflictos con cierto grado de violencia verbal entre padres de niños pequeños y pre adolescentes de 11 o 12 años que usan el mismo parque, pero con una intensidad y prácticas distintas. Todo parece indicar que, en algunos años, el barrio volverá a poblarse de adolescentes y el conflicto etario por el espacio público volverá a aparecer.

Izquierda y clase trabajadora ¿divorcio o separación?

La reivindicación de la clase trabajadora por la izquierda tenía relación con su rol como productora del mundo material. En la medida en que nuestro mundo material se realiza en algún país del sureste asiático del que no tenemos mucho conocimiento, esta idea parece perder fuerza.

Artículo publicado en Portal de Andalucía

A falta de la encuesta pos-electoral del CIS, que ofrece el dato de la distribución del voto entre distintos grupos sociales, es previsible que el panorama no haya cambiado mucho entre las últimas elecciones y estas, ni en Andalucía ni en el conjunto del estado. El voto de derecha y de extrema derecha seguirá teniendo una fácil caracterización de clase, vinculados a barrios privilegiados y a una clase alta o media-alta que ya se encontraba políticamente movilizada. El espectro político conservador, por ahora, no consigue incrementar su número de votantes, elección tras elección, por lo que seguimos ante un escenario de redistribución del voto entre las distintas derechas. Aunque Vox ha encontrado un filón importante en el chovinismo nacional y en el desafío a la corrección política, sigue con un programa socio-económico neoliberal, que permite identificarlo claramente con las elites españolas, y que debería tener pocos nuevos partidarios entre la población más humilde.

No obstante, la preocupación de algunos sobre la hipotética capacidad de esta derecha “antisistema” de pescar votos de los menos privilegiados, no deja de tener cierta base. En primer lugar, porque hay experiencias similares en otras partes de Europa, y la extrema derecha española podría intentar imitar el discurso proteccionista de, por ejemplo, su contrapartida francesa, para movilizar este tipo de población. En segundo lugar, porque, también elección tras elección, las mayores tasas de abstención se localizan en los barrios y pueblos más pobres de Andalucía y entre la población con menor nivel de formación, desempleados y trabajadores manuales (lo que denominaría en el contexto actual clase trabajadora). Finalmente, porque la izquierda tiene cada vez más dificultad para movilizar este tipo de voto (excluyendo al PSOE andaluz) y solo crece en sectores urbanos relativamente privilegiados (por ejemplo, el centro de grandes ciudades como Sevilla, Granada o Cádiz) y entre grupos de formación media-alta y oficios técnicos y profesionales (lo que podría llegar a denominar cierta fracción de la clase media). Por supuesto, esto es solo una tendencia (la izquierda sigue por lo general conservando sus bastiones en barrios y pueblos que tradicionalmente les han votado) y no precisamente nueva, sino que viene pronunciándose desde al menos las dos últimas décadas y ha recibido cierta atención desde la sociología y la demografía del voto. Merecería la pena, para empezar a plantear el problema, lanzar algunas hipótesis sobre el porqué de esta cuestión.

Para empezar, podría plantearse que el perfil tipo de votantes de izquierdas ha cambiado entre generaciones porque ha cambiado la propia estructura social. ¿Realmente tiene sentido hablar de clase trabajadora hoy? ¿Realmente tiene sentido hablar de clases? Sin duda ha habido una transformación de la estructura socio-laboral y de su relación con la política en Europa en el último medio siglo. El viejo perfil del trabajador de mono azul, sociológicamente de izquierdas, está en vías de desaparición y hoy día una parte de la clase trabajadora es precisamente un perfil técnico y profesional que en muchos casos está precarizado.No obstante, más allá del fetichismo del obrero cualificado de cuello azul, que nunca ha tenido un gran peso en el mediodía peninsular, la realidad actual de la sociedad urbana andaluza es que los oficios más frecuentes tienen que ver con trabajos manuales de baja cualificación no estrictamente productivos (camareros, trabajadoras de la limpieza, etcétera) y que el perfil técnico y profesional es un estrato extenso, pero no mayoritario e indudablemente privilegiado dentro de los asalariados. Por lo tanto, el problema sigue ahí. La izquierda ya no tiende a identificarse tanto con los grupos socio-económicamente más vulnerables, sino con estratos relativamente privilegiados de la sociedad.

Aunque exista algo que sociológicamente podríamos identificar como clases o como estratos sociales, otra cuestión distinta es que estos sean políticamente relevantes. No hay una clase obrera movilizada políticamente como tal, por lo cual, desde un punto de vista constructivista, podría afirmarse que no existe la clase obrera. Al mismo tiempo, resulta difícil negar que sí exista, por ejemplo, una elite empresarial financiera que actúa políticamente como clase persiguiendo sus intereses colectivos. Así que se puede elegir utilizar la categoría de clase en el análisis político o no y esta puede ocupar una mayor o menor centralidad en un programa político. Podría plantearse que, para la izquierda europea, desde su reconstitución posterior caída del muro, en el contexto del movimiento alterglobalizador, la cuestión de clase cada vez tiene menor centralidad en sus análisis y en sus programas políticos, probablemente porque no la encuentra útil.

Sin embargo, si atendemos a las organizaciones y discursos de izquierda, tendríamos que admitir que si existe cierta interpelación a la clase obrera o a las clases populares. Lo que sucede es que esta interpelación no parece ser respondida. Podría argumentarse entonces que la propia idea de clase obrera o de clase popular, dentro del marco ideológico dominante, aparece como indeseable, pasada de moda e incluso (paradójicamente) ideológica. Lo anterior no niega que no exista objetivamente una clase trabajadora o algo que podríamos denominar como clases populares, simplemente que las personas que serían objetivamente ubicables en ese estrato no se identifican a sí mismos como tales, no hay conciencia o si la hay ésta invita principalmente a intentar abandonar esa posición social lo más rápido posible. La centralidad de la noción de clase media tiene un rol ideológico determinante en el capitalismo contemporáneo y es fundamental en la desarticulación de la clase como identidad colectiva.

Otra posibilidad es que la interpelación a la clase trabajadora sea inefectiva porque la izquierda se haya convertido en una cosa de clase media y la interpelación suene hipócrita o incluso alienígena. La mayor parte de los activistas de organizaciones de izquierda proceden hoy día de la clase media, eso es bastante claro en cuanto a los cuadros de los partidos políticos, pero también se ha evidenciado en los estudios sobre las grandes movilizaciones progresistas de nuestra era, del movimiento por la vivienda al añorado 15M. Entre los partidos de izquierda post-15M, pareciese que cuanto más populista se dice una organización o cuanto más pretende interpelar a lo popular, más se vincula a una clase media urbana y cosmopolita, que debería ser su antítesis.

En la época moderna, la reivindicación de la clase trabajadora por la izquierda tenía relación con la reivindicación de la clase productiva, la reivindicación de los que realizan el mundo material. En la medida en que nuestro mundo material se realiza en algún país del sureste asiático del que no tenemos mucho conocimiento, esta idea parece perder fuerza. Sin embargo, la izquierda posmoderna parece condenada a volver a prestarle atención a los estratos de trabajadores manuales y precarios, aunque sea para evitar la tentación de una deriva reaccionaria en ese espacio social.

De consensos y gentrificación en la Alameda

Publicado en Portal de Andalucía

Septiembre de 2019 llegó con la noticia de que el viejo cine Alameda de la Alameda de Hércules va a ser derribado y sustituido por un hotel. Es el último episodio de la polémica sobre la turistificación del casco histórico de Sevilla. La intensificación de los flujos turísticos después del periodo de crisis iniciado en 2008 resulta determinante en el devenir reciente del centro de la ciudad. Cada año se cumple un nuevo récord de visitantes, de forma paralela al incremento de las plazas hoteleras y de pisos turísticos. Actualmente, Sevilla es la cuarta ciudad de España (muy cerca de Valencia) con más viviendas turísticas de este tipo, concentradas en su casco histórico y alrededores.

El caso del cine trajo de nuevo a colación, en una noticia de un periódico digital, el tema de la gentrificación. Lo más sorprendente de la polémica fue que uno de los expertos consultados se atreviese a negar la existencia de gentrificación, e incluso a asociarla la con una mera cuestión “ideológica”. Negar la gentrificación a estas alturas del partido es simplemente absurdo, e ideológico es realizar una afirmación dogmática indiferente a cualquier evidencia.

La gentrificación hace referencia a la transformación de un barrio popular, obrero o marginal en un barrio de clase media o de estatus superior, lo cual es propiciado por algún tipo de reinversión del entorno construido e implica alguna clase de sustitución de población. Es indiscutible que el cuadrante noreste del centro histórico era todavía en los años ochenta (igual que Triana o San Bernardo), un espacio degradado habitado por población de estatus bajo o muy bajo. La transformación del entorno de la Alameda ha sido muy dilatada en el tiempo, pero hoy es difícilmente discutible que se trata de un sector relativamente caro de la ciudad y habitado por residentes que son predominantemente de estatus medio o medio-alto. Esto puede comprobarse consultando los censos de población y se ve reflejado en cualquier informe oficial que maneje este tipo de datos en Sevilla a un nivel suficiente de desagregación.

Entonces, ¿por qué hay quien insiste en seguir discutiendo la existencia de gentrificación? Diría que la transformación de la Alameda, al contrario que otras partes del centro histórico (como Triana o San Bernardo), se hace en un contexto de enorme consenso político. De un lado, la operación de revalorización del centro histórico y sus sectores populares degradados era del interés evidente de la élite conservadora sevillana, siempre afecta al negocio inmobiliario. Del otro, en un marco político de coalición entre PSOE e IU, sería la izquierda la que acabaría abanderando la operación de remodelación final del entorno de la Alameda. La renovación de la Alameda solo fue la pieza final de un puzzle que empezó con la reestructuración del entorno de la zona para la Expo 92 y siguió con las inversiones de fondos europeos para la reforma del tejido urbano. El contexto político en el que se ejecutó hizo que esta operación se revistiese con un discurso (y práctica) progresista, como reinversión de una zona que había sido abandonada por el franquismo como castigo por ser el principal foco de resistencia al golpe de Estado, recuperada mediante un proceso participativo. Este discurso tiene su parte de razón, pero también es cierto que el proceso de declive de estos sectores urbanos responde a razones estructurales, que se repiten en cualquier otra ciudad ibérica del tamaño aproximado de Sevilla, y que van mucho más allá de una decisión política más o menos puntual. O que la participación se hizo en un contexto en el que ya la población del entorno había cambiado sustancialmente, y donde empezaban a predominar los hogares de clase media. También es cierto que el lupanar erradicado fue sustituido principalmente por un barrio bohemio, progresista y que vota a la izquierda. Gentrificación suena dentro estos perfiles sociológicos como “una mala palabra” y como tal se trata de evitar.

No obstante, más que negar la evidencia, sería razonable afirmar el carácter beneficioso del proceso. Nadie puede negar que sea positivo que un barrio muy degradado se reinvierta, mejore y se vuelva un sector de clase media. Donde antes teníamos un espacio de prostitución, mendicidad, venta ambulante marginalizada, menudeo de droga y ancianos en viviendas inhabitables, ahora tenemos un enclave de ocio nocturno lleno de bares de diseño, edificios de vivienda renovados y productos ecológicos.

Sin embargo, también sería bueno dejar algo de espacio para la autocrítica. Primero, porque es evidente que el entorno de la Alameda no se regeneró para la población que habitaba allí previamente sino, en todo caso, a pesar de ellos. En segundo lugar, porque al mismo tiempo que se han ido eliminando los barrios marginales con ubicaciones céntricas, se han multiplicado en la periferia, algo que no parece inocente, y hoy Sevilla cuenta con siete de los catorce barrios más pobres de España. Finalmente, porque el proceso no para, los precios siguen subiendo y el centro en su conjunto está quedando cada vez más para ciertas élites de la ciudad.

Volviendo al cine Alameda, hay una cuestión que resulta paradójica, y es que la instalación de este cine y el festival que lo acompañó a principios de los años ochenta, en uno de los momentos de máxima degradación, fue una de las primeras iniciativas dirigidas a dinamizar social y económicamente la zona. El propio mercadillo de la Alameda, expulsado ya en el siglo XXI para realizar la operación definitiva de renovación del paseo, también fue en su origen una iniciativa ciudadana de revitalización. La intensidad del proceso, la constante revalorización y transformación de la Alameda, hace que nada permanezca mucho tiempo igual. Los bares y las tiendas cambian constantemente, igual que las caras de la gente. Muchos hogares jóvenes y de clase media que se establecieron entre finales de los noventa y la primera década del siglo XXI tienen que marcharse actualmente, principalmente a barrios limítrofes extramuros, presionados por el auge de los precios turísticos y la inflación de los alquileres. El entorno residencial de la Alameda de Hércules ha sido en el pasado un conjunto de barrios obreros, un conjunto de barrios marginales y, más recientemente, un entorno de clase media progresista. Sin embargo, la propia continuación del proceso de reinversión y el éxito del mismo parece conducir hoy esta zona a convertirse cada vez más en un entorno para la visita, inapropiable como vecindario y alejado de cualquier noción de comunidad urbana o barrio.

Dimensiones de la desigualdad socio-espacial en Andalucía y el Estado español

Publicado en Portal de Andalucía

Este mes de septiembre el Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos del nivel medio de renta por hogar y por persona a escala inframunicipal (secciones censales). Esta es una información que hasta ahora no habíamos tenido a un nivel tan alto de desagregación y con tanta fiabilidad. Las encuestas sobre consumo y renta de hogares son muy comunes, pero no pueden llegar a este nivel de detalle por ser solamente un muestreo más o menos representativo. Con anterioridad, para análisis a este nivel de detalle utilizábamos variables de los censos de población relacionadas con el nivel de renta, como es el porcentaje de población con estudios superiores y otras similares. Estos datos, además de tener el obstáculo de recogerse cada diez años, habían presentado un empobrecimiento notable en la operación de 2011, cuando se había sustituido el recuento exhaustivo típico de los censos por una encuesta, al menos para las variables de tipo socio-económico, dificultando los análisis sobre desigualdad a un nivel elevado de desagregación. La herramienta que ha presentado en septiembre el INE, además de permitir este elevado nivel de detalle, gracias a los datos exhaustivos proporcionados por la Agencia Tributaria, permite seguir la evolución de los mismos en el tiempo, aunque por el momento solo se haya hecho pública la información correspondiente a 2015 y 2016.

La cartografía temática realizada a partir de estos datos evidencia las fuertes desigualdades territoriales en cuanto a distribución de la renta dentro del Estado. Con un simple vistazo al mapa de España se reconoce la fuerte diferenciación norte sur, que aparecer al representar prácticamente cualquier variable relacionada con la renta o el estatus a cualquier nivel de desagregación (provincial, municipal o infra-municipal). Esta polarización, con Andalucía y territorios limítrofes siempre con los indicadores más desventajosos, ha sido una invariante en la distribución de la riqueza por siglos. Esto tiene su explicación en el particular tipo de poblamiento y distribución de la tierra de la mitad meridional de la península, con su origen en el proceso de conquista del sur por el norte católico y posterior latrocinio de la tierra, y en las estructuras sociales, económicas y culturales que este proceso legó. Hace tres años, unos investigadores de la Universidad Pablo de Olavide vincularon esta polarización en concreto a la “velocidad de reconquista” (sic), señalando la relación entre la toma militar del territorio en un tiempo relativamente breve y la aparición del latifundio como pago a la nobleza y órdenes militares.

Sobre la polarización norte sur se advierte un desplazamiento del eje hacia una posición con un nor-este rico y un sur-oeste pobre, que tendría una mayor relación con los procesos modernos de desarrollo. Principalmente la industrialización del País Vasco y Cataluña, fomentada desde el estado central y capitaneada por las burguesías locales. La polarización este-oeste se acentúa por la situación desfavorecida de las zonas rurales de Galicia y el crecimiento económico relativo más reciente del levante y Mallorca, vinculado en gran medida con el desarrollo turístico. También con la excepcionalidad que supone la presencia de Madrid como un producto de la organización centralista del estado moderno. Este patrón forma parte de una trama de desigualdad a escala europea, con un centro privilegiado entre el oeste de Alemania, Francia, Sur de Inglaterra y norte de Italia y España, en claro contraste con sus periferias.

Dentro de estos patrones de trazo grueso se reconocen otras tendencias a mayores niveles de detalle, con las zonas más ricas en las ciudades de cierto tamaño, en contraste con un interior rural empobrecido. En el sur de España, y claramente en Andalucía, las zonas rurales se encuentran en una situación invariablemente desfavorecida. Entre estas, a su vez, los sectores costeros tienden a tener una situación de relativo privilegio, vinculado de nuevo a la economía volcada sobre el turismo y, en algunos casos, como el de la conurbación de la Costa del Sol, al establecimiento de hogares foráneos de renta elevada.

En las grandes ciudades se concentran los barrios con rentas más altas de Andalucía. Sin embargo, los barrios más pudientes del estado se siguen localizándose en las ciudades del norte, muy especialmente en Madrid y Barcelona, y en menor medida en aglomeraciones de menor rango poblacional como Bilbao y Donostia, con extensos sectores urbanos y suburbanos que conforman el 1% del territorio más rico del Estado. En el lado opuesto, es en las ciudades medias y grandes del sur donde se ubican los barrios más pobres. La Andalucía urbana se encuentra salpicada de barrios que forman la mayor parte del 1% del territorio más pobre del Estado. Son zonas más o menos extensas en las periferias de grandes ciudades como Sevilla, Granada, Jerez, Málaga o Córdoba, pero también en ciudades de menor rango, como Dos Hermanas o la conurbación entre La Línea y Algeciras. Esto tiene difícil comparación con las ciudades del norte, donde incluso Madrid o Barcelona, a pesar de sus enormes dimensiones, apenas cuentan con una o dos secciones censales dentro del percentil más desfavorecido. Incluso en las zonas relativamente más pobres del norte, las ciudades gallegas de mayor tamaño (Coruña, Santiago o Vigo) no cuentan con sectores urbanos con niveles tan bajos de renta.

Más que a una victimización inútil, esta serie de evidencias deberían llevar a preguntarnos cómo es posible que estos amplios sectores urbanos, cuyos nombres todos conocemos a estas alturas, tengan tan poca relevancia política tanto a nivel del Estado como de Andalucía, y tanto a nivel de participación como de presencia en los discursos políticos.

La amenaza de la ultraderecha y los barrios obreros

Existe la creencia inocente de que, invariablemente, la extrema derecha moviliza el odio hacia los grupos vulnerables y la extrema izquierda la desafección hacia las élites. Esto solo es parcialmente cierto. El verdadero peligro de la extrema derecha se encuentra en su capacidad de movilizar el rencor hacia ciertas élites, convirtiéndose en un fenómeno popular y de masas. No son pocos los ejemplos de esto en la historia y en la política contemporánea. Podría plantearse la hipótesis de que, en Italia, EEUU o Brasil, el nuevo conservadurismo de derechas, más que un discurso del odio contra las minorías étnicas, ha sabido armar un discurso del odio contra lo que dibujan como élites progresistas, con su típica ostentación de una racionalidad y una moralidad superior. Esto, al menos en algunos casos, tendría la capacidad de movilizar a las clases populares, y no exclusivamente blancas y masculinas.

Esto no quiere decir que Trump o Bolsonaro no sean racistas, que lo son. Lo que no son es políticamente inocentes. Es una tentación de la izquierda el presentar a la derecha de una forma caricaturesca, pero este tipo de políticos suele ser solo un poco tan tontos como los presentan. Gran parte de su éxito entre la población humilde procede de su capacidad de presentarse como elementos ajenos al establishment y a los consensos liberales dominantes a nivel político y cultural. Asimismo, el control de fronteras es una política que puede tener cierto predicamento incluso en parte de la población hispana bien establecida en EEUU, igual que el discurso de los valores familiares y cristianos para la población pobre y afrodescendiente de Brasil.

Hay algo de verdad en el hecho de que la izquierda ha tendido en algunos casos a convertirse en un discurso de una fracción intelectual de las clases medias, más o menos privilegiadas en sus respectivos contextos, sobre la situación de grupos oprimidos a los que no pertenecen. El discurso intelectualmente elaborado de esta izquierda corre el riesgo de acabar resultando antipático los estratos populares, con los que cada vez se identifica menos. La caricaturización mediática no solo afecta a los líderes derechistas, también afecta al izquierdista que corre el riesgo de ser identificado con un millonario de Hollywood o Silicon Valley.

El dilema de la izquierda en este contexto no es elegir entre diversidad cultural y clase trabajadora. Por supuesto que la clase trabajadora es culturalmente diversa. Siempre lo ha sido. La cuestión es hasta qué punto la clase trabajadora, en toda su diversidad, cada vez está más lejos de las ideas de izquierda. En Andalucía hay unas clases populares nutridas, de las cuales la mayor parte de la población inmigrante forma parte. Estratos sociales hostigados por el paro y la precariedad, en algunos de los barrios más degradados de Europa occidental, políticamente desmovilizadas y simbólicamente agredidas. Fracasados para la derecha convencional y españolazos retrógrados para una parte del progresismo. La extrema derecha, por el momento, tampoco ha tenido mucho éxito a la hora de interpelar efectivamente a esta población. Pero, ¿no debería preocuparnos que lo consigan en el futuro imitando experiencias de otras partes del globo?

Coincido con algunos de los diagnósticos que rondan las redes y no tanto con las propuestas. Abanderar un etnonacionalismo excluyente no es una solución, sino el problema en sí mismo. En el otro extremo, a estas alturas llevo ya un par de décadas escuchando la afirmación de que hay que montar más centros sociales y cooperativas, generalmente acompañada de la de que hay que olvidarse de los sindicatos y los partidos. No sé en otros lares, en Andalucía no he visto muchos avances con estos planteamientos. Yo soy un convencido de la utilidad de los centros sociales. Ahora bien, ensimismados, como suelen darse, las cooperativas o los centros sociales, pueden tener más que ver con el problema que con la solución. Son parte de la tendencia izquierdista a crearse sus diminutos guetos, igual de problemática que la tendencia a quedarse en los despachos de la universidad. ¿Hasta qué punto no convierte esto al típico izquierdista en una diana perfecta para las acusaciones de elitismo?

Volver a los barrios y a los tajos es otro lema muy bonito, pero endiabladamente difícil de llevar a cabo. El tejido asociativo heredado de la transición está casi por completo desmantelado, mientras que los proyectos de trabajo territorial, que se han planteado ya en el siglo XXI, han tendido a fracasar invariablemente en las ciudades andaluzas. Sin embargo, no veo otra forma que seguir intentándolo y seguir fallando, “fallando mejor”, sin abandonar otros espacios políticos al oportunismo post-político de la social-democracia y ni mucho menos a la derecha. En cualquier caso, la alineación de las clases populares con las ideas de izquierda en el futuro es algo que no puede darse por garantizado y esto debería ser objeto de preocupación y debate.

Lo que entendemos hoy por populismo

Artículo publicado en Portal de Andalucía

El término populismo ha ido ganando peso en la última década en la realidad política europea. Esto a raíz del auge de partidos de extrema derecha, de la relación e importación de cierta izquierda con movimientos políticos latinoamericanos que responden a esta denominación y, en general, a su uso como arma arrojadiza en la arena política como un instrumento más para desprestigiar al adversario. Vistas las cosas, diría que hoy día contamos con tres usos del término muy relevantes en la disputa política actual. Encontramos un uso despectivo tradicional, un uso despectivo demagógico y un uso apologético progresista.

El populismo en su sentido tradicional es un término despectivo que refiere cierto tipo de práctica política que interpela al pueblo de manera demagógica, apelando a grupos, intereses e incluso ideas políticas muy distintas y a veces contradictorias entre sí. Me atrevo a afirmar que cierto grado de populismo es indispensable para cualquier partido de masas en la democracia liberal, sea del signo que sea. Cualquier partido que aspire a conseguir que su opción sea la más votada debe apelar a intereses y sectores realmente diversos y encontrar resortes que permitan movilizar políticamente a las masas, con independencia de que se correspondan con problemas o soluciones reales. Más allá de esto, la forma histórica concreta en que han aparecido los populismos se relaciona con la emergencia de liderazgos carismáticos. En Europa muy vinculado a regímenes ultranacionalistas de derechas, a menudo filofascistas o ultracatólicos, mientras que en América Latina en algunos casos han sido los responsables del desarrollo de cierto estado del bienestar dentro de un marco de economías proteccionistas. El peronismo sería el caso paradigmático y, aunque el populismo ha sido tradicionalmente un objeto de crítica habitual de la izquierda, es complicado en la práctica ubicar a estos movimientos políticos en el eje izquierda-derecha. En el contexto andaluz, Isidoro Moreno ha señalado en varias ocasiones al PSOE como ejemplo del modelo populista tradicional, estructurado menos en torno a liderazgos carismáticos que en base a redes clientelares.

Hoy día podemos encontrar el uso anterior del término, sin embargo, es mucho más frecuente encontrar un empleo menos riguroso, aunque igualmente despectivo y paradójicamente demagógico (ya que la propia noción de populismo implica cierto tipo de demagogia). En este, populista sería cualquier propuesta política que se salga de los consensos político-económicos más generales de las democracias occidentales, que a juicio de Zizek serían la democracia representativa, la economía de libre mercado y el pluralismo liberal o multiculturalismo. En este sentido populismo es todo lo que se salga de lo que viene a denominarse de forma difusa centro político. Este es un uso políticamente conservador y en ocasiones reaccionario, dado que prácticamente cualquier propuesta que implique cambios profundos en el camino de las democracias occidentales capitalistas puede ser vilipendiado por populista. Lo contrario al populismo sería aquí la post-política o post-democracia, es decir, la gestión técnica de las instituciones. Los políticos se convierten en grupos de profesionales que pueden hacerlo mejor o peor, pero que hacen básicamente lo mismo, sin alterar el marco de grandes consensos inamovibles. Así, más valdría que los políticos se presentaran por concurso oposición en lugar de por elecciones. En este sentido, invirtiendo el discurso, el populismo es el único ámbito posible en el que pueden emerger contenidos realmente políticos. Y lo anterior enlaza con un tercer uso.

El uso apologético que podemos encontrar hoy día del término populismo, responde en gran medida a los planteamientos teóricos de Laclau y Mouffe y ha sido defendido en el ámbito del Estado por algunos políticos de izquierda bastante conocidos. El elemento central que se toma de la noción tradicional de populismo, es la movilización política del pueblo contra las élites. El populismo sería fundamentalmente un movimiento político anti-elitista, la noción de pueblo (más comúnmente nación) sería paraguas bajo el que se integrarían las distintas luchas, intereses contradictorios y descontentos acumulados frente a otro externo que no es pueblo. Laclau extrapola el peronismo (que es una realidad política más bien excepcional) convirtiéndolo en una especie de modelo o matriz política básica. Puede considerarse que la movilización de la masa contra las élites explotadoras y/o corruptas ha sido un elemento clave de los movimientos revolucionarios. Sin embargo, como objetan sus críticos, el modelo se ajusta incluso mejor a la forma en que han tenido éxito regímenes filofascistas. Pensemos por ejemplo en la Alemania de los años 30 y la construcción de los judíos como minoría privilegiada contra la que se une la mayoría de la población, machacada por la crisis.

El término populista se ha popularizado (valga el juego de palabras) en la disputa política, para referir principalmente las iniciativas políticas en torno a Podemos. Este uso coincide bastante bien con el segundo uso de la noción que hemos expuesto. Sin embargo, es mucho más cuestionable que haya funcionado en el sentido apologético y crítico. Aunque la izquierda interpele al pueblo y a las clases trabajadoras la realidad es que se trata de un voto que depende cada vez más de ciertas fracciones de la clase media con nivel cultural elevado. Además, concretamente, las figuras políticas que más han abanderado la noción progresista de populismo, se han volcado en campañas que se ajusta mucho más a un discurso post-político, que elude constantemente cualquier fuente de conflicto. Por el contrario, una elitización progresiva de la izquierda, podría ser un campo de cultivo para un anti-elitismo anti-progresista y anti-liberal, abriendo la puerta a un populismo reaccionario que apenas existe en la actualidad pero que es un riesgo que se debe tener en cuenta.

Mistificaciones del municipalismo

Artículo publicado en Portal de Andalucía.

Las últimas elecciones han sido un duro varapalo (también) para la corriente municipalista iniciada con los gobiernos del cambio de 2015. Los resultados no han acompañado allí donde se presentó una candidatura alternativa a la coalición de izquierdas. En Málaga o en El Puerto de Santa María se ha perdido toda representación institucional. Allá donde las candidaturas parecían más fuertes, como Jerez, se han perdido la mayoría de los concejales y han quedado reducidas a una situación marginal. Iniciativas de nuevo cuño para estas elecciones, como la de Alcalá de Guadaira, han obtenido un respaldo mínimo. En Córdoba la candidatura no pudo presentarse, aunque nada parece indicar que los resultados hubieran sido mejores. En Sevilla se optó por la confluencia ante la propia debilidad de la iniciativa, lo cual ha conducido a la fagocitación por parte de Adelante Andalucía.

Algunas de las explicaciones que se dan habitualmente a los malos resultados de la izquierda quedan impugnados aquí. Se habla mucho de las cosas que se han hecho mal para explicar los malos resultados, pero quizás deberíamos plantearnos lo contrario ¿hasta qué punto las iniciativas municipalistas han fracasado por hacer las cosas bien? En ciertos ámbitos son habituales las denuncias respecto de la falta de ética, horizontalidad y conexión con los movimientos de los partidos viejos y nuevos de izquierda. Lo cierto es que las iniciativas municipalistas que he mencionado, y muchos de sus militantes, son los mejores ejemplos de ética, horizontalidad e interpelación a los movimientos que conozco, pero paradójicamente el único ayuntamiento del cambio que se ha salvado del batacazo es el de Cádiz, que desde su inicio partió de un planteamiento distinto, ligado a la estructura del partido.

Creo que el municipalismo ha sufrido el coste de cargar con algunos misticismos que son consustanciales a este tipo de discurso. En primer lugar, pareciera que se ha querido ver a los ayuntamientos como algo independiente del conjunto del estado y de la política convencional. El municipalismo fue una fórmula con la que una parte del radicalismo de izquierdas, en parte identificado con el autonomismo y a menudo con una impronta anti-estatista fuerte, se enganchó en el cambio de ciclo político que se orientaba a la participación en las instituciones, manteniéndose al margen del maquiavelismo que marcó a Podemos desde sus comienzos. Participar de las instituciones del estado y de la política convencional al mismo tiempo que se descreía profundamente de las instituciones del estado y de la política convencional, condujo a contradicciones fuertes en los militantes. Probablemente las mismas personas no pueden estar en la calle y en las instituciones al mismo tiempo. Ciertos grados de delegación y profesionalización de la política no son solo un vicio estalinista, también pueden ser un peaje necesario cuando se entra en ciertos tipos de institución.

En segundo lugar, está la idea de que, desde los ayuntamientos, por su mayor cercanía, se puede intervenir más efectivamente sobre la vida de las personas. Sin embargo, puede ocurrir más bien lo contrario. Cuanto más profundos son los cambios que se quieren hacer, las competencias se encuentran más lejos de los municipios y más centralizadas. De esta forma, cuando se juegan cuestiones importantes a nivel político en otras escalas, lo lógico es que las iniciativas que se desarrollan exclusivamente en un nivel local salgan perdiendo. Esto tiene mucho que ver con lo que ha pasado en Cataluña, donde hay claramente un proyecto político a una escala supralocal. Pero también en Andalucía, donde los resultados electorales han tenido que ver con un voto útil al PSOE frente a la radicalización de la derecha, mientras que en varios municipios el voto a Adelante probablemente se ha comido el de las iniciativas municipalistas.

Finalmente, está la idea de que desde el ayuntamiento se podía estar más cerca de la calle y los movimientos. El problema es ¿hasta qué punto la gente está en los movimientos y en la calle? Lo cierto es que lo que suele denominarse como movimientos sociales es un ámbito famélico de la sociedad andaluza cuya representatividad es escasa. A día de hoy, ni en la Andalucía rural ni en la urbana hay movimientos sociales con un mínimo de influencia social, quizás con la excepción del feminismo, y ahí también el PSOE parece tener ventaja a la hora de capitalizar la protesta en forma de voto.

La invocación a unos movimientos sociales, que se dan muy rápido por supuestos, puede ser una forma de externalizar las responsabilidades políticas de la militancia de izquierdas realmente existente. La realidad es que no hay nada más que lo que construyamos nosotros ahora. Igualmente, pensar que hay una masa de votantes honestos, de clase trabajadora, profundamente de izquierdas, que no votan porque las iniciativas no son lo suficientemente éticas y horizontales, suficientemente pegadas a los movimientos sociales, etcétera, es una fantasía perniciosa.

El auge y caída de cierto municipalismo alternativo, ha venido marcado quizás en exceso por los contextos de las dos elecciones entre las que se ha producido este ciclo. En cualquier caso, este tipo de iniciativas siguen siendo un campo de experimentación política válida e interesante. Los proyectos que se mantengan después de las últimas municipales tendrán que plantearse estrategias a más largo plazo y con mayor independencia de la coyuntura política. La izquierda no tiene que ganar simplemente porque tenga razón y porque haga las cosas de una manera “correcta”. Esto es sustituir la estrategia política por una doctrina moral. En este sentido, un poco más de maquiavelismo no vendría mal.