El derecho a comprar contra el derecho a la ciudad

Recientemente se ha hecho pública la creación del registro nacional de barrios populares en Argentina. Asimismo, se ha anunciado que esto inicia un proceso orientado a regularizar la relación jurídica de los habitantes con sus viviendas. A este respecto, la posición del gobierno parece decantarse claramente por favorecer el acceso a la propiedad de las familias.

En el pasado siglo, en muchos países de América Latina, se desarrollaron políticas de acceso a la propiedad en barrios nacidos de la ocupación irregular de suelos estatales. En Europa ha sido más común la entrega de títulos en edificios de viviendas públicas. El acceso a un hogar estable y regularizado debe ser un derecho perseguido por cualquier gobierno. Sin embargo, a veces se ignora que la integración social y urbanística no implica necesariamente la entrega de títulos de propiedad. Algunas de estas políticas han sido espoleadas asegurando que redundan en un aumento del patrimonio de las familias, contribuyendo a reducir la pobreza (pueden facilitar el acceso al crédito privado, por ejemplo). Por otro lado, el ánimo del agente público a la hora de promover este tipo de políticas, a menudo, más que perseguir la mejora de las condiciones de vida, busca desprenderse de una responsabilidad. La privatización de suelos y vivienda pública es una manera muy común de no desarrollar una verdadera política de vivienda.

Existen otros problemas. Si nos vamos a la experiencia internacional, la privatización masiva de viviendas públicas en el Reino Unido de Thatcher provocó en el medio plazo que, en los barrios más céntricos o mejor situados, las familias de clase trabajadora fueran desplazadas por habitantes con mayor poder adquisitivo, como resultado de la propia lógica del mercado. Por lo tanto, contribuyó a fomentar las dinámicas de segregación social que una política pública de vivienda debería combatir. Hay otros casos similares. No es descabellado pensar que esto mismo podría pasar en el caso de barrios con ubicaciones estratégicas (como la Villa 31 o la Rodrigo Bueno en Buenos Aires). Más allá de esto, la entrega de títulos de propiedad podría implicar fuertes procesos especulativos, que previsiblemente generarían grandes beneficios para agentes privados a costa de suelos públicos y ante la ausencia de mecanismos que permitan que los municipios recuperar estas plusvalías para la comunidad.

La regularización e integración de barrios como los mencionados supone una oportunidad para contribuir a una ciudad menos segregada y en la que grupos menos favorecidos puedan acceder a un recurso tan preciado como es la centralidad. Para ello existen alternativas (derecho real de superficie en lugar de propiedad, restricciones a la venta de inmuebles y otros) que permitirían evitar que, en barrios con localizaciones estratégicas, las propias dinámicas de mercado acaben desplazando a los habitantes originales, combatiendo al mismo tiempo la previsible especulación inmobiliaria.

Virgen de los Reyes, elitización de barrios y privatización del deporte

La piscina cubierta del Centro Deportivo Virgen de los Reyes (Sevilla) lleva cerrada ya más de 3 años, lo que ha motivado recientemente la creación de una plataforma vecinal para promover su apertura y gestión pública. El incumplimiento de las empresas privadas subcontratadas ha llevado al deterioro de las instalaciones y al despilfarro del erario público. A su vez, el problema generado por la privatización se pretende solucionar y conduce a la privatización. Este círculo vicioso de mala gestión y privatización no es un caso excepcional, sino que es una forma de gestionar por parte de las administraciones, o más bien de no gestionar o de dejar de gestionar.

El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento (IMD) de Sevilla es un buen ejemplo de este extremo. El modo de operar de la empresa pública en la última década ha sido externalizar, como forma de no gestionar lo público. Esto se ha hecho cediendo la gestión de los espacios a asociaciones o individuos que supuestamente responden a la comunidad y sobre los que no siempre se tiene un control suficiente para asegurar que las instalaciones públicas sean accesibles a todos los ciudadanos y no tengan un uso privativo. La segunda opción preferida del IMD han sido las concesiones por medio siglo a empresas privadas, grandes cadenas del negocio de los gimnasios a las que se proporciona suelo y cuyas instalaciones se cuentan como dotaciones deportivas.

La localización de estas instalaciones no es inocente. En la reestructuración de la zona de Santa Justa, por ejemplo, que supuso una privatización masiva de suelos públicos, algunas de las principales cesiones de espacio para dotaciones han ido para mega-gimnasios privados. Es notorio el caso de Sato Sport sobre antiguos terrenos de la empresa pública de ferrocarriles o el más reciente Viding en medio de la zona residencial de Nueva Rosaleda. En ambos casos, dentro de un sector que antes de la construcción de Santa justa era predominantemente obrero, la construcción de zonas residenciales privadas y caras ha venido acompañada de la privatización de las dotaciones deportivas públicas. La elitización del deporte acompaña a la elitización de los barrios. Por supuesto, si se construyen las dotaciones para los nuevos vecinos, queda plantearse qué pasa con los viejos. El impacto de estos mega complejos privados no es totalmente inocua. Por un lado, una parte de la población queda excluida del servicio por una cuestión de precios. Por otro lado, los pequeños gimnasios no pueden competir y no es casualidad que hayan prácticamente desaparecido de esta zona. Finalmente, el que pueda y quiera utilizar un gimnasio no tiene más remedio que dirigirse a este tipo de instalaciones. Se genera un consumidor cautivo.

El caso de Virgen de los Reyes es similar, aunque quizás más doloso, en la medida en que no se trata simplemente de suelos públicos no construidos, sino que hay un equipamiento deportivo preexistente que ahora se quiere convertir en parte de una cadena de gimnasios privados. De nuevo, esto no es ajeno a la localización. En los últimos treinta años el norte centro histórico se ha transformado en una zona turística y de clase media y media-alta, de donde las clases populares han sido prácticamente erradicadas. Este proceso ha saltado en la última década a la primera orla del Distrito Macarena. Los arrabales históricos al norte de la Ronda Histórica ya fueron afectados por la reestructuración de la ciudad en el 92. Pero en los últimos años ha sido notable el traslado de la presión inmobiliaria incluso a los viejos barrios de bloques de pisos tan característicos del distrito, en especial aquellos más próximos al centro. Aquí, de nuevo, la elitización residencial parece justificar la elitización de las instalaciones deportivas. Sin embargo, de nuevo, no se tiene en cuenta ni a aquellos vecinos que no pueden pagarse un gimnasio privado, ni a los pequeños empresarios que pueden verse amenazados por este tipo de cadenas con las que no pueden competir.

La cuestión de fondo aquí es que los suelos y las dotaciones públicas deben dirigirse a toda la población, no a una demanda solvente, y si hay que hacer alguna diferenciación debería ser aportar dotaciones para aquellos que menos recursos tienen, en aquellos sectores más necesitados. Este tipo de políticas se dirigen en la dirección contraria, a facilitar lujosas instalaciones privadas en áreas progresivamente centrales y con vecinos cada vez más pudientes, mientras que otros se ven obligados a vivir en barrios alejados con dotaciones públicas infra-mantenidas.

La mala gestión pública, como en muchos otros casos, sirve aquí para justificar la privatización y para ocultar bajo un manto de gestión lo que son decisiones políticas. Privatizamos para que las instalaciones se deterioren y el deterioro sirve para justificar la privatización. Con esto se demuestra que la gestión pública es ineficiente y que el mercado lo hace mejor. Sin embargo, podríamos extraer otra conclusión. Si un equipo de gobierno no es capaz de gestionar lo público, debería renunciar y dejar a alguien que si esté dispuesto a hacerlo.

En El Salto: https://elsaltodiario.com/privatizaciones/virgen-de-los-reyes-elitizacion-de-barrios-y-privatizacion-del-deporte

¿Es posible un centro social autogestionado en un barrio obrero?

La pregunta anterior queda excesivamente abierta si no especificamos que hablamos de Sevilla en la actualidad. En otros momentos ha sido más frecuente que lo que podríamos denominar “trabajo territorial” o los espacios políticos alternativos se localizasen en sectores periféricos. Esto podría ser cierto con las asociaciones de vecinos en los setenta y primeros ochenta o incluso más adelante, cuando polígonos de vivienda obrera como San Diego o Parque Alcosa eran los principales referentes del activismo urbano en Sevilla (quedan muchos de estos espacios en la ciudad, con menor o mayor grado de vitalidad). Sin embargo, desde bien entrada la década de los años noventa hasta la actualidad, pareciese que el activismo urbano solo fuese posible en el centro de la ciudad, en los viejos barrios bohemios hoy gentrificados y propios de una clase media profesional y progresista.

La anterior pregunta cobra aún otra dimensión ante el cierre en este mes de octubre del centro social La Soleá. Este no deja de ser un hecho relevante, en la medida en que supone un cierre (uno de muchos, pero que también tiene su relevancia) del ciclo de luchas que se inició en mayo del 2011. El centro social La Soleá fue el producto material más notorio de la asamblea del 15M San Pablo, en el polígono de viviendas sociales de igual nombre y que previsiblemente cerrará con el centro social. Esta era la última asamblea del 15M que seguía activa en la ciudad, aproximadamente seis años después de que se creasen de forma multitudinaria en muchos barrios de Sevilla.

El 15M abrió la posibilidad a que se renovara en algunos casos o se creara en otros un trabajo territorial en muchos barrios de la ciudad, fuera del casco norte donde había predominado este tipo de activismo durante la primera década del siglo XX (con frutos muy notables, por otra parte). El movimiento de vivienda consolidó esta especie de proletarización de los movimientos de la ciudad, con el conocido episodio de Las Corralas, protagonizado mayoritariamente por mujeres de clases populares. Por otro lado, el reflujo político de los últimos años ha conducido a que el activismo urbano y los centros sociales estén probablemente más ceñidos que nunca a los barrios bohemios y de clase medio del centro de la ciudad. El cierre de La Soleá confirma esta tendencia.

Un centro social en un barrio obrero es posible, aunque, con las actuales tasas de desempleo y marginalidad, debería orientar sus actividades en mayor medida a la satisfacción de las necesidades materiales de la población. No es de extrañar que la única actividad de La Soleá que consiguiera cuajar y que siguiese llevando semanalmente un grupo numeroso de personas, muchas del barrio, fuese la oficina de asesoría sobre vivienda (que seguirá en el centro social de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía). La última vez que estuve allí me sorprendió la cantidad de niños que venían acompañando a sus madres, a menudo ocupantes irregulares de viviendas. Actividades como algunas horas de guardería o ayudas escolares hubieran sido muy bienvenidas. El hecho de realizarlas en un barrio obrero, le hubiera otorgado un sentido político que no tiene en otras partes de la ciudad. Sin embargo, el centro social siempre estuvo falto de activistas, volcado sobre pocos hombros que apenas podían lidiar con las responsabilidades con las que ya cargaban.

No creo que pueda decirse este tipo de activismo sea necesariamente asistencial. Solo lo es si no se vincula a ningún proyecto de transformación política. Y este vínculo es parte del trabajo activista. Tampoco estoy de acuerdo con la idea de que un militante no puede ir a un barrio que no es el suyo a realizar trabajo territorial. Que solo el que sufre la opresión tiene la legitimidad para luchar contra ella. Esta afirmación niega la propia posibilidad de la política. Y lo hace, si se me permite el atrevimiento, en una manera muy manejable para la democracia liberal capitalista.

 

La teoría de la renta de suelo II: aplicaciones a la ciudad.

Como comentábamos antes, en la aplicación de la teoría de la renta a la ciudad hay problemas considerables. Esto se produce porque la renta se suele asociar a procesos productivos. En el caso urbano tiene un gran peso la renta extraída de la vivienda, es decir, una renta extraída a partir del proceso de consumo más que del de producción. Esta es una tesis central de la obra de Harvey que procede de su lectura de Lefebvre. En el capitalismo contemporáneo, la renta va ganando más peso en el circuito del consumo. El circuito secundario, de especulación y deuda, suplanta progresivamente al circuito primario de tipo productivo.

Un punto de disenso entre los autores aquí es: ¿Qué tipo de renta puede explicar por qué los precios de la vivienda están muy por encima de los de producción? Respecto de las actividades productivas hay cierto consenso en que la localización en el espacio urbano es de escasa relevancia para la industria, por lo que tiene poca importancia la cuestión de la renta. En el caso de las actividades financieras y comerciales también hay diferencias. Hay quién niega la posibilidad de generar renta de las mismas por no tratarse de actividades productivas, hay quién cree que en estas se dan todos los tipos de renta y hay quién afirma que solo la actividad financiera pero no la comercial produce renta absoluta. En la cuestión del mercado inmobiliario las diferencias son todavía mayores. La posición mayoritaria sería la de que la renta absoluta tiene escasa importancia en el ámbito urbano y que solo puede generarse en la industria de la construcción, mientras que la renta de monopolio sería la renta inmobiliaria por excelencia.

La cuestión aquí es hasta qué punto la distinción de tipos de renta es útil para diferenciar problemas diferentes. Hasta qué punto tiene sentido identificar los tipos de renta en función de la capacidad de la actividad que se desarrolla sobre el suelo de producir valor o solo de distribuirlo. En la actualidad esta cuestión parece tener mucha menos urgencia e importancia. No obstante, hay que tener en cuenta que es aquí donde se encuentra el vínculo con la teoría del valor, con la teoría crítica, de aspectos como la segregación u otros problemas urbanos contemporáneos.

Renta de suelo y especulación

El precio de compra o valor de la tierra no es sino la capitalización de la renta de suelo, que también puede adoptar la forma de alquiler. Así que, por lo general, no es el valor de la tierra lo que determina la renta sino la renta la que determina el precio del suelo.  El precio del suelo, así como el nivel de los alquileres, no solo dependen de las rentas. El valor del suelo recoge las inversiones de capital en forma de capital fijo que se desarrollan sobre el o en su entorno, las cuales, a su vez, pueden generar rentas diferenciales, por eso Marx acusa a los terratenientes de incrementar sus ganancias parasitando el conjunto del desarrollo social. A su vez,  en el alquiler, además de la renta, también entra el coste de la construcción y el interés del capital adelantado para la misma. No obstante, la renta es clave en que el precio de la vivienda sobrepase (en mucho o en muchísimo) el precio de producción. La renta expresa la situación de monopolio de los propietarios del suelo, los cuales exigen una cuota o impuesto por permitir el alojamiento en una determinada localización.

La especulación típica sobre la tierra consiste en anticipar el valor de un terreno no construido pero que podría estarlo, aumentando la renta de la propia de un terreno agrícola a la del suelo urbano. Así, se le confiere una renta a este terreno artificialmente alta, mayor que la de un terreno agrícola de similares características sobre el que no haya expectativas. Otra estrategia especulativa clave en la creación de renta es la creación de restricciones a la inversión productiva sobre el suelo. Esto se realiza a menudo sacando suelo del mercado. Aquí entran las grandes propiedades heredadas en los frentes de expansión que pueden negarse a alquilar o vender tierras para urbanizar, la fragmentación de tierras urbanizables en las afueras de las ciudades o de zonas urbanizadas donde podría reinvertirse para renovación urbana, el aplazamiento deliberado de la urbanización por un grupo capitalista o retención especulativa de la tierra por inversiones-especuladores.

Renta de suelo y segregación

Esta cuestión es tratada por Lipietz y por Harvey, y en menor medida por Topalov. La diferenciación social del espacio no puede ser reducida a un único factor según Lipietz, hay que conceder importancia al os factores geográficos a los procesos históricos precapitalistas y otros. No obstante el tributo juega un papel fundamental en la reproducción de la división social del espacio.

El tributo de la tierra varía según el barrio (de forma similar a la fertilidad en el ejemplo de Marx). La situación del terreno en la “división social del espacio” vendrá determinada en primer lugar por el precio de venta. A la división social del espacio previa se le impone un tributo a pagar. El precio del terreno hace imposible todo uso del suelo jerárquicamente inferior en la división social del espacio. Por lo tanto, la renta es un operador económico  de la reproducción de la división social del espacio que adecua el rango social de la vivienda producida al rango social del barrio. Al mismo tiempo, siguiendo a Harvey, la segregación o la diferenciación socioespacial son elementos gracias a los cuales se generan las situaciones de monopolio que permiten la generación de rentas. Las diferencias de raza, etnia, estatus social y prestigio, solidaridad comunal y vecinal, aumentan el potencial de realización de las rentas monopólicas de clase ayudando a mantener una estructura socioespacial como si fuera un conjunto de islas, al crear el “espacio absoluto de la comunidad”.

En primer lugar la burguesía y clases medias, como consumidores de vivienda, pagan lo que Lipietz llama un “tributo diferencial” que paga el derecho de no cohabitar con cualquier persona. Harvey señala como estos grupos, al competir por viviendas prestigiosas en el vecindario adecuado generan “renta monopólica de clase”.  Se crean así una serie de submercados inmobiliarios determinados por la relación con una demanda solvente. Harvey refiere tanto los que se crean para las clases privilegiadas como aquellos para los grupos menos favorecidos que acuden al mercado del alquiler. Se crean así una serie de islas construidas por y para el hombre en las que los monopolios de clase crean escaseces absolutas.

¿Quién se apropia de la renta?

El tributo a la tierra es un pago al propietario de la misma en la teoría clásica. No obstante la situación puede haber cambiado. Según coinciden diversos autores, aunque el propietario de suelo puede tomar parte de la ganancia dependiendo de la situación, entran en juego otros agentes. Quizás lo más claro es la exposición de Lipietz, siguiendo a Topalov. Diferencia así el modelo clásico en el cual el propietario de suelo y el promotor eran individuos diferenciados, del modelo del capitalismo avanzado, donde suelen coincidir en un único agente (que ha comprado previamente el suelo). Aquí la fracción de sobreganancia realizada por el capital del promotor inmobiliario puede ser apropiada por el propietario del suelo en mayor o menor medida dependiendo de la información y el poder de negociación de que disponga, ya que puede ignorar las potencialidades del suelo.

La renta hoy día, más que por pequeños propietarios, tiende a ser acumulada por el capital financiero. El nuevo terrateniente es el promotor inmobiliario que utiliza el espacio como fuente de ganancia extraordinaria. Además, hay una fusión del monopolio de los bancos y de la propiedad territorial. Según Harvey existe una cierta estructura jerárquica a través de la cual las rentas monopólicas de clase se filtran hacia arriba pero no hacia abajo. En el extremo de esa jerarquía se ubican las instituciones financieras, que por lo tanto captan una parte importante de las rentas de suelo hoy día.

 

El concepto de clase social en Marx

Sorprenderá a algunos el hecho de que, a pesar de la enorme importancia del concepto en la teoría marxista, no existan textos ni del propio Marx ni de Engels centrados en la cuestión de la estratificación social en clases aunque esta esté de una forma u otra presente en casi todas sus aportaciones. En ninguno de sus escritos encontramos una definición operativa de clase social y, de hecho, el propio concepto en diferentes escritos puede tener significados algo diversos. La definición de clase social de Marx habría de haber estado recogida en el volumen tercero de El Capital, y de hecho, en este volumen, en su último capítulo, encontramos algunas breves notas recogidas por Engels de lo que debería haber sido un capítulo centrado en tal cuestión. No obstante, han sido varios los autores marxistas que en el siglo XX han tratado de “imaginar” lo que podría haber sido ese capítulo, de diseccionar la concepción de Marx sobre la estructura de clases, entre los que destacaría al francés Touraine y al polaco Ossowski.

El concepto de clase social no fue inventado por Marx, pero quizás fue el primero que lo introdujo en un marco sociológico amplio y es indudable que el marxismo ha tenido mucho que ver en la difusión del concepto, a pesar de que este no fuese desconocido para autores anteriores como Adam Smith o Saint Simon. La concepción de la clase social de hecho puede ser muy variada y la marxista es bastante particular, aunque incluso gran parte del marxismo del siglo XX lo haya ignorado intencionada o inintencionadamente. Las clases sociales de Marx estarían asentadas en criterios económicos y tendrían un carácter relacional (por oposición a la clasificación relacional, que diferencia clases bajas, medias, altas, media-alta, etcétera), esto quiere decir que existirían relaciones de dependencia entre las distintas clases sociales dentro de la estructura y, de hecho, unas se definirían por contraposición a otras. Así, es bien conocida la clasificación en clases en relación a los medios de producción. Marx advierte en El Capital sobre confundir el concepto “moderno” de clase social con el monto de ingresos o con la ocupación, algo que ha sido muy común a lo largo del siglo XX. Por el contrario, la sociedad se dividiría en base a la propiedad o no de los medios de producción. Es decir, en la burguesía propietaria y en el proletariado que solo posee su fuerza de trabajo, lo que implicaría una relación de opresión y de explotación de la primera hacia la segunda. Estas dos clases serían los productos sociales del capitalismo en un esquema dicotómico que gira en torno a su antagonismo y a la explotación de una por la otra.

Existen otras clases o capas sociales o fracciones de clase en los diferentes textos de Marx. No obstante, las dos mencionadas serían las dos únicas clases en sentido pleno en el capitalismo, precisamente por su significación política. Los campesinos o la nobleza serían resquicios de antiguos sistemas de clase condenados a una irremediable decadencia, destinados a desaparecer conforme la sociedad se desarrollase, lo que conduciría a la polarización entre el proletariado y la burguesía. El famoso lumpen proletariado, por su parte, no sería una clase sino un estrato claramente diferenciado del proletariado industrial. Los terratenientes por su parte, a veces aparecen como clase social independiente (concretamente en El Capital) y otras como un estrato de la burguesía.

Uno de los elementos más problemáticos a este respecto es el papel de las clases medias o las clases intermedias. A este grupo hace referencia Marx en varios textos, alguna vez incluyendo a profesionales liberales, pero más comúnmente limitándolas o bien a la pequeña burguesía o bien a esta en combinación con pequeños capitalistas con pocos asalariados que trabajan con sus propios medios de producción (por ejemplo muchos artesanos). Esta clase media sería una franja fronteriza y su importancia política estaría limitada, precisamente porque en contextos revolucionarios o de lucha de clases tendería a alinearse con una de las dos clases fundamentales y antagónicas. Ahora bien, la burguesía y el proletariado serían las únicas clases sociales en sentido pleno. Y esto se debería a la existencia de una conciencia de clase, a la conciencia de los intereses comunes del grupo y del antagonismo con respecto de los intereses del otro. Realidad que sería el motor del cambio social que anunciaba el manifiesto comunista. De hecho los individuos no constituirían una verdadera clase sin conciencia de sus intereses y sin sostener una lucha común contra otra clase.

Aquí se encuentra el núcleo de la diferencia entre el concepto de clase de Marx y los conceptos que a veces son despreciados como “sociológicos” por los marxistas, lo cual no puede negar su utilidad a la hora de explicar la realidad contemporánea. Esta realidad social ha cambiado y ha cambiado mucho la estructura social, siendo uno de los elementos más relevantes el crecimiento de la importancia de las clases medias, tanto en la realidad como sobretodo en el discurso, pero también el debilitamiento de la conciencia de clase entre el denominado proletariado. En este sentido, el principal error que podría achacarse a Marx es la predicción de la progresiva polarización social entre burguesía y el proletariado en los países más desarrollados que no parece haberse cumplido en el devenir histórico del siglo XX. No obstante, habría que reconsiderar esto, en el sentido de que la interpretación dicotómica de Marx sobre las clases era en su momento una proposición estratégica, una apuesta política, si se quiere, por la lucha entre el proletariado industrial y la burguesía y por la victoria del primero como la formula que podría dar lugar a una sociedad más justa e igualitaria (en cierto sentido, el discurso tan popular recientemente de “somos el 99%” frente a la élite social o la clase dominante, personificada en una burguesía moderna asociada al sector financiero, es una estrategia en el mismo sentido, algo optimista quizás). Es importante tener en cuenta la dimensión política e ideológica del concepto de clase social, tanto como el hecho de que el actual énfasis en las clases medias también responde a una estrategia política y a unos intereses de defensa del status quo, además de ser una pieza clave de la ideología dominante. Más allá de la realidad de la posición en la producción y de la comprobación estadística, las clases sociales son un elemento fundamental en la lucha ideológica, algo que entendía Marx en su contexto y que entienden perfectamente hoy las fuerzas defensoras de los privilegios de clase. En el caso de Marx, la clase obrera cubría la necesidad de un sujeto histórico que protagonizase el cambio revolucionario, una hipótesis que solo podía demostrarse en la práctica política. En el caso de la ideología neoliberal hoy, la clase media supon un discurso de legitimación del sistema y de las diferencias sociales.

Comentarios al libro Chavs de Owen Jones

El tema es bien conocido y realmente importante en la sociedad británica (y en el conjunto de Europa occidental), el desprecio a los pobres o, simplemente, a los trabajadores manuales en el marco de la opulenta sociedad de servicios. Reino Unido es una sociedad rica y al mismo tiempo muy desigual. En un contexto de crecimiento económico y de promoción social de una parte de la población, como podrían haber sido las dos últimas décadas, al menos hasta la más reciente crisis económica, es relativamente fácil difundir el discurso según el cual la posición socioeconómica de una persona responde exclusivamente a sus propios méritos. Esta es la pieza fundamental de la retórica neoliberal respecto de la estructura social. En base a ella los pobres deben su condición a la vagancia y a la falta de ambición y en última instancia son merecedores de ella, al igual que los privilegios de los ricos son los frutos de un arduo trabajo. Como consecuencia, las ayudas sociales solo sirven para generar vagos y parásitos sociales.

Para el que conozca algo de la sociedad británica, puede resultar pasmoso el eco que encuentra el discurso que acusa a aquellos que reciben subsidios de algún tipo de no querer trabajar. El tópico más común y extendido es que los numerosos embarazos adolescentes y la elevada tasa de natalidad entre las clases populares del Reino Unido son una función de las ayudas del Estado. La utilidad de este discurso ideológico parece obvia, la justificación de las desigualdades y el ataque a las políticas sociales, que vienen siendo desmanteladas desde finales de la década de los setenta por los defensores del libre mercado. Defender esta posición, aunque sea de una forma más refinada, requiere ignorar cualquier aspecto estructural y obviar cuestiones que son de sentido común, como la existencia de procesos de reproducción social, de una estructura sociolaboral y de salarios desigual, de un paro estructural, etcétera, etcétera. A esto se dedica gran parte del libro de Jones a señalar las causas materiales de la desigualdad y, especialmente, las raíces del declive de gran parte de la clase obrera en el forzado tránsito a la economía postfordista con el tacherismo y la destrucción de empleos industriales, solo compensada parcialmente por la creación de empleos precarios en el sector servicios.

La estigmatización de las clases bajas está lejos de ser una novedad y los argumentos darwinistas de la burguesía del siglo XIX tienen motivaciones similares al discurso que hoy abraza con alegría una clase media amplia. Las clases acomodadas tienden a defender el status quo y buscan justificar su posición privilegiada en la estructura social, ignorando la diferencia de oportunidades y la naturaleza injusta de la sociedad de clases. Lo que sí es realmente novedoso es el hecho señalado por el autor de que, en el contexto británico, este odio contra los pobres pueda convivir con un comportamiento exquisitamente progresista respecto de las cuestiones de género, sexualidad o raza. Y este parece ser otro de los grandes caballos de batalla del autor, poner de relieve la importancia de las cuestiones de clase y de las desigualdades socioeconómicas, aspectos ignorados no solo en el ámbito académico, sino también en el conjunto de la izquierda (y no solo en el partido laborista que tanto cita el autor), replegada desde los setenta sobre las problemáticas culturales e identitarias, campos de batalla en los que los liberales contemporáneos se sienten realmente cómodos. Una situación que habría conducido a una crisis de representación de la clase obrera y, a su vez, al cada vez más pronunciado hundimiento de los partidos socialdemócratas, que han abandonado a su suerte a las que otrora fueran sus bases electorales.