El derecho a comprar contra el derecho a la ciudad

Recientemente se ha hecho pública la creación del registro nacional de barrios populares en Argentina. Asimismo, se ha anunciado que esto inicia un proceso orientado a regularizar la relación jurídica de los habitantes con sus viviendas. A este respecto, la posición del gobierno parece decantarse claramente por favorecer el acceso a la propiedad de las familias.

En el pasado siglo, en muchos países de América Latina, se desarrollaron políticas de acceso a la propiedad en barrios nacidos de la ocupación irregular de suelos estatales. En Europa ha sido más común la entrega de títulos en edificios de viviendas públicas. El acceso a un hogar estable y regularizado debe ser un derecho perseguido por cualquier gobierno. Sin embargo, a veces se ignora que la integración social y urbanística no implica necesariamente la entrega de títulos de propiedad. Algunas de estas políticas han sido espoleadas asegurando que redundan en un aumento del patrimonio de las familias, contribuyendo a reducir la pobreza (pueden facilitar el acceso al crédito privado, por ejemplo). Por otro lado, el ánimo del agente público a la hora de promover este tipo de políticas, a menudo, más que perseguir la mejora de las condiciones de vida, busca desprenderse de una responsabilidad. La privatización de suelos y vivienda pública es una manera muy común de no desarrollar una verdadera política de vivienda.

Existen otros problemas. Si nos vamos a la experiencia internacional, la privatización masiva de viviendas públicas en el Reino Unido de Thatcher provocó en el medio plazo que, en los barrios más céntricos o mejor situados, las familias de clase trabajadora fueran desplazadas por habitantes con mayor poder adquisitivo, como resultado de la propia lógica del mercado. Por lo tanto, contribuyó a fomentar las dinámicas de segregación social que una política pública de vivienda debería combatir. Hay otros casos similares. No es descabellado pensar que esto mismo podría pasar en el caso de barrios con ubicaciones estratégicas (como la Villa 31 o la Rodrigo Bueno en Buenos Aires). Más allá de esto, la entrega de títulos de propiedad podría implicar fuertes procesos especulativos, que previsiblemente generarían grandes beneficios para agentes privados a costa de suelos públicos y ante la ausencia de mecanismos que permitan que los municipios recuperar estas plusvalías para la comunidad.

La regularización e integración de barrios como los mencionados supone una oportunidad para contribuir a una ciudad menos segregada y en la que grupos menos favorecidos puedan acceder a un recurso tan preciado como es la centralidad. Para ello existen alternativas (derecho real de superficie en lugar de propiedad, restricciones a la venta de inmuebles y otros) que permitirían evitar que, en barrios con localizaciones estratégicas, las propias dinámicas de mercado acaben desplazando a los habitantes originales, combatiendo al mismo tiempo la previsible especulación inmobiliaria.

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Virgen de los Reyes, elitización de barrios y privatización del deporte

La piscina cubierta del Centro Deportivo Virgen de los Reyes (Sevilla) lleva cerrada ya más de 3 años, lo que ha motivado recientemente la creación de una plataforma vecinal para promover su apertura y gestión pública. El incumplimiento de las empresas privadas subcontratadas ha llevado al deterioro de las instalaciones y al despilfarro del erario público. A su vez, el problema generado por la privatización se pretende solucionar y conduce a la privatización. Este círculo vicioso de mala gestión y privatización no es un caso excepcional, sino que es una forma de gestionar por parte de las administraciones, o más bien de no gestionar o de dejar de gestionar.

El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento (IMD) de Sevilla es un buen ejemplo de este extremo. El modo de operar de la empresa pública en la última década ha sido externalizar, como forma de no gestionar lo público. Esto se ha hecho cediendo la gestión de los espacios a asociaciones o individuos que supuestamente responden a la comunidad y sobre los que no siempre se tiene un control suficiente para asegurar que las instalaciones públicas sean accesibles a todos los ciudadanos y no tengan un uso privativo. La segunda opción preferida del IMD han sido las concesiones por medio siglo a empresas privadas, grandes cadenas del negocio de los gimnasios a las que se proporciona suelo y cuyas instalaciones se cuentan como dotaciones deportivas.

La localización de estas instalaciones no es inocente. En la reestructuración de la zona de Santa Justa, por ejemplo, que supuso una privatización masiva de suelos públicos, algunas de las principales cesiones de espacio para dotaciones han ido para mega-gimnasios privados. Es notorio el caso de Sato Sport sobre antiguos terrenos de la empresa pública de ferrocarriles o el más reciente Viding en medio de la zona residencial de Nueva Rosaleda. En ambos casos, dentro de un sector que antes de la construcción de Santa justa era predominantemente obrero, la construcción de zonas residenciales privadas y caras ha venido acompañada de la privatización de las dotaciones deportivas públicas. La elitización del deporte acompaña a la elitización de los barrios. Por supuesto, si se construyen las dotaciones para los nuevos vecinos, queda plantearse qué pasa con los viejos. El impacto de estos mega complejos privados no es totalmente inocua. Por un lado, una parte de la población queda excluida del servicio por una cuestión de precios. Por otro lado, los pequeños gimnasios no pueden competir y no es casualidad que hayan prácticamente desaparecido de esta zona. Finalmente, el que pueda y quiera utilizar un gimnasio no tiene más remedio que dirigirse a este tipo de instalaciones. Se genera un consumidor cautivo.

El caso de Virgen de los Reyes es similar, aunque quizás más doloso, en la medida en que no se trata simplemente de suelos públicos no construidos, sino que hay un equipamiento deportivo preexistente que ahora se quiere convertir en parte de una cadena de gimnasios privados. De nuevo, esto no es ajeno a la localización. En los últimos treinta años el norte centro histórico se ha transformado en una zona turística y de clase media y media-alta, de donde las clases populares han sido prácticamente erradicadas. Este proceso ha saltado en la última década a la primera orla del Distrito Macarena. Los arrabales históricos al norte de la Ronda Histórica ya fueron afectados por la reestructuración de la ciudad en el 92. Pero en los últimos años ha sido notable el traslado de la presión inmobiliaria incluso a los viejos barrios de bloques de pisos tan característicos del distrito, en especial aquellos más próximos al centro. Aquí, de nuevo, la elitización residencial parece justificar la elitización de las instalaciones deportivas. Sin embargo, de nuevo, no se tiene en cuenta ni a aquellos vecinos que no pueden pagarse un gimnasio privado, ni a los pequeños empresarios que pueden verse amenazados por este tipo de cadenas con las que no pueden competir.

La cuestión de fondo aquí es que los suelos y las dotaciones públicas deben dirigirse a toda la población, no a una demanda solvente, y si hay que hacer alguna diferenciación debería ser aportar dotaciones para aquellos que menos recursos tienen, en aquellos sectores más necesitados. Este tipo de políticas se dirigen en la dirección contraria, a facilitar lujosas instalaciones privadas en áreas progresivamente centrales y con vecinos cada vez más pudientes, mientras que otros se ven obligados a vivir en barrios alejados con dotaciones públicas infra-mantenidas.

La mala gestión pública, como en muchos otros casos, sirve aquí para justificar la privatización y para ocultar bajo un manto de gestión lo que son decisiones políticas. Privatizamos para que las instalaciones se deterioren y el deterioro sirve para justificar la privatización. Con esto se demuestra que la gestión pública es ineficiente y que el mercado lo hace mejor. Sin embargo, podríamos extraer otra conclusión. Si un equipo de gobierno no es capaz de gestionar lo público, debería renunciar y dejar a alguien que si esté dispuesto a hacerlo.

En El Salto: https://elsaltodiario.com/privatizaciones/virgen-de-los-reyes-elitizacion-de-barrios-y-privatizacion-del-deporte

La teoría de la renta de suelo I: El debate clásico

De la economía política clásica a los radicales de los setenta

La renta es un concepto general de la economía política clásica. Marx trabajó esta cuestión en el volumen III del capital y Engels lo hizo en sus escritos sobre la cuestión de la vivienda. En este sentido, Engels es pionero, dado que la mayor parte de los trabajos clásicos sobre la renta se basaban en la relación entre los propietarios de tierras (rentistas) y los capitalistas agrarios. El salto de esta relación a aquellas que se producen en la ciudad es bastante grande, lo que hace cuestionar hasta qué punto se puede extrapolar por completo la teoría, más con el desarrollo tan formidable que ha alcanzado todo el complejo inmobiliario financiero en el capitalismo postfordista.

En cualquier caso, en la década de los setenta, con la revitalización del marxismo dentro de las ciencias sociales, por un lado, y con la mayor atención al estudio del fenómeno urbano, el debate sobre la renta de suelo se produce en la academia a nivel internacional. Aquí tiene especial peso la sociología o la geografía radical (Harvey), de base marxistas, y en especial el trabajo de la conocida escuela francesa de sociología urbana (Topalov, Lipietz y otros). La teoría de la renta es utilizada en este contexto para explicar distintos problemas, permitiendo vincularlos a la teoría del valor y, en general, a la teoría social crítica. Estos problemas son la segregación socioespacial, el acceso a la vivienda de las clases populares, el desplazamiento provocado por la renovación urbana, la especulación inmobiliaria y otros.

En el uso que se hace del concepto, desde un punto de vista marxista, existe una crítica a las posiciones liberales o marginalistas, hegemónicas en aquel momento (como en este). Se acusa a estas últimas de analizar el mercado de la vivienda sin hacer referencia a las relaciones sociales de propiedad que están detrás de él.  El marginalismo consideraría la renta como un mecanismo de racionamiento de un recurso escaso, siendo esto una reificación mediante la cual se la considerada como pago a un factor escaso en lugar de como un pago real a personas.

Este es el típico debate propio de la década de los setenta que se va abandonando en los ochenta, conforme las posiciones materialistas pasan de moda en la academia. A esto se le añaden obstáculos importantes respecto a la medición o la demostración empírica de la renta y respecto de farragosos debates sobre los tipos renta y su aplicabilidad a tal o cual situación que no siempre fueron fructíferos. El recientemente difunto Neil Smith mantuvo un cierto interés por el tema en la década de los noventa, al partir de esta teoría para explicar los procesos de gentrificación. Asimismo, en la primera década del siglo XXI han aparecido algunos trabajos de interés sobre la renta de suelo. Harvey ha seguido produciendo algunas aportaciones originales a partir de su lectura de la teoría, como aquellas centradas en la renta de monopolio y en su papel dentro de las políticas urbanas postfordistas, creación de marca de ciudad, etcétera. Jager ha combinado la teoría de la renta con la teoría regulacionista, aplicando ideas bastante interesantes al caso de Montevideo. Por su parte, Jaramillo ha realizado una importante aportación con un volumen dedicado a replantear esta teoría en el contexto actual.

La concepción clásica de la renta de suelo

La renta de suelo es el pago exigido por la propiedad de suelo para realizar una actividad económica o un uso concreto de ella. En el modo de producción capitalista el suelo es una condición externa de la producción y la propiedad monopólica del mismo un obstáculo que se debe salvar mediante el pago de esta renta del suelo. A lo largo de la historia, este tributo ha podido adoptar diferentes formas, siendo la renta en forma de dinero la más evolucionada.

Existen diferentes tipos de renta de suelo. Aunque en el marco neoclásico se tiende a abandonar la distinción entre estos, los marxistas de los años setenta solían insistir en la necesidad de distinguirlos, dado que expresarían diferentes tipos de conflictos y estrategias de clase.

La renta diferencial es expuesta en principio por Ricardo y retomada por Marx. Surge de la mayor productividad que alcanza una actividad económica en un lugar determinado. Los mayores beneficios que obtiene aquí el industrial, pueden ser retenidos por el rentista en forma de renta diferencial. Hay dos tipos de renta diferencial. La primera surge de la mejor ubicación del suelo concreto donde se genera. La segunda de las sucesivas inversiones en un determinado suelo, que permiten aumentar la productividad.

La renta absoluta es introducida por Marx. Surge por una situación de monopolio respecto de una determinada producción. Esta situación de monopolio es posible al impedir la propiedad del suelo que entren otros competidores de la forma en quesea, permitiendo unas ganancias mayores que en la mayoría de las ramas de la producción para el capital. Esta sobreganancia es acaparada por la propiedad de la tierra

Por último, la renta monopólica surge por el sobrebeneficio de una producción monopólica. En esta, las mercancías pueden ser vendidas a precios de monopolio y parte o la totalidad de la sobreganancia de ese precio puede ser acaparada por el rentista. El origen de la renta está aquí en un precio de monopolio. El precio de monopolio implica un producto  que puede ser vendido independientemente de su precio de producción, fijado solamente por la riqueza de los aficionados  a ese producto. Esta ganancia extraordinaria de monopolio puede ser apropiada bajo la forma de renta de suelo. Aquí, Harvey distingue entre la renta monopólica generada por una producción particular, pongamos un tipo de vino (que está asociado a una determinada comarca), o bien por el propio lugar en sí (pongamos la marca Barcelona).

Diferenciar renta de monopolio y renta absoluta no es siempre sencillo y de hecho el contenido de estas categorías varía mucho, pongamos entre Topalov y Harvey. Para el primero la gran diferencia parece encontrarse en que la renta absoluta se extrae del beneficio extra particular generado por la actividad concreta que se desarrolla sobre el suelo, mientras que la renta monopólica se obtiene a partir de la plusvalía generada por el conjunto de la sociedad. Para Harvey por su parte, el precio de monopolio genera la renta monopólica, mientras que una determinada estrategia por parte de los propietarios de suelo puede generar las rentas absolutas en una determinada rama de la actividad, dando lugar a los precios de monopolio. Esto es un ejemplo. En general, especialmente en su aplicación al hecho urbano, los contenidos de las diferentes categorías pueden variar mucho según el autor.

El nuevo proyecto de Ley de rehabilitación. ¿Se pretende volver a la época del boom inmobiliario?

El gobierno del Estado ha publicado recientemente un nuevo Proyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Es esta una medida muy demandada desde el perjudicado sector de la construcción y una de las pocas iniciativas dirigidas a la reactivación económica que ha realizado un gobierno centrado en las políticas de austeridad.

La promoción de la rehabilitación ha sido una estrategia utilizada en el pasado para promover o sostener el sector de la construcción en un contexto de crisis. El caso más reciente es el primer periodo de democracia liberal en la España posfranquista. En las década de los sesenta y setenta España había contado con un importante crecimiento económico, aún en el marco de recesión global propiciada por la conocida como crisis del petroleo. Contexto en el que se fragua la importante industria de la construcción española apoyada sobre el mercado de vivienda en propiedad y el turismo litoral. No obstante, desde finales de los setenta existe una desaceleración importante que coincide con el freno del crecimiento demográfico y de los procesos migratorios del campo a la ciudad. En este contexto, las políticas urbanas se dirigen en mayor medida a la rehabilitación de la ciudad construida, con especial atención a los enclaves históricos, completamente desinvertidos a principios de la década de los ochenta.

El fomento de la rehabilitación fue bastante exitoso a la hora de mantener la industria de la construcción y su mano de obra, algo que supuso una buena base para el posterior crecimiento de la misma en los dos ciclos inmobiliario-financieros que comienzan a partir de la entrada de España en la CEE en 1986. También es notablemente exitosa la rehabilitación conseguida en los centros históricos de las grandes ciudades españolas, ligadas a la potenciación de su función turístico-comercial y al aburguesamiento residencial de los mismos. La rehabilitación ha sido por lo tanto una parte importante de los sucesivos booms inmobiliarios entre 1987 y 1992 y entre 1997 y 2007.

La nueva ley pretende fomentar la rehabilitación y la renovación urbana operada por el mercado privado, tanto de la edificación como de los espacios públicos. Una intervención en la que tendría un papel importante la adaptación de la vieja edificación a los nuevos criterios de edificación sostenible y que recaería en cierta medida sobre los propietarios particulares y las comunidades de vecinos. Todo esto, implica un intento de restablecer uno de los elementos del anterior boom de la construcción, de forma similar a lo que hace la Ley de costas con la edificación de residencias para el turismo de sol y playa. Es obvio que para el actual gobierno resulta deseable un regreso al ciclo expansivo altamente especulativo que nos condujo a la actual depresión económica. Probablemente es deseable también para una parte importante de la población, que encuentra en esta posibilidad su principal esperanza de volver a la sociedad parcialmente opulenta que dejó atrás en 2007. No obstante existen serias dudas sobre la posibilidad de que esto sea factible.

En primer lugar, sigue existiendo un stock importante de vivienda vacías y sin vender, en diferentes modalidades y distribuidas por todo el territorio nacional. Ahora bien, el derribo de esas mismas viviendas puede ser una parte de la actividad constructora que se pretende fomentar, con el objetivo último de generar la escasez que permita al mercado volver a funcionar. En segundo lugar, existen serios obstáculos a una revitalización de la demanda, en la medida en que la demanda interior se ha visto y se va a seguir viendo seriamente castigada por la prolongación en el tiempo de elevadas tasas de desempleo, los recortes que afectan a los salarios indirectos y el saldo migratorio negativo. Asimismo, la demanda exterior encuentra sus limitaciones en la dimensión internacional de la crisis económica, que afecta inevitablemente a los clientes tradicionales (RU, Alemania y Francia), mientras que los nuevos mercados para el turismo y las segundas residencias (China o Rusia) por el momento no alcanzan a sustituir a los viejos. En tercer lugar, gran parte de la rehabilitación más rentable, en los enclaves históricos de las grandes ciudades, ya se ha llevado a cabo en los ciclos anteriores. Aunque todavía existan sectores degradados potencialmente atractivos para la inversión, estos siguen dependiendo de la existencia de una demanda. Así, la rehabilitación y adaptación a criterios de eficiencia ecológica afectaría en primer lugar a bolsas de infravivienda y comunidades de residentes en sectores urbanos afectados por cierta obsolescencia, graylands, que inevitablemente requerirían de importantes ayudas públicas que el gobierno está muy alejado de querer otorgar. Finalmente, el boom inmobiliario español, con sus desastrosas consecuencias por todos conocidas, se desarrolló en un contexto muy concreto y difícilmente repetible. Cualquier salida que pueda tener la crisis obliga a tomar otros caminos, sin que estos aseguren en absoluto el volver a la época de bonanza anterior.

Políticas del lugar. Empresarialismo urbano y rentas de monopolio.

Dentro del marco general de su materialismo histórico-geográfico, en el libro Espacios del Capital, David Harvey profundiza en algunos aspectos, ya introducidos en otras obras, referentes a la renovada importancia económica y política de lo local y del lugar en el capitalismo posterior a la crisis de los setenta. Por un lado retoma la cuestión de las nuevas políticas urbanas y, en concreto, el concepto de gobernanza y el paradigma de la ciudad emprendedora, aparentemente desideologizados y asumidos de forma acrítica desde la segunda mitad de los ochenta por los políticos de distintas geografías e ideologías. Por otro lado el concepto de rentas de monopolio, en una nueva apuesta por analizar el giro cultural desde una perspectiva estructuralista. Ambos conceptos, ciudad emprendedora y rentas de monopolio apuntan a la revalorización de lugar en el contexto postfordista. El primer término refleja como ciertos tipos de actividad económica están fuertemente localizados y como las características de lo local son tremendamente importantes en el contexto neoliberal de competición feroz por los recursos. El segundo apunta como la lógica de acumulación del capital tiene modos de apropiarse y extraer los excedentes producidos por las variaciones culturales geográficas, sea cual sea el origen.

El paradigma de la ciudad emprendedora

El interés de las nuevas políticas urbanas y el nuevo significado de la ciudad en el capitalismo posterior a la crisis de los años setenta es uno de los grandes temas de Harvey, especialmente a partir del cierto quiebro que se produce en su obra con el libro La Condición de la Postmodernidad. Si bien la cuestión de la gobernanza, como una forma de gobierno local con dimensión estratégica en la que cooperan todo un conjunto de agentes públicos y privados, es un tema tratado por diferentes autores (los trabajos de los geógrafos Bob Jessop y Peter Hall son recomendables en este sentido), la particularidad de Harvey quizás sea su posicionamiento inequívocamente crítico y la asociación que realiza de estas fórmulas con los intereses de acumulación de capital. Esto frente a otros autores, a menudo declaradamente de izquierdas, que se empeñan en ver en la nueva gobernanza la búsqueda de fórmulas de gestión de la ciudad más democráticas a la vez que eficientes.

Existe consenso en situar el origen de este cambio de orientación en las políticas locales de la segunda mitad de los ochenta y en vincularlo al declive del régimen de acumulación fordista-keynesiano. Para Harvey la crisis fiscal de muchas grandes ciudades occidentales en los setenta (generalmente utiliza el ejemplo de la quiebra de Nueva York) permitió que a mediados de los ochenta existiera un consenso a propósito de que las administraciones debían ser muchos más innovadoras y emprendedoras. Esto habría implicado el paso de una lógica de administración de impuestos locales y acción redistributiva mediante servicios públicos y subsidios al paradigma de la ciudad emprendedora. Como resulta evidente, este cambio de la política pública es el resultado de la progresiva implantación de la hegemonía del pensamiento político neoliberal. Así, la profundización en una economía globalizada y sin barreras generaría un marco de competición entre las ciudades por conseguir recursos, trabajo y capital. Las ciudades lucharían entre sí por mejorar su posición en la división internacional del trabajo y del consumo generando infraestructuras, eventos, espectáculos, imágenes de marca, etcétera. Todo esto, por lo general, a cargo inversiones con un importante peso del capital público (instrumentalizado para asumir la mayor parte de los riesgos) donde los beneficios irían a parar en gran medida a manos privadas.

Harvey desarrolla tres proposiciones generales sobre lo que (en la edición española de Akal) se denomina “empresarialismo urbano”, como patrón de comportamiento predominante en la nueva gobernanza urbana. En primer lugar, tendría como pieza central la noción de paternariado público-privado, que representarían el tránsito de un gobierno local que pasa de cumplir una función de redistribución de la riqueza (en el marco fordista-keynesiano) a ser promotor y soporte de los emprendimientos privados. En segundo lugar, señala la dimensión consustancialmente especulativa de los proyectos diseñados desde este tipo de políticas “estratégicas” (recordemos los muchos estadios olímpicos infrautilizados) en contraposición a la racionalización y planificación en la construcción de ciudad. Por último, Harvey señala como estas políticas tienden a centrarse en el lugar en vez de en el territorio. El territorio sería el ámbito de la planificación racional, mientras que en los proyectos estratégicos del urbanismo emprendedor, se tiende a la construcción de lugares (centros cívicos, museos, plaza) confiando en un efecto sobre el entorno que es muy cuestionable en la escala territorial.

Rentas de monopolio y capital simbólico colectivo

En el libro Urbanismo y Desigualdad Social, en la década de los setenta, Harvey comenzaba a tratar la cuestión de la renta urbana, que posteriormente desarrollaría en sus obras más estructuralistas, The Limits to Capital y The Urbanization of Capital. En el primer texto mencionado, siguiendo a Marx, Harvey diferenciaba renta de monopolio y renta absoluta, ganancias obtenidas por los propietarios del suelo como compensación por el control de ciertas porciones del espacio. En el primer tipo, la existencia de precios monopolistas de la producción generaría la renta, mientras que en la segunda, sería la renta la que permitía generar dichos precios monopolistas. Sin embargo, en el más reciente Espacios del Capital, Harvey pasa a hablar exclusivamente de rentas de monopolio, como ganancias suplementarias permitidas por el control en exclusiva de un artículo único e irreproducible, es decir por el monopolio sobre dicho artículo. Estas ganancias suplementarias se producirían a su vez en dos situaciones, equiparable a los dos tipos de renta anteriormente mencionados. La primera, cuando el rentista controla un recurso (por ejemplo, el suelo) que en relación con una actividad económica genera ganancias extraordinarias (Harvey pone el ejemplo de cierto viñedos asociados a ciertas comarcas). La segunda, cuando se comercializa el suelo o recurso (un cuadro, por ejemplo) directamente con un valor suplementario en base a su singularidad o emplazamiento generando ganancias especulativas. En base a esta cuestión el autor explica desde el punto de vista de la producción la mercantilización de la cultura y del lugar (como depositario por excelencia de la cultura, pensemos en los centros históricos), precisamente lo que otros muchos autores tratan desde el punto de vista del consumo, utilizando a Bourdieu, y refiriendo la categoría de capital cultural en su versión de acopio de bienes que garantizan la distinción y el buen gusto, entre los cuales uno de los más relevantes es la vivienda y su localización, por su puesto. De esta forma, las reivindicaciones de singularidad, autenticidad, particularidad y especialidad determinarían la capacidad para captar rentas de monopolio y un terreno óptimo para ello serían los entornos sociales y culturales construidos.

La búsqueda de rentas de monopolio y el incremento del capital simbólico colectivo de la ciudad sería una de las estrategias clave del empresarialismo urbano. Los proyectos de creación de lugares, con elevado carácter especulativo y con un fuerte peso del capital inmobiliario, se dirigirían en gran medida a generar este tipo de rentas. En su búsqueda de beneficios, el capitalismo buscaría generar rentas de monopolio en lugares específicos, basándose en las virtudes geográficas (físicas y humanas), en la especifidad de una mercancía (mercancía-lugar) certificada por un nombre o marca. Pensemos en los ejemplos del barrio del Pelourinho en Bahía, Condesa en México DF o el esperpéntico Palermo Hollywood, en la que el nombre de un barrio (a veces travestido) se transforma en marca comercial. Esta oleada fetichizadora de las culturas locales encuentra pocos límites. Así, la marginalidad o el carácter contracultural de determinados estilos de vida y significados estéticos locales (los gitanos de Jeréz, las comunidades negras de Nueva Orleans o los gays de San Francisco) pueden acaban siendo las mejores oportunidades de mercantilización del lugar y comercialización de la cultural. Este tipo de comunidades arraigadas en el espacio produciría lo que Harvey, siguiendo de nuevo a Bourdieu, refiere como “capital simbólico colectivo”, que proporciona una marca distintiva vinculada al lugar, al barrio y o a la ciudad, susceptible de atraer flujos de capital.

Sin embargo, esto no se encuentra exento de contradicciones y: “cuanto más comercializables se vuelven dichos artículos, menos singulares y especiales parecen. En algunos casos, la propia comercialización tiende a destruir las cualidades singulares…en la medida en que dichos artículos o acontecimentos son fácilmente comericalizables (y están sujetos a reproducción mediante falsificación, imitación o simulacros), menos base ofrecen para la renta de monopolio” (p. 419). Es por esto que, a menudo, cuando visitamos el viejo barrio histórico rehabilitado y mercantilizado, para el cual se reivindica precisamente la mayor singularidad y autenticidad, si rascamos un poco

La teoría de la solución espacial de Harvey

La mayor parte de la obra de David Harvey se ha dedicado a establecer las bases de lo que él denomina materialismo histórico-geográfico. En sus obras más conocidas, el autor señala la escasa atención que prestó Marx al espacio e intenta compensarlo, para lo que parte de sus textos originales y el método dialéctico. De las aportaciones realizadas por el autor en este sentido, una de las más conocidas es la teoría del ajuste o solución espacial a la crisis (spatial fix).

Aunque esta teoría se desarrolla fundamentalmente en su obra Limits to Capital, algunos elementos de la misma ya empiezan a intuirse en su obra anterior Urbanismo y Justicia Social (mucho más difundida en el ámbito hispanoparlante). De hecho la primera, en gran medida, se dedica a desarrollar aspectos de la teoría histórico-geografía introducidos en la segunda. En Urbanismo y Justicia Social, Harvey explica las ciudades en términos materialistas como una concentración geográfica de un producto social excedente, que en la sociedad capitalista sería el plusvalor. En las economías precapitalistas, la ciudad habría funcionado como un lugar de utilización de plus-producto a través de la arquitectura monumetal, siendo la versión moderna y capitalista la inversión de excedente en nuevos medios de producción y en la construcción de ciudad (en gran medida medio de producción), a menudo mediante un consumo de recursos despilfarrador y superfluo. Así, el proceso social del urbanismo requiere la articulación de una economía espacial suficientemente extensa como para facilitar la concentración geográfica del excedente (el puerto y su hinterland o la metrópolis y sus colonias, por ejemplo) lo que implica que la integración espacial de la economía y la evolución del urbanismo están inextricablemente relacionados.

En este punto Harvey utiliza a Lefebvre, para el cual la urbanización llega a dominar en el momento actual a la industrialización. El sociólogo francés realiza una distinción entre dos circuitos de circulación de plusvalor. Un primer circuito de actividad industrial y un segundo circuito de creación y extracción de plusvalor por la especulación con los derechos de propiedad y de los intereses procedentes de desembolsos anteriores en forma de inversiones de capital fijo. En su libro La revolución urbana Lefebvre afirmaba que la tendencia era a que el plusvalor formado y realizado en la especulación y mediante la construcción inmobiliaria superase al de la producción industrial. Es decir, el segundo circuito, formado por un conjunto de inversiones en capital fijo y construcción de ciudad, tiende a suplantar al principal.

El análisis del circuito secundario de circulación sería un elemento clave en la siguiente obra de Harvey, con un papel fundamental en el ajuste/arreglo/solución espacio-temporal. Aquí, de nuevo, el problema central es la tendencia a la crisis del capitalismo y el papel que podría jugar el circuito secundario de circulación y otras estrategias espaciales en prorrogarla. Según la teoría marxista el capitalismo tiende a generar crisis de sobreproducción en las cuales las posibilidades de inversión rentable se agotan, lo que conduce a una destrucción del capital existente mediante su devaluación o mediante la infrautilización de la mano de obra (desempleo). Frente a esto, las soluciones espaciales serían en principio dos, la reorganización espacial de un territorio o región económica y la exportación del capital y el trabajo sobrantes más allá de la región en la que se han generado. En el primer caso la solución pasa por inversiones a largo plazo en capital fijo e inmóvil (segundo circuito de acumulación) para facilitar la movilidad de otros capitales. Así, las inversiones en infraestructuras espaciales tienen la función de comprar tiempo, evitando la crisis de acumulación a un cierto plazo. Por supuesto, las infraestructuras de larga vida no devuelven su valor a la circulación hasta muchos años después, por lo que resulta en una estrategia dirigida por el Estado. Como afirmaba Topalov en La Urbanización Capitalista el capital privado no invierte en empresas que no incluyan condiciones de rentabilidad, lo que empuja a que el finaciamiento de las infraestructuras urbanas sea público o bien a que el Estado asegure las condiciones de rentabilidad. El segundo ajuste espacial haría referencia a una transformación externa que evita la destrucción de capital propia de la sobre-acumulación mediante la exportación de capital, mercancías y trabajo sobrante, al menos durante un periodo de tiempo, a otras regiones. Esto implica una expansión y reestructuración geográfica del mercado capitalista cuyo caso más notorio es el imperialismo de las potencias más desarrolladas con respecto a las economías periféricas. Harvey refiere también un ajuste temporal, que implicaría un desplazamiento temporal (hacia el futuro) de la crisis mediante el crédito y las financias. El crédito permite tanto las inversiones a largo plazo como la exportación de capital, mercancías y trabajo a zonas con falta del mismo.

Como se puede observar, el término ajuste (fix, que significa también fijar en inglés) se utiliza en dos sentidos. En primer lugar, en un sentido literal, como fijación durable del capital adoptando una forma física (capital fijo). En segundo lugar, un sentido metafórico, como solución temporal basada en estrategias espaciales que enfrentan las tendencias específicas a la crisis. Una crisis que solo puede evitarse por un tiempo, pudiendo ser el ajuste eventualmente un efecto engrandecedor de la misma, algo que hemos experimentado en la reciente crisis financiera de los países postindustriales. Las soluciones espaciales generan sus propios problemas.

Releyendo “Urbanismo y Desigualdad Social” de David Harvey

 Harvey es probablemente el geógrafo vivo más reconocido. Teórico brillante y marxista declarado, su influencia se extiende mucho más allá de la geografía, hacia el conjunto de las ciencias sociales, siendo un referente fundamental para los estudiosos de la ciudad desde un enfoque crítico. Urbanismo y desigualdad social, publicada por primera vez en 1973, es una de las obras clave del autor, especialmente conocida por presentar la ruptura del geógrafo con los planteamientos neopositivista, predominantes hasta ese momento en el ámbito anglosajón, y sustituirlos por un enfoque marxista. De esta forma, el libro se convirtió rápidamente en una obra paradigmática, que abanderó el cambio de posición epistemológica de muchos científicos sociales en la década de los setenta, durante el auge de las ciencias sociales críticas y de la geografía radical. Valga decir también que muchos de estos científicos, que abrazaron el marxismo en los efervescentes años setenta, volverían a los discursos del status quo en los conservadores años noventa, no siendo este el caso de Harvey.

Aunque se trata de una recopilación de varios artículos cuya lectura independiente es factible, uno de los aspectos más llamativos de la obra es su particular estructura, dividido en dos partes bien diferenciadas que responden a planteamientos liberales y planteamientos marxistas de la misma problemática. En la primera parte Harvey trata sus grandes preocupaciones epistemológicas sobre el espacio y la justicia social en la ciudad partiendo de los planteamientos típicos de las ciencias sociales neopositivistas. Predominan entonces los presupuestos marginalista, girando el problema en torno al efecto de las externalidades en la distribución de la riqueza y las posibilidades de alcanzar el óptimo de Pareto en el mercado de suelo, planteandose en última instancia las formas en que el Estado puede intervenir para mejorar la distribución de la riqueza.

El capítulo tres, Teoría Revolucionaria y Contrarrevolucionaria en Geografía, supone el punto de inflexión de la obra que da paso a los planteamientos marxistas. Un texto muy conocido en su forma previa como artículo publicado en la revista Antipode en inglés y en Geocrítica en castellano. Aquí, apoyándose en la conocida obra de Kuhn sobre las revoluciones científicas, plantea su particular revolución contra el neopositivismo en Geografía. Desmintiendo el carácter supuestamente objetivo de la ciencia cuantitativa, el autor acusa a este tipo de teorías de suponer fundamentalmente una defensa del status quo y de estar impregnadas de ideología y de intereses políticos. Frente a esta ciencias plantea la necesidad de construir una teoría revolucionaria tomando como base el marxismo. Así, a la inspiración que muchos geógrafos urbanos encontraban en la Escuela de Sociología de Chicago, Harvey contrapone los tempranos y avezados trabajos de Engels sobre la ciudad de Manchester.

Los dos capítulos siguientes están plenamente integrados en la teoría marxista. El primero de ellos comienza planteando la diferencia entre valor de uso y valor de cambio como la base fundamental para analizar el mercado de suelo urbano, desechando el neoclásico concepto de utilidad, y disecciona las particulares características del suelo como mercancía haciendo énfasis en su carácter monopolista. A continuación realiza una revisión exhaustiva del análisis microeconómico de los agentes del mercado de suelo desde unos planteamientos marxistas. Estos análisis eran bastante comunes en este momento, y el capítulo en general recuerda mucho a otros autores de la época como Topalov o Castells. El capítulo acaba con una análisis de la renta, en la cual el autor ubica el factor determinante de la distribución de los usos del suelo en la ciudad capitalista. El capítulo siguiente se apoya en mayor medida en Polanyi y en sus planteamientos sobre los modos de regulación histórica, que sirven a Harvey de hilo conductor para examinar la relación de la forma urbana con la acumulación de excedente a lo largo de la historia y las formas de circulación espacial que adopta el capital.

En el capítulo final el autor retoma las principales ideas tratadas a lo largo del libro para realizar diversas aclaraciones sobre los planteamientos teóricos y sobre su concepto de ciudad, haciendo una animada reivindicación del estructuralismo como enfoque epistemológico. En las últimas páginas el autor se dedica a contrastar sus análisis con las ideas de Lefebvre, autor al que sin duda debe mucho esta obra, y termina replanteando la idea de este último autor sobre los dos circuitos de acumulación de capital. Esta teoría sería desarrollada con mucha mayor amplitud en su siguiente obre The Limits of Capital, siendo quizás una de las mejores aportaciones teóricas de este brillante geógrafo.

En definitiva, una obra fundamental para comprender tanto al autor como a la geografía moderna, que a pesar del tiempo pasado desde su primera publicación sigue teniendo la capacidad de aportar claves fundamentales para comprender el fenómeno urbano.