Quiero volver sobre algunas cuestiones que se han esbozado en la entrada anterior (Montevideo. Ciudad Vieja, Ciudad Nueva). El caso de Montevideo plantea algunas cuestiones realmente interesantes a propósito de la recualificación de los centros históricos. De forma excepcional, el programa de cooperativas de vivienda parece ser una apuesta por la revitalización de la Ciudad Vieja, manteniendo la función residencial para las clases populares. Si este fuera el único vector de cambio podríamos estar hablando de una revitalización de un barrio histórico, céntrico y demandado, sin gentrificación. No obstante, este extremo es muy discutible.
En el pasado contexto de crecimiento económico y, sobretodo, de hegemonía neoliberal en la política urbana, pareció existir una aceptación tácita de que la recualificación y la renovación de zonas históricas degradadas de carácter popular implicaba su gentrificación, el desplazamiento de la población humilde y su sustitución por clases medias. Esto no ha sido algo exclusivo de Europa y EEUU. Las grandes ciudades de Latinoamérica han sufrido procesos semejantes. Si bien, en estas últimas, parece haber primado la tematización de los barrios históricos sobre el aburguesamiento de antiguos sectores populares. En mi opinión esto ha sucedido, más que por la falta de clases medias (que las hay), por la mayor parálisis que provoca el miedo al delito y a los pobres en este ámbito geopolítico (probablemente con cierta razón). En cualquier caso, el resultado ha sido, en muchos casos, la transformación del típico barrio viejo en enclave comercial, parada en el recorrido turístico dispuesto para el consumo. En este sentido, es curioso que la revitalización haya pasado generalmente por la destrucción de toda vida y su sustitución por una simulación. El caso del Pelourinho quizás sea el más paradigmático de Sudamérica, aunque no el único. El caso de la Ciudad Vieja bien podría ser otro y sin embargo no lo es, al menos todavía o en el mismo grado que el primero. Todas las características que presentaban los barrios que han sufrido fuertes procesos de gentrificación en el mundo hispanoparlante concurren en el centro de Montevideo: es un sector histórico con una inmensa carga patrimonial y una fuerte identidad en el conjunto de la urbe; es un espacio residual, castigado, vaciado y reservado para un mejor contexto de intervención; el perfil predominante entre sus vecinos es el de una población humilde, en algunos casos marginal, con predominio de inquilinos y con no pocos ocupantes irregulares, fácilmente desplazables. Y sin embargo no se gentrifica. Pero si se renueva. Poco a poco. Bloque a bloque
Uruguay tiene una rica tradición de cooperativismo por ayuda mutua y propiedad colectiva. Son decenas de miles las familias que viven en este particular régimen, impensable para un europeo occidental, y que así han accedido a lo que ni el mercado ni el Estado les proporcionaban. A finales de los ochenta, vecinos de Ciudad Vieja empezaron a plantearse utilizar esta fórmula en el centro de la ciudad, reciclando edificios en lugar de construirlos ex- novo. Contaron con la colaboración y el empuje de técnicos con experiencia en construcción por ayuda mutua, que empezaban a ver la necesidad de volcarse en la rehabilitación de la ciudad consolidada. Contaron también con la voluntad política del gobierno municipal, primer gobierno de izquierdas tras la dictadura, a principios de la década de los noventa. Este dispuso parcelas y edificaciones de propiedad pública para desarrollar las cooperativas y en 1998 se terminó COVICIVI1. 32 viviendas bajo el lema del freno al desplazamiento de las clases populares y a la decadencia de la edificación y el patrimonio. Pronto, el gobierno estatal, en sus planes de vivienda, incluyó este tipo de intervenciones como línea de trabajo. Hoy son más de dos decenas las cooperativas de vivienda en Ciudad Vieja, terminadas, en construcción o en proyecto, y se expanden a otros barrios históricos degradados.
Esta cuestión viene a colación porque los edificios están siendo rehabilitados por población humilde. Inquilinos que vivían previamente en el barrio (al menos en las primeras cooperativas) y, casi en su totalidad, de extracción humilde, con gran peso de los oficios manuales. Con este tipo de proyecto, las clases populares no están siendo desplazadas para que la especulación haga su trabajo y tampoco están siendo realojados en una vivienda periférica. Están viviendo dignamente en el barrio y manteniendo este vivo y digno a su vez. Así, difícilmente la Ciudad Vieja podría transformarse en un parque temático o en un barrio burgués.
No obstante, COVICIVI también plantea dudas. En primer lugar, el sistema cooperativo no vale para los grupos más pobres. Vecinos antiguos y pobres o incluso marginales, no han podido integrarse en las cooperativas existentes por falta de ingresos, de capital cultural o de una mezcla de ambos. Estos han sido relocalizados en la periferia por la administración pública. Se ha dado el caso de cooperativas creadas con grupos vulnerables de la zona, incluidas prostitutas (COVIFU), que han fracasado por la insolvencia económica de los miembros. Respecto a esto, el hecho de que las viviendas ocupadas desalojadas vuelvan a ser reocupadas y deban ser tapiadas para evitarlo, o que los realojados en la periferia traten de regresar al barrio en situaciones de alojamiento precario, demuestra que hay una voluntad de permanencia por parte de grupos económica y socialmente marginales que no es satisfecha con la fórmula de las cooperativas. En segundo lugar, cabe la posibilidad de aburguesamiento de las cooperativas. El sistema de ayuda mutua es un obstáculo para las clases medias a la hora de entrar en el grupo inicial en este tipo de proyectos, pero pueden costear su ingreso en la medida en que surjan vacantes a posteriori (se han dado casos). También se están incrementando las cooperativas que no implican este modelo, es decir, que subcontratan la construcción. Esto, unido al incremento de los precios del suelo y de los costes de edificación para las cooperativas, podría conducir a un cierto aburguesamiento de los cooperativistas. En este sentido, en las cooperativas el tope máximo de ingresos es poco relevante, no hay una voluntad de utilizarlo para excluir grupos con mayor poder adquisitivo. Finalmente hay que considerar la posibilidad de estar focalizando casos con un peso relevante pero con una capacidad de expansión limitada mientras el resto del barrio sufre procesos radicalmente diferentes. Las dimensiones del proceso cooperativo en el centro, con los actuales precios del suelo, no son comparables a las que podría tener un mercado de la vivienda privada y libre dirigida a grupos con elevado poder adquisitivo en un futuro próximo.
Respecto de la gentrificación, la iniciativa de las cooperativas de vivienda en Ciudad Vieja parece tener una doble condición. Por un lado es una fórmula que, reproducida en dimensión suficiente, podría asegurar la existencia de un centro vivo y popular, independientemente de la revalorización del espacio o de la explotación de su potencial turístico. Por otro lado, puede ser vista como cabeza de puente de la inversión inmobiliaria y bisagra con las clases acomodadas, palanca de la revalorización generadora de expectativas sobre el barrio que quizás acabe contribuyendo a generar efectos contrarios a los que en principio se declaraban. La solución a este dilema no es sencilla. La crítica tampoco quita valor al caso, del que muchas administraciones podrían aprender. Quizás, incluso la propia administración de Montevideo podría aprender de sí misma. No hay nada más insulso y monótono que otro barrio histórico convertido en mausoleo o en zona de copas. La copia, el producto en serie, es lo más opuesto al espacio con identidad, historia y carácter. La transformación del segundo en lo primero, al largo plazo, ni siquiera beneficia los mezquinos intereses en base a los cuales opera el inversor privado. La administración debe afrontar no solo los posibles beneficios económicos inmediatos, también los riesgos que entraña la recualificación de Ciudad Vieja.
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