Consejos para el mantenimiento del Centro Social

Este mes de abril de 2013 abrió sus puertas el centro social La Soleá en el barrio de San Pablo. En la ciudad de Sevilla, durante la década anterior han tenido cierta relevancia los centros sociales okupados y autogestionados (CSOAs), inmersos en su mayor parte en lo que ha venido a denominarse fenómeno okupa y que tuvo su mayor repercusión social en la década de los noventa. Este nuevo centro social debe entenderse en parte como herencia del mismo, al tiempo que rompe con determinadas tendencias desarrolladas hasta ahora. Por un lado, parte de la ocupación de un espacio abandonado por sus propietarios y fuertemente deteriorado, entrando en la lógica del reciclaje de instalaciones en desuso, además de apuntar modos de gestión ya suficientemente experimentados: órgano soberano en la asamblea y autogestión del espacio. Por otro lado, no parte de un grupo de jóvenes de tendencia libertaria que ocupan en el centro de la ciudad, sino de una asamblea de barrio, de carácter heterogéneo, que lleva un año y medio desarrollando una labor social y política en un polígono periférico e inconfundiblemente obrero de la ciudad. En este marco, no es baladí ordenar algunas de las lecciones que se han podido aprender en el ámbito de la creación y gestión de centros sociales, con la esperanza de que puedan ser de utilidad a las personas que se enfrentan a la aventura de llevar un proyecto de estas características a cabo.

Desmitificar los centros sociales

Para empezar, creo que una labor hasta cierto punto necesaria es la de desmitificar los centros sociales. Esto es así, porque en la época de mayor relevancia de los CSOAs, entre la gente vinculada de una forma u otra a ellos, se ha tendido a una cierta mistificación de este tipo de espacios e incluso a la generación de cierta ideología de la okupación, con sus discursos, anatemas y patrones estéticos, que no siempre ha sido beneficiosa. Los centros sociales no han de ser de una determinada manera, pueden adoptar muchas configuraciones y, precisamente, estas están relacionadas con el contexto en el que se desarrollan.

Los centros sociales han sido una herramienta útil de los movimientos sociales desde mucho antes de los años ochenta. El ejemplo más relevante es sin duda el caso de las asociaciones de vecinos en el periodo de la Transición, que aún hoy cuentan con una vasta red de espacios de actividad. Estos locales, a menudo eran cedidos o alquilados, pero en otras ocasiones eran ocupados para ser legalizados posteriormente, aunque aún podemos encontrar casos de viejas instalaciones que siguen en una situación irregular, incluso en Sevilla. También hay ejemplos más lejanos, como serían las tabernas obreras en el periodo anterior a la Guerra Civil: espacios de encuentro de las clases trabajadoras que, en nuestro ámbito geográfico, tendrían tanta importancia para el movimiento anarcosindicalista. Los centros sociales okupados y autogestionados entre finales de los ochenta y principios del siglo XXI son otro ejemplo, asociado a una juventud contracultural nacida de la Transición, que se volcaba en crear algunos de los pocos espacios fuera del consenso de la democracia liberal y de la deriva conservadora de la sociedad en los años del boom inmobiliario. Finalmente, puede que las ocupaciones que se están desarrollando, a raíz del panorama posterior al 15M supongan una nueva fase en el uso de este instrumento. En cualquier caso, todos los ejemplos mencionados coinciden en instrumentalizar una infraestructura física y localizada para la lucha política, lo cual ha demostrado ser muy útil en diferentes sentidos.

Actualmente, en la ciudad de Sevilla, conviven centros sociales de muy diverso carácter. Muchos locales de asociaciones de vecinos han acabado convirtiéndose en simples bares mientras otros han mantenido una actividad, más o menos variada, prestando servicios a la comunidad (talleres, cursos, biblioteca, guardería, etcétera). No obstante, en términos generales, han acabado siendo extremadamente dependientes de las subvenciones de la administración pública, de tal forma que es cuestionable hasta que punto podrían seguir funcionando si estas desaparecieran (algo tan factible en este contexto). Por su parte, los CSOAs más claramente indentificados con el movimiento okupa han tendido a funcionar como proyectos autogestionarios desarrollados por colectivos declaradamente libertarios y politizados, partiendo de una completa autonomía con respecto a cualquier institución. A pesar de la gran diferencia entre el primero y el segundo, en ambos modelos se han dado casos en los se ha podido acabar conformando espacios muy cerrados y dirigidos a la autoafirmación de un grupo muy restringido de activistas. Además, en los CSOAs locales, el rechazo a mantener cualquier trato con la administración pública ha terminado generalmente con el desalojo del espacio, a pesar de lo cual algunos han podido desarrollar su actividad durante mucho tiempo (el de San Bernardo lleva ocupado 9 años) y otros han intentado convertir el propio desalojo en una acción de desobediencia política con sentido en sí misma (CSOA Casas Viejas).

Generalmente, todos los espacios han buscado que un sujeto amplio, más allá del grupo que inicia el proyecto, se apropiase del espacio. En el caso de los espacios ocupados esto es clave, dado que es lo que en mayor medida justifica y legitima la toma del edificio. En el caso de los locales de las asociaciones de vecinos el sujeto amplio lo conformaban, como resulta lógico, los vecinos del barrio. En el caso de los CSOAs ha sido por lo general un colectivo más o menos grande de jóvenes y jóvenes adultos, con tendencias contraculturales y procedentes de distintos puntos de la ciudad. Otros centros sociales no encajan por completo en su estrategia en ninguno de estos dos modelos. Por ejemplo, en el Huerto del Rey Moro (barrio de San Julián), el reducido grupo de activistas que inició el proyecto ocupando un solar abandonado en 2004 (más próximo al perfil de joven contracultural que frecuenta los CSOAs), tras muchos años, consiguió dejar de ser necesario y que fueran los vecinos los que gestionasen un enclave que hoy cuenta con una enorme actividad, aunque esto ha supuesto que el espacio se haya acabado convirtiendo en una infraestructura despolitizada y muy alejada del proyecto de sus primeros promotores. El Centro Vecinal del Pumarejo parte de un grupo ciertamente heterogéneo en cuanto a edades y procedencias y con una aspiración clara de integrar al vecindario tradicional. Sin embargo, probablemente, su mayor éxito ha consistido en la atracción de un colectivo amplio de tendencias políticas alternativas y no necesariamente residente en el entorno inmediato del local. También ha habido diferencias con respecto de la participación en las instituciones o a los objetivos para con el espacio. De nuevo, el Huerto del Rey Moro consiguió varias concesiones de la administración local y tiene una situación hoy bastante normalizada. Por su parte, uno de los grandes hitos del Centro Vecinal del Pumarejo fue la expropiación del edificio por parte del Ayuntamiento, a pesar de lo cual, hoy, varios años y un cambio de gobierno después, se encuentra amenazado de desalojo.

Todos los casos han tenido sus propios problemas y sus aciertos. Con esto quiero señalar que no existe un único modelo y es necesario experimentar en función de nuestras expectativas, siempre partiendo del sentido común y del conocimiento de la realidad a la que nos enfrentamos, que varía tanto como puede variar el tipo de barrio, el tipo de edificio tomado o el grupo que inicie la actividad.

La necesidad de definir un modelo consciente

En Sevilla son conocidos los beneficios que han proporcionado los centros sociales. En primer lugar, han sido infraestructuras de una utilidad evidente para los movimientos autogestionarios, proporcionado soluciones a las necesidades de espacio de reunión o a la hora de realizar actividades para generar una caja de resistencia o similares. En segundo lugar, han ofrecido posibilidades a la hora de desarrollar proyectos de colectivos políticos concretos, ya que las ideas solo se pueden materializar en el espacio y para hacerlo hay que controla un ámbito concreto (el centro social es la mínima expresión de esto). Por último, como espacio de confluencia, los centros sociales han sido a menudo un faro para gente con inquietudes que no encontraba donde volcaras o espacios de consenso para grupos diversos. No obstante los centros sociales se encuentran también amenazados por derivas poco recomendables.

La imposición de un modelo rígido desde un principio, y más de un modelo ideologizado y que no tenga en cuenta el contexto real en el que se encuentra, suele conducir a tremendas frustraciones por parte de los activistas. A pesar de esto, hay determinadas cuestiones que hay que definir y es mejor hacerlo pronto que tarde, siempre tendiendo en cuenta que son aspectos que se pueden reconsiderar más adelante. Es conveniente definir qué estrategia se va a llevar con el centro social. Qué objetivos se van a plantear para con el mismo y cómo se va a conseguir llevarlos a cabo. A este respecto es común que surjan los temas sobre si se pretende que alguna administración expropie, si se va a intentar buscar un convenio de cesión con la propiedad, o si por el contrario se parte de la inevitabilidad del desalojo y se pretende sacar el mayor partido mientras dure. Esto va a condicionar mucho el tipo de relación que se pretenda tener con una diversidad de agentes, como son la administración, la propiedad, el tejido asociativo de la zona o incluso los medios de comunicación.

Igualmente importante es definir cómo va a ser la organización interna del espacio, lo cual depende mucho de QUIÉN forma el centro social. Un centro social puede ser el espacio de un colectivo político que existía previamente y que pretende perpetuarse más allá de la vida del local, también puede pretender ser una infraestructura utilizada por un conjunto de colectivos más o menos diversos que cooperan y comparten lugar o puede ser un único colectivo identificado con el propio centro social, en formación y que va agregando a los individuos que se van acercando y quieren desarrollar actividades. Por ejemplo, si se pretende que un sujeto colectivo amplio como el vecindario se apropie del centro social, esto se tiene que ver reflejado en la estructura organizativa y se tienen que disponer cauces para ello, para que la gente participe y eventualmente tome como suyo el espacio. Aquí se debe valorar si se pretende la continuidad del grupo político que inició el proyecto o su disolución en los nuevos órganos creados, porque esto último es muy factible y a veces inevitable. También hay que tener cuidado a la hora de crear espacios de decisión, duplicar asambleas o generar conflictos de competencias que tienden a generar problemas a medio plazo. A este respecto es necesario definir dónde se toman las decisiones y quién puede participar de ellas. Generalmente es conveniente que quede clara la existencia de un solo espacio soberano sobre el centro social, pero al mismo tiempo disponer otros instrumentos que puedan facilitar la participación con distintos niveles de compromiso al mismo tiempo que descargan de trabajo a la asamblea, tales como comisiones u otros.

Clubes sociales y centros cívicos

La indefinición de partida, a menudo, facilita el caer en dinámicas gregarias por un lado o asistencialistas por otro, o incluso en una combinación de ambas. Por lo general, un centro social es iniciado por un grupo con unas características bastante definidas y que al mismo tiempo pretende dirigirse a un sujeto más amplio. Esto genera no pocas contradicciones. De partida, van a existir niveles diversos de implicación que van desde el compromiso absoluto a la visita esporádica, esto, en un centro social más o menos abierto y no demasiado sectario es prácticamente inevitable. Esta diversidad en el compromiso no tiene porque ser negativa en sí misma si se es consciente de ella y se gestiona adecuadamente. No obstante, es habitual que se genere una polarización entre un grupo más o menos cerrado con un compromiso total con el centro y una diversidad de grupos que se relacionan con él de forma más laxa. Es la conocida separación entre gestores y usuarios que puede desembocar en situaciones diversas. La negación de los diferentes niveles de implicación y de politización de los participantes suele derivar en la frustración a medio plazo, en la medida en que la respuesta de la gente no cubre las expectativas del activista más comprometido. Esto conduce fácilmente al abandono del proyecto o a la aceptación cínica y acrítica de la separación.

Cuando la asamblea del centro social se identifica con un grupo muy cerrado de personas con una elevada complicidad, la integración de nuevos miembros en el centro tiende a bloquearse. En estos casos podemos pasar de estar gestionando un centro social a un club social, donde el principal objetivo es la reproducción de ciertas relaciones. Así, el centro acaba siendo la casa de un grupo reducido de personas y más tarde o más temprano se pierden las perspectivas políticas que son sustituidas por dinámicas endogámicas y gregarias. Casos de autoconsumo que pueden acabar teniendo una repercusión social más bien escasa y son víctimas fáciles de los ataques estigmatizadores de agentes conservadores, tanto a nivel de barrio como de ciudad. Un caso en principio opuesto a la deriva del club social es el de la actitud voluntarista y sacrificada de un grupo que acaba convertido en simple gestor de actividades. El centro social pasa a convertirse en centro cívico, al que la gente llega incluso reclamando una serie de servicios, porque es la forma en que está acostumbrada a relacionarse con los espacios colectivos (del mercado o de la administración). Esto conduce fácilmente a que el centro social pierda sentido, pierda el contenido político y esto a costa del desgaste de los activistas más abnegados que reciben un pago escaso por su sacrificio.

Recapitulando

Algunos de estos problemas son prácticamente inevitables y se van a seguir repitiendo en espacios de similares características. No obstante, se pueden gestionar de la mejor manera para que el centro social tenga el mayor grado de éxito.

En primer lugar, hay que entender que no existen unas tablas de la ley ni respecto de la ocupación ni respecto de los centros sociales. En este sentido, creo que es un error asumir ciertos comportamientos y prácticas propios de lo que ha venido a denominarse fenómeno okupa como si fueran dogmas de fe. Es muy fácil caer en el sectarismo, más en espacios como los centros sociales, tan dados al gregarismo. Frente a esto, cada espacio tiene que construir su identidad en función del edificio, del barrio, del grupo y del contexto político amplio en el que se enmarca.

No es lo mismo desarrollar un local social de un determinado colectivo que un centro social de carácter más abierto. Ambas opciones son factibles y pueden ser muy útiles para la lucha, cada una a su manera. Ahora bien, dependiendo del modelo que se elija habrá que asumir una forma de gestión u otra. Además, es importante que la forma de gestión elegida sea sensata y acorde con la realidad del centro. Demasiadas veces ya nos hemos obcecado en aplicar nuestros modelos ideales a realidades que no encajaban, conduciendo esto a peleas, frustraciones y rencores.

En relación con lo anterior, en la medida en que no se renuncia a que un sujeto amplio se apropie del espacio, pues este es el mayor potencial de un centro de cualquier tipo, es importante ser conscientes de la necesidad de que existan diversos niveles de implicación. Para ello se pueden buscar diversos cauces. Es tan importante mantener el espacio organizativo de carácter más politizado como espacios prácticos donde la gente pueda acercarse y encontrar cosas útiles que hacer sin tener que pasar por asambleas eternas. Diferenciar espacios, procurando que no se solapen, puede ser una buena táctica.

La gestión del centro social puede ser muy pesada y en determinados momentos serán muy pocos los que le hagan frente. Ante esto hay que procurar no quemarse, mantener el centro social requiere el esfuerzo de muchos, no puede hacerse con el sacrificio de dos o tres personas, porque esto va a conducir a su abandono en un plazo medio. La lucha es muy larga y no empieza ni acaba en el centro social que demanda compromiso y esfuerzo, pero no sacrificios humanos.

Por último, hay que tener siempre en mente el marco político más amplio y no perder la perspectiva de que el centro es un instrumento para la lucha y no un fin en sí mismo. 

En defensa de las asambleas de barrio (II): Las asambleas de base y las alternativas políticas.

La necesidad de una propuesta política transformadora a una escala superior.

El lustro de depresión económica ha desembocado en una crisis social que no hace sino profundizarse con el tiempo y que no ha alcanzado aún hoy su mayor dimensión. El desempleo prolongado y el agotamiento de las prestaciones llevan una situación extrema, más allá de la amenaza de pérdida de la vivienda, para una parte importante de las clases populares. El proceso de pauperización ha venido acompañado de una profunda deslegitimación, en primer lugar de las instituciones económicas y del mercado como piedra angular de la sociedad y, en segundo lugar, de las instituciones y de la clase política en su conjunto. Es la forma de regulación político-económica de la sociedad la que se encuentra totalmente desacreditada. La democracia liberal surgida de La Transición, basada en el bipartidismo y en el discurso del “no hay alternativa al capitalismo”, está debilitada por el derrumbe de una economía de casino basada en la especulación y la deuda, que ha funcionado durante más de un cuarto de siglo pero que en los últimos años se ha demostrado insostenible a medio plazo. La misma deslegitimación que sufren los bancos y los partidos políticos tradicionales se torna en legitimación de los movimientos sociales, siendo los ejemplos más evidentes el movimiento por la vivienda, la PAH y el 15M. Además, los movimientos actuales tienen la ventaja de haber superado los sectarismos y la autorreferencialidad que los distinguían en el periodo previo. Existe en los mismos una cierta madurez y una conciencia de la importancia de la coyuntura actual. No obstante, la situación sigue marcada por la ausencia de alternativas claras y por la desesperanza de las víctimas del sistema. Así, el escepticismo en la posibilidad de un giro radical permite que el régimen se mantenga y siga aplicando sus soluciones, en las que ya solo creen los neoliberales más ideologizados.

La situación actual genera un vacío importante de referencias políticas para la población. Un contexto en el que es muy factible, y casi inevitable, que acaben surgiendo de forma exitosa nuevos proyectos políticos, que pueden tener un carácter extremadamente diverso. La amenaza más evidente es el nacimiento de iniciativas de extrema derecha. No obstante, igual de peligroso es el surgimiento de iniciativas renovadoras de “la izquierda” que encaucen el descontento, recuperen a los movimientos sociales y relegitimen el sistema ofreciendo una nueva versión de lo mismo. La falta de planteamientos políticos alternativos desde los movimientos sociales, la reducción de la radicalidad y de la actividad militante a lo más local y lo más inmediato y la falta de reflexión estratégica pueden facilitar esta última opción. La experiencia de Argentina en la última década creo que es el mejor ejemplo de esta posible deriva. Si los movimientos sociales no plantean alternativas alguien lo hará por ellos, de ahí la necesidad de reflexionar sobre estas cuestiones por incómodo que les resulte a muchos.

El cómo plantear alternativas políticas a una escala más allá de lo local, desde los movimientos de base, es un reto difícil en este momento. Al menos podemos estar de acuerdo en cómo no deben plantearse. Ya conocemos los resultados cuando se plantean las cosas de arriba abajo, ya sabemos lo que ocurre cuando hay un exceso de delegación. Se crean clases de políticos profesionales en busca de despachos y los movimientos y el trabajo de base dejan de interesarles cuando adquieren cuotas de poder. Al contrario, cualquier cosa que pretenda ser realmente nueva y cubrir nuestras expectativas de cambios radicales en la gestión de las necesidades y en la forma de organizarnos como sociedad, tendrá que surgir de abajo arriba, de un movimiento de base amplia y con objetivos transformadores. Esto, lógicamente requeriría no solo de organismos locales, sino de instituciones mediadoras entre lo local y otras escalas. Estructuras organizativas que funcionen al mismo tiempo que mantengan la orientación asamblearia y autónoma del movimiento. Además, para que esto tenga una incidencia real en la sociedad y se pueda generar contrapoder supralocal, hace falta una base, un abajo mucho más amplio, fuerte y bien organizado del que hemos tenido hasta el momento. Hace falta un movimiento social de base amplia y carácter transformador, que no tiemble al plantear la raíz de los conflictos económicos y políticos de esta sociedad y con una realidad social, cotidiana e inmediata, una realidad que no es la parlamentaria. Difícilmente pueden encontrarse atajos efectivos para ello.

Construyendo alternativas desde abajo

Un movimiento social puede engendrar distintos tipos de estructura organizativa. No obstante, el problema al que nos enfrentamos no es parcial, abarca a toda la sociedad y tiene múltiples aspectos inseparables. Los planteamientos sectoriales pueden ser útiles tácticamente pero encuentran sus límites rápidamente. Por otro lado, las iniciativas parlamentarias, por sí solas, siempre corren el riesgo de absorber el trabajo militante en un único frente que ya ha generado suficientes fracasos y decepciones. Parto de la convicción de que todo movimiento social de base amplia y estabilidad en el tiempo nace del territorio inmediato. Allí donde se generan solidaridades y se reconocen los problemas comunes. En las grandes ciudades el movimiento transformador a construir debe apoyarse en una estructura territorial, ha de basar su poder en el espacio inmediato, llamémosle barrio. El movimiento por la vivienda en Sevilla señala un camino bastante factible en el contexto actual, partir por un lado de las necesidades de la gente, de la organización de las víctimas del sistema, y por otro del propio barrio, de la proximidad geográfica y de las solidaridades que esta posibilita.

No todo el activismo de base fundamentado en la gestión de las necesidades engendra políticas progresistas. En el periodo anterior a la crisis, en una sociedad aburguesada e individualista surgieron conatos racistas y las demandas de las organizaciones barriales, en muchos casos, se dirigían exclusivamente a reclamar mayor vigilancia y represión sobre los adolescentes, los pobres y/o los inmigrantes extranjeros. Hoy, el incremento de la exclusión social puede ser visto de nuevo con el terror que engendra el odio para una parte de la población, aquella que conserva trabajo y un cierto nivel de vida en los barrios obreros. No obstante, el contexto actual es aún más propicio para que la gestión común de las necesidades propicie desarrollar aspectos como la solidaridad y la cooperación. El abandono del mercado y la deserción del Estado paternalista dejan poco menos que huérfana a una población que se ha alienado y aislado, encerrada en sus viviendas y sin los fuertes vínculos sociales con los que contaban las generaciones anteriores. Frente a esta situación, hay que recuperar las redes de solidaridad, las formas de colaboración y autogestión del territorio común. Las asambleas del 15 M apuntan en esta dirección, aunque con muchas carencias.

La situación puede ser propicia en Sevilla. Nunca hemos tenido tantos grupos militantes, cubriendo tantos territorios y (más o menos) coordinados: asambleas de barrios y pueblos, corralas, grupos de afectados por la hipoteca, PIVEs, (…). Ese puede y debe ser el germen de una mejor estructura territorial para un movimiento transformador por construir, no limitado a la vivienda ni mucho menos, sino centrado en la gestión colectiva y asamblearia de los diferentes aspectos de nuestra realidad social. Para ello hace falta fortalecer las asambleas, crearlas donde no existen, consolidarlas donde son débiles y ampliarlas donde están consolidadas y hace falta que estas asambleas trasciendan el reducido grupo militante y aglutinen cada vez a más vecinos. Podemos apoyarnos en las herramientas que ya hemos desarrollado como los PIVEs o las alianzas con las asociaciones de vecinos, pero al mismo tiempo han de propiciarse otras nuevas. En este sentido, no existe una buena razón para que no se estén creando asambleas de parados y centros autogestionados de recursos para el vecindario en los diferentes barrios y pueblos del área metropolitana. En definitiva, se deben crear organizaciones barriales que puedan hacerse fuertes en el territorio y ser referentes indiscutidos para el vecindario. Al mismo tiempo, se debe trabajar en la búsqueda de esas instituciones mediadoras que nos permitan trabajar a una escala superior, empezando por fortalecer los instrumentos de coordinación existentes, recuperar los que se encuentran en decadencia o inventar otros nuevos. Si se quiere construir ese movimiento transformador es inevitable discutir mucho más de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Creo que podemos coincidir en gran medida en los análisis, no obstante, falta trabajar sobre objetivos comunes y estrategias para alcanzar esos objetivos. Estos pasos son esenciales a la hora de crear un movimiento social de base transformadora, que ha de ser la piedra angular a partir de la cual debe construirse la alternativa política a la precariedad y la mediocridad existentes.

No pretendo ser desmotivador, sin duda es hora de experimentar y de tener iniciativa, no de ser conservador. No obstante, a la hora de intentar introducir una perspectiva estratégica en nuestro activismo nos asaltan muchas preguntas y no tenemos todas las respuestas. Por ello, sería conveniente que estuviéramos dispuestos a tener un debate urgente, amplio y sin sectarismo sobre el camino que debemos seguir a partir de ahora.

En defensa de las asambleas de barrio (I): Las asambleas de base y el movimiento por la vivienda digna en Sevilla.

La creación de las asambleas de base del 15M en Sevilla

Se cumplen cerca de dos años tanto de las manifestaciones que originarían el 15M como del movimiento de descentralización a los barrios que generaría, en Sevilla como en otras ciudades, la estructura de asambleas de base en función de las cuales ha seguido respirando el movimiento desde entonces. Las razones para la descentralización fueron varias. Por un lado, las grandes asambleas, que reunían a centenares de personas en Las Setas (Plaza Mayor de Sevilla) durante el mes de mayo de 2011, eran en general poco operativas y se veía necesario organizarse en grupos menos numerosos. Por otro lado, el hecho de que las acampadas no pudieran sostenerse de forma indefinida, reclamaba una alternativa para mantener el movimiento y el espíritu de protesta vivos. Las asambleas de barrio, y su coordinación mediante portavoces, fue la solución que mejor encajaba con la autonomía innata del proceso y su aspiración de democracia radical, al mismo tiempo que ofrecía la oportunidad de trabajar con las problemáticas reales e inmediatas de la gente a partir de su realidad territorial. La Coordinadora de Barrios y Pueblos y las intercomisiones (coordinadoras de comisiones) de las cuales hoy solo está activa la de vivienda, fueron los principales espacios organizativos de rango superior de los que se dotó el movimiento. Esto sin olvidar las comisiones que se crearon en la acampada de “Las Setas” y que siguieron en funcionamiento en el nuevo contexto, estas son: comunicación y acción-extensión.

En las asambleas, cada una con su recorrido único, se han encontrado activistas que llevaban trabajando en los barrios o en cuestiones sociales durante la última década, jóvenes (y no tan jóvenes) incorporados a raíz de las manifestaciones masivas de mayo de 2011  y viejos militantes del periodo de La Transición, desencantados y reincorporados a la lucha en el nuevo contexto. En muchos nuevos y viejos activistas estaba la ambición de crear órganos que representase al conjunto de un barrio o un distrito. De esto ha quedado poco con el tiempo. La realidad es que las asambleas se han convertido en grupos militantes, mejor o peor coordinados, que no pretenden ser representativos del conjunto de la población. No obstante, esto no debe ser visto como un fracaso, sino como un baño de realidad ante unas aspiraciones para las cuales no se daban ni se dan las condiciones por el momento. Las asambleas han visto reducido su tamaño y algunas han desaparecido, pero otras se han consolidado, han encontrado dinámicas de trabajo productivas y han madurado. Por ejemplo, la implicación en las protestas contra los recortes vinculadas a una casuística concreta, la amenaza del cierre de la Residencia Pública para Mayores, ha sido la bandera de la asamblea de Montequinto, una de las más dinámicas del área metropolitana. Por su parte, Triana ha experimentado algunas iniciativas, como la creación de una asamblea local de parados, que deberían ser ejemplos a seguir para otras asambleas.

Estos son casos ejemplares de cómo las luchas y la actividad territorial se relacionan con las problemáticas más generales que acosan a la población actualmente a través de las asambleas de barrio. Asambleas que tienen la función de mediar entre el problema inmediato del individuo o de la comunidad y los discursos críticos más generales o abstractos. En este sentido, la potencia de la red de asambleas distribuida por los distintos barrios y pueblos de la corona metropolitana, a la hora de desarrollar campañas concretas, no debería pasar desapercibida para nadie. La fuerza del movimiento por la vivienda en Sevilla debería ser un ejemplo claro de esto.

Las asambleas de base y el movimiento por la vivienda en Sevilla

La existencia de una estructura de grupos militantes en los barrios y pueblos de la ciudad ha sido, sin lugar a dudas, un pilar fundamental que ha permitido generar un movimiento por la vivienda con una relevancia social inédita por décadas a nivel local. Estos grupos permitieron, en primer lugar, hace ya más de un año, la creación de la red de Puntos de Información de Vivienda y Encuentro (PIVEs) en toda la ciudad, de los cuales hoy existen 13, gestionados fundamentalmente por activistas de las diferentes asambleas de barrio voluntarios, algunos muy especializados (abogados y, en menor medida, trabajadores sociales). Estos PIVEs han sido la base para la creación de grupos de afectados por la vivienda y de Las Corralas, realojos colectivos en bloques de pisos vacíos propiedad de entidades financieras y de empresas constructoras, que son hoy el producto más reconocible pero no el único de la Intercomisión de vivienda del 15M. A su vez, el movimiento por la vivienda, ha sido un elemento fundamental que ha facilitado el crecimiento o la consolidación de varias asambleas. Algunas de ellas, especialmente las que podían parecer más débiles como Sur o San Pablo, han encontrado una labor y un sentido a su existencia, desarrollando un trabajo socialmente necesario en el barrio, que ha permitido generar conciencia política, que ha concedido legitimidad a las asambleas o las ha nutrido con nuevos activistas. En términos generales, esta línea de trabajo ha permitido llegar en mayor medida a las víctimas del sistema y a las clases populares, trascendiendo el carácter de clase media progresista que tenía el movimiento 15M en un primer momento.  Además, ha permitido que el trabajo en barrios de Sevilla se conecte claramente y empuje en la misma dirección que el de otros núcleos del área metropolitana, como Alcalá de Guadaira o Dos Hermanas.

Es indudable, que el trabajo en vivienda ha acabado fagocitando la actividad de una buena parte de las asambleas. El caso de Macarena, una de las asambleas más potentes y numerosas hace un año, es un ejemplo de esto. A raíz de la creación de la primera Corrala, La Utopía, y de la multiplicación de los realojos, el trabajo militante ha venido siendo absorbido por el necesario trabajo de apoyo a las iniciativas de este tipo, repercutiendo en una menor participación de este nodo en los espacios de coordinación y en la desaparición de la actividad no vinculada al problema de la vivienda. Por su lado, del PIVE de Centro ha surgido la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Sevilla, con una actividad muy relevante en la actualidad, al mismo tiempo que los grupos de activistas de la zona han tenido que afrontar (en coordinación con otros barrios) la creación de tres corralas (dos de las cuales han sido desalojadas, lo cual no necesariamente reduce la demanda de esfuerzo militante), al tiempo que la asamblea de barrio pasaba a tener una existencia cuando menos errática. El caso opuesto podría ser el de la asamblea de Triana, la cual ha mantenido un trabajo constante en diversos frentes.

La cuestión fundamental aquí es la amenaza de caer en un trabajo asistencialista carente de cualquier orientación estratégica. La respuesta a esta amenaza creo que son las propias asambleas de barrio. La creación de grupos de afectados a partir de las oficinas de asesoría es una forma de evitar que las familias pasen por ellas, solucionen o no sus problemas y luego desaparezcan limitando estos instrumentos a la función que deberían cumplir (y no cumplen) los servicios sociales de la administración. No obstante, hay que considerar que ni los grupos de afectados que se han conformado en lugares como San Pablo o San Juan de Aznalfarache, ni las 10 Corralas creadas hasta el momento en la corona metropolitana, son espacios de militancia política. En estos espacios, la gente se autoorganiza colectivamente para solucionar carencias materiales muy concretas (fundamentalmente la vivienda), lo cual es un salto importante y valorable respecto de la forma habitual, individualista, aislada y sin esperanza, en la que muchas familias se enfrentan al drama de perder sus vivienda. No obstante, la situación actual demanda grupos, espacios de organización, donde nos cuestionemos la forma en que se gestionan los recursos en general (no solo la vivienda) y las formas en las que nos organizamos como sociedad. Estos espacios deben ser las asambleas de barrio (entendidas esencialmente como grupos militantes de base vinculados a un territorio concreto y coordinados entre sí). Los PIVEs, el apoyo a los grupos de afectados o el apoyo a las Corralas deben ser una labor de las mismas, una labor que las llene de legitimidad, que las convierta en referentes locales y que las nutra de nuevos activistas, procedentes de los grupos de afectados o de otros espacios. Si esto no es así, es posible que estemos errando en nuestro trabajo.

Una de las mayores potencias que tiene el movimiento por la vivienda en Sevilla frente al que se ha desarrollado en otros ámbitos, junto a la confluencia de activistas y organizaciones de diversa procedencia, ha sido el que se haya desarrollado a partir de una estructura de asambleas de barrio creada a partir del 15M. En otros ámbitos, el movimiento por la vivienda se ha desarrollado en torno a campañas-plataformas muy concretas, como Stop-Desahucios, u organizaciones sectoriales, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ambas fórmulas muy validas, con gran potencia y con un trabajo admirable a sus espaldas. No obstante, una organización de asambleas de barrio ofrece un abanico infinitamente más amplio de posibilidades, pudiendo ser la base de diversas realidades por construir, mientras que la campaña y la organización sectorial, por sí solas, son esencialmente posibilistas y tienen horizontes mucho más cercanos y evidentes, teniendo una utilidad esencialmente táctica. Por el contrario, las asambleas de barrio encierran muchas más posibilidades que están por explorar. Dicho de otro modo, el necesario movimiento transformador de base amplia que requiere el actual contexto de crisis social y política, si ha de ir a la raíz de los problemas y de romper con las formas en las que se ha desarrollado la política en desde el periodo conocido como La Transición, si realmente busca adoptar formas de democracia radical y romper con los paradigmas económicos que nos han llevado a la mísera actual, ha de partir de estas redes de asambleas de base o de una estructura muy parecida.

Asambleas de barrio y movimiento por la vivienda en Sevilla

Tanto el 15M como el movimiento por la vivienda se encuentran en un momento clave, tanto en Sevilla como en el resto del Estado. En los cerca de dos años de trayectoria de las asambleas de barrio del 15M, estas se han convertido en grupos militantes más o menos reducidos y más o menos coordinados. Al mismo tiempo, y en especial gracias a la lucha contra los desahucios, el movimiento ha alcanzado unos niveles importantes de reconocimiento y de madurez. Esto coincide con un contexto sociopolítico de crisis que supone, no solo el terrible sufrimiento de las clases populares, sino también un galopante proceso de deslegitimación de las principales instituciones políticas y económicas del Estado. Un movimiento transformador de base amplia es más necesario y posible que nunca en la ciudad y en consecuencia, en distintos foros, se están desarrollando o se van a desarrollar en los próximos meses discusiones en este sentido.

La siguiente compilación de textos refleja parte de los debates que se han venido teniendo en los dos últimos años y podrían ofrecer alguna pista sobre las lineas de trabajo que se podrían seguir en el caso de Sevilla:

1. El movimiento ¿estratégico? de descentralización en comités de barrio. Mayo de 2011. Ver artículo.

2. Ocupación y vivienda. Distopía y utopía. Mayo de 2012. Ver artículo.

3. Experiencias de autogestión en Argentina. Lecciones para el caso español. Ver artículo.

4. Un año de avances en la lucha por la vivienda en Sevilla. Septiembre de 2012. Ver artículo.

5. En defensa de las asambleas de barrio (I): Las asambleas de base y el movimiento por la vivienda digna en Sevilla. Ver artículo.

6. En defensa de las asambleas de barrio (II): Las asambleas de base y las alternativas políticas. Ver artículo.

7. El fetiche del Estado, el fetiche de lo local y el 15M. Ver artículo.

El movimiento ¿estratégico? de descentralización en comités de barrio (Mayo de 2011)

El 13 de Abril, a punto de cumplir dos años el movimiento 15M, se pretende realizar un encuentro de las asambleas de base de los barrios y pueblos de Sevilla. Desde que en junio de 2011 se abandonó la acampada en las setas de la Encarnación y se crearon las asambleas barriales, coordinadas mediante una reunión de portavoces, este va a ser el primer encuentro general de dichas asambleas. Una reflexión se hace necesaria sobre el proceso que se ha desarrollado en estos dos años. A ello puede contribuir el presente texto, que se escribió en algún momento a finales de mayo de 2011 y que era una reflexión sobre las ventajas de la formación de asambleas barriales, justo en el momento en que se producía la descentralización. El documento es un ejemplo de los debates y las dudas que se tenían en aquel momento y puede ser punto de partida para una evaluación que está por realizarse.

El movimiento ¿estratégico? de descentralización en comités de barrio (Mayo de 2011)

La difusión del movimiento hacia los barrios y pueblos desde los espacios centrales (plazas mayores) de las principales ciudades españolas, que han tenido el protagonismo hasta ahora, es algo que parece haberse repetido en todas las acampadas que han conservado cierta fuerza con el paso de las primeras dos semanas después del 15M. Imitación, difusión o coincidencia han de existir una serie de problemáticas comunes a la coyuntura generada por el 15 M en las distintas ciudades que ha exigido este movimiento estratégico. Por otro lado, plantea una serie de problemas comunes que también hay que resolver.

Sería necesario analizar bien que oportunidades reales presenta la descentralización para el movimiento, que tipo de continuidad puede tener a través de los proliferantes comités de barrio y qué tipo de estructura organizativa implica.

Sin tener nada clara ningunas de estas cuestiones, pongo por escrito algunas ideas para la reflexión colectiva.

¿Qué elementos de la coyuntura generada por el 15M empujan a una descentralización del movimiento masivo?

Partamos de que, a pesar del fuerte componente “virtual” del movimiento, tanto en su génesis como en su desarrollo, las acampadas han reflejado y han ido generando la necesidad de tener espacios físicos de referencia.

Las plazas mayores como espacios estratégicamente simbólicos dentro de la ciudad han permitido una visibilización continua del movimiento y una proyección social, al tiempo que suponen una declaración de intenciones al convertir espacios fundamentalmente comerciales en foros ciudadanos.

Al mismo tiempo, la toma de las plazas se ha convertido en una herramienta para georreferenciar el movimiento, un espacio “material” donde confluir, acercarse, informarse o donde empezar a participar. Espacios que además se han convertido en enclaves a partir de las cuales se organiza parte del movimiento. Estas ventajas de las acampadas, si bien pueden ser efímeras, parecen lejos de haber agotado todas sus posibilidades, de ahí una parte de las reticencias a “abandonar el campamento”.

Sin embargo, las acampadas como espacios organizativos muestran algunas limitaciones claras que se han podido observar a lo largo de este tiempo. En primer lugar, la confluencia de toda la población de una gran ciudad en un único foro es inviable en un cierto plazo. El elevadísimo número de miembros y la elevada rotación de los mismos, unida a la inexperiencia de la mayor parte de los participantes, ha hecho que las asambleas generales fueran poco operativas.

Por otro lado, se generan graves desigualdades de los individuos en la relación con el espacio, algo por otro lado inevitable. Gran parte de la gente que se siente partícipe del movimiento tiene que compaginar esto con su vida diaria y, conforme pasa el tiempo, acude al espacio central de forma cada vez más testimonial. También varía mucho la facilidad de desplazamiento al enclave central dependiendo del carácter más o menos periférico del barrio en el que se viva. La desigual relación con el espacio se convierte en una participación desigual en el movimiento por el elevado peso de las acampadas. De esta forma se generan grupos de gente joven y con un perfil de estudiantes que son los que guardan la relación más estrecha con el espacio, con riesgo de acabar conformando grupúsculos.

Si bien la organización interna se ha podido mejorar sustancialmente conforme ha avanzado el tiempo, el seguimiento de las concentraciones ha ido reduciéndose. Esto no hace sino conducir a un segundo problema. La acampada no puede sostenerse de forma indefinida y corre el riesgo de convertirse en marginal si se prolonga mucho en el tiempo. En este sentido, claramente, las acampadas no plantean una solución al problema de la necesidad de una estructuración del movimiento si este quiere tener una presencia constante en ciudades y pueblos a medio o largo plazo.

Frente a esta situación ¿Qué beneficios conlleva la estrategia de descentralización?

Enlazando con la necesidad de espacios materiales de referencia, el barrio, el entorno más cercanamente vivido, es el principal espacio común de referencia para la población en general donde identificarse como vecinos, ciudadanos o la palabra que se prefiera. El barrio permite continuar el espíritu de ágora que define las acampadas. La toma del espacio público, la autonomía innata del proceso o la gestión de los comunes son elementos que se pueden desarrollar mejor en un espacio reconocible, conocido y abarcable.

Además, la idea de la descentralización, creo que, coincide con el espíritu y los principios del proceso que estamos viviendo. De una forma que parece casi instintiva, el movimiento parece intentar adoptar las formas más horizontales y asamblearias posibles, lo que podría interpretarse como una aspiración a radicalizar la democracia realmente existente en este sentido. Por otra parte, la centralización del poder de decisión es contraria a una profundización en formas más horizontales.

Sin ser la panacea, la descentralización en barrios supone una oportunidad a nivel organizativo. En primer lugar supone una cierta propuesta de estructura organizativa en sí misma. Una estructura conformada por asambleas o consejos de barrio que se coordinan de alguna forma (¿cuál?) entre sí. Este tipo de estructura descentralizada puede conllevar algunas ventajas como es la posibilidad de trabajar en asambleas menos numerosas y más operativas. Podríamos plantearnos si los comités de barrio permiten realmente una mayor identificación con el espacio-agora, mayor proximidad entre los individuos agregados en una asamblea o si permite la concreción y la identificación de los problemas generales en el espacio más inmediato.

Sea como fuere, si la estrategia fuese fructífera, existe una mayor posibilidad mantener en el tiempo comités coordinados entre sí anclados en un trabajo concreto en un espacio concreto.

Ahora bien, ¿Qué tipo de trabajo deberían hacer los comités de barrio?

Sin contenidos y objetivos claros y concretos los comités de barrio no se llegarán a establecer y durarán lo que dure el primer empujón que ha propiciado el 15M. Sin embargo, el contenido concreto de los comités puede variar mucho según el planteamiento que hagamos.

Puede pensarse (y se piensa) en las asambleas de barrio como comités de apoyo a las acampadas, encargados de difundir las decisiones y las reivindicaciones de las asambleas generales, propiciar una mayor expansión de las ideas fundamentales del movimiento y permitir que más gente se acerque a él. Esto, aunque puede ser necesario coyunturalmente, implica una supeditación de los comités de barrio a la asamblea central, que podría estar en la acampada o en otro espacio. En este sentido las asambleas de barrio serían más instrumento que un pilar del movimiento.

Si se pretende que las asambleas de barrio sean pilares, necesitan tener una mayor autonomía, ser capaces de desarrollar un trabajo propio y de diseñar desde la base sus propias iniciativas. Esto sin perder la conexión con el movimiento que las genera. En este sentido, las asambleas deberían evidenciar y debatir sobre las problemáticas puestas sobre la mesa. Esto es, los problemas de “democracia” o autogestión del espacio común propio; problemas de vivienda; problemas de desempleo; problemas de carencias sociales en términos más generales y plasmar sobre espacios concretos estas problemáticas.

Sería interesante que, en la medida de sus posibilidades, las asambleas se planteasen intervenir directamente sobre las problemáticas tratadas apoyando la acción social ya existente en los barrios, las estructuras organizativas de base o actuando sobre conflictos muy concretos y localizados (por ejemplo desalojos que vaya a ocurrir en el propio barrio). Todo ello generando por el camino estructura organizativa de base.

Eso está muy bien pero ¿Qué formas organizativas implica la descentralización por barrios más allá de la asamblea del propio barrio?

Los comités de barrio tienen sentido dentro de una estructura más amplia. En este sentido, una estructura fundamentada en los comités de barrio asumiría estos como unidad fundamental de la organización y una asamblea general representativa de los diferentes comités como estructura a escala de ciudad. Esto puede parecer (y es) extremadamente ambicioso y supondría una estrategia de construcción organizativa a largo plazo.

Otra opción, quizás más plausible, es tratar los comités de barrio como grupos de trabajos al mismo nivel que otros con un carácter transversal. En este sentido se tendería a pequeños grupos ubicados en distintos sectores de la ciudad que se encargarían de difundir los contenidos generados en otras esferas.

La respuesta a estas cuestiones depende en gran medida de si este “movimiento hacia los barrios” va a convertirse en una opción estratégica o bien es un simple movimiento táctico ante la posibilidad del desmantelamiento de las acampadas. El caso es que si se busca una cierta estructura organizativa en algún momento hay que optar por una u otra u otra opción.

Un año de avances en la lucha por la vivienda en Sevilla

Hay varias razones por las cuales puede ser conveniente realizar una reflexión pública sobre las acciones llevadas a cabo durante un periodo de tiempo por un colectivo definido. En primer lugar, hacerlo facilita la reflexión de los propios interesados y de su entorno inmediato. También permite hacer propaganda de las acciones realizadas, contribuyendo a la legitimidad y el prestigio que se transforma en cierta capacidad de acción. Por último, y no menos importante, permite otorgar claves e ideas a otros grupos o redes o individuos, situados en otras geografías y con intereses comunes.

El pasado jueves 30 de Agosto cinco familias ocuparon un edificio en la calle Feria. Otro edificio residencial cuya empresa titular había quebrado sin poder vender ninguna de las viviendas. Otro edificio que había pasado a las manos de un banco, Bankia en concreto, destinataria del rescate con fondos públicos más escandaloso realizado hasta el momento. Las familias venían apoyadas por el 15 M local y, en concreto, por la denominada Intercomisión de Vivienda, en uno de cuyos grupos de trabajo se habían venido organizando en los últimos meses. Este espacio nació en 2011 para coordinar las distintas comisiones de vivienda que se habían formado en las asambleas de barrio, tras el proceso de descentralización que siguió a la toma de las plazas. Además de nuevos activistas, surgidos de las manifestaciones multitudinarias de mayo y junio, la intercomisión recogió parte de la experiencia en la lucha por la vivienda digna que se había desarrollado en la ciudad en la última década, gracias a algunos destacados activistas y a la colaboración con organizaciones como APDH, ADICAE o La Liga de Inquilinos. A un año de su constitución, es notable el avance conseguido en la organización de las víctimas de la actual crisis que asola el país y en concreto en la lucha por la vivienda.

El problema de la vivienda como clave

En el contexto de un conjunto de asambleas, herederas de las multitudinarias manifestaciones de 2011, que pretende canalizar y organizar el descontento ante la gestión política de la crisis y que además adopta un posicionamiento crítico sobre las causas estructurales que han conducido a la misma, el problema de la vivienda resulta un frente de batalla clave. Esto por varios motivos. En primer lugar, es indudable que la vivienda está en el núcleo de la crisis, en cierta medida de la crisis global y más aún del caso del Estado español. El modelo económico que se viene desmoronando como un castillo de naipes desde 2008, era un modelo basado en una sociedad del consumo fundamentado en la deuda y el dinero barato procedente del extranjero. En las últimas tres décadas, la economía productiva había ido dejando un espacio cada vez mayor a una economía progresivamente financiarizada y con un sector de la construcción totalmente sobredimensionado. La construcción de grandes infraestructuras pero, sobre todo, un especulativo mercado de la vivienda, proporcionaban una parte enorme de la riqueza y el trabajo, aún más en el ámbito andaluz. La ficción de unos precios que no paraban de crecer y que, supuestamente, incrementaban el patrimonio de sus propietarios, se sostenía sobre hipotecas a cincuenta años y sobre un stock de viviendas vacías que ha llegado a alcanzar los 3.5 millones. Aún en su periodo de auge, un sistema dual, que mientras excluía a una buena parte de la población, en especial los jóvenes, producía muchas más residencias de las que la demanda solvente hubiera sido capaz de absorber, si no fuese por la demencial especulación en la compra-venta de las mismas. La broma terminó y muchos se enriquecieron con ella, sin embargo los resultados han sido desastrosos para las clases populares.

En segundo lugar, la cuestión de la vivienda y la construcción, la burbuja generada en torno a ella y su reciente estallido, son un reflejo óptimo de la injusticia del sistema actual, diferenciando claramente quién sufre la crisis y quién se beneficia con ella. La tremenda destrucción de empleo padecida en el Estado español empezó por el sector de la construcción y ha seguido por el sector servicios, especialmente por aquellos trabajos de cualificación baja. De esta forma, por el momento, están siendo los trabajadores manuales y las clases populares las que en mayor medida están padeciendo la situación. Al paro se le une la merma de los subsidios y la desaparición del Estado  como garante del bienestar social, demasiado ocupado en rescatar bancos, y tiene como consecuencia más grave la pérdida de su vivienda por parte de decenas miles de familias al año desde 2009. Aquí, las familias humildes se ven arrojadas de sus casas, manteniendo sus deudas con agencias de crédito que están acumulando en la actualidad cantidades inmensas de suelo y edificaciones por precios irrisorios.

Por último, la ejecución de hipotecas, los desahucios o la imposibilidad de hacer frente a un alquiler son problemas que, si anteriormente afectaban a una parte reducida de la población, cada vez son más masivos. Este es un elemento fundamental de descontento, expresión directa de la precariedad con respecto a los ingresos que o bien no existen o son insuficientes para cubrir una necesidad tan básica como la de tener un techo. La inexistencia de un Estado social suficiente, ferozmente desmantelado en las últimas décadas de neoliberalismo, deja en la desesperación a miles de familias, al mismo tiempo que destruye la legitimidad del sistema económico y político. Es este un elemento fundamental, por tanto, de toma de conciencia social de quienes son los responsables de la crisis y de la necesidad de buscar soluciones en la acción colectiva y en la ayuda mutua.

La intercomisión de vivienda

En este marco se ha desarrollado la labor de la intercomisión de vivienda durante el último año. Uno de los trabajos clave que se realizó desde aquí fue la recogida de datos sobre las ejecuciones hipotecarias que se estaban produciendo en la ciudad. Hubo para ello que forzar a los funcionarios del Ayuntamiento a que cumplieran su obligación de publicar las subastas de viviendas y realizar un rastreo en las páginas web de las agencias inmobiliarias de los distintos bancos. Esta información se distribuía por barrios y se enviaba a las distintas asambleas de base. A partir de ahí se entraba en contacto con las familias. Frecuentemente, los afectados ni siquiera sabían que sus viviendas habían sido subastadas y que probablemente iban a ser desahuciados. El número de engaños y malas prácticas por parte de las oficinas de crédito era obsceno y la problemática de muchas familias dramática.

Ante esta situación, la respuesta lógica era la resistencia a los desalojos. Frente a la deslegitimación de un sistema depredador, especulativo y rabiosamente injusto, solo cabe la desobediencia. De esta manera, se empezó a apoyar a las familias que estaban dispuestas a desobedecer las órdenes judiciales de desahucio. El 1 de diciembre de 2011, de la noche a la mañana, se reclamó el apoyo para una familia del barrio de Torreblanca que iba a ser desposeída de su vivienda de autoconstrucción por el impago de 14.000 euros. Junto con un grupo de compañeros del 15M, la gente del barrio, exhortada por las asociaciones de vecinos de la zona, colapsó la calle donde debía ejecutarse el desalojo. Ante esto, la policía desestimó llevarlo a cabo ese día, contra la insistente voluntad de los funcionarios del juzgado. Quedó claro, por un lado, que en los barrios populares la gente estaba dispuesta a desobedecer, por otro, que la resistencia a cada desahucio, en aquel momento, no era suficiente por sí sola. Fueron varios los lanzamientos que se frenaron, sin embargo, todo el mundo era consciente de que la policía podía volverá a venir en cualquier momento, sin avisar y sin dar tiempo a que se organizara la resistencia. La gente de la calle también lo tenía claro: “si me echan de la casa, le pego la patá a otra vivienda del banco y me meto allí con mi familia”.

En marzo se presentó un informe de la Intercomisión en el que se exponía que eran miles los desalojos que estaban aconteciendo anualmente en Sevilla (decenas de miles en el Estado). En el mismo documento se hacía un mapeo en el que quedaba claro que las familias que estaban perdiendo sus viviendas se concentraban en los barrios obreros de la ciudad. Mientras que en el centro y en los sectores acomodados, los desahucios eran testimoniales, en algunos ámbitos de la periferia obrera, enclaves de inmigrantes y barrios de población obrera autóctona, el volumen de desahucios alcanzaba cotas enormes de dramatismo. Al mismo tiempo se anunció la creación de más de una decena de Puntos de Información de Vivienda y Encuentro (PIVE) repartidos por los distintos barrios de Sevilla y por algunos de los núcleos de su área metropolitana.

Durante los primeros meses de 2012 siguieron las resistencias a los desahucios y los piquetes en las oficinas bancarias responsables de los mismos, al tiempo que se fortalecían las relaciones con algunas entidades vecinales en los barrios. Ahora, gran parte del trabajo giraba en torno a los PIVES, soportados por las diferentes asambleas de base del 15M Sevilla y donde funcionaba al menos una asesoría conformada por un abogado y un activista. Mientras algunos PIVES no llegaron a funcionar por diversas razones, otros quedaron pronto desbordados por la avalancha de casos. Gente que perdía sus casas por no poder hacer frente a la hipoteca pero que tenía que seguir haciendo frente al pago de la misma, gente que iba a quedarse en la calle por no poder afrontar el alquiler, familias para las que la única opción era un alberge municipal también desbordado y un largo etcétera de situaciones desesperadas. Casi todos eran trabajadores manuales, muchos de la construcción, muchas madres solteras, todos en situación de desempleo, con prestaciones nimias y con la amenaza de quedar sin ningún tipo de ingreso. También empezaban a llegar familias que habían ocupado viviendas y era conocido que en los barrios obreros más afectados, la gente había empezado a ocupar las viviendas de los bancos. Esas viviendas que eran adquiridas en las subastas por una tercera parte del precio por el que la familia desahuciada había firmado su hipoteca. Las personas que ocupaban trataban de pasar desapercibidas, aunque la precariedad era tremenda cuando una mujer, con su hija de un año, tenía que ocupar sola y era acosada por la inmobiliaria del banco de turno y por la policía.

Las ocupaciones

Una de las zonas donde la comisión de vivienda estaba por completo desbordada era en Macarena y Macarena Norte, dos amplios distritos que abarcan el conjunto de barrios populares del sector más septentrional de Sevilla. A partir de su encuentro en el PIVE se comenzó a conformar un grupo de familias en situación crítica, amenazadas con quedarse en la calle. Un grupo en el que predominaban las mujeres y en el que existía una gran cantidad de niños de distintas edades. Familias sin ingresos a las que la administración no proporcionaba ninguna salida. De esta forma, en mayo, con la ayuda y apoyo de activistas, se ocupó un edificio de 32 viviendas en el mencionado distrito. Un edificio exento, sin estrenar, con la empresa constructora en quiebra y sin haber podido vender los pisos, situación que tanto se ha prodigado en los últimos años. La iniciativa fue denominada Corrala La Utopía y recogió pronto tanto el apoyo del conjunto del 15M de Sevilla como la hostilidad del gobierno conservador de la ciudad, que pronto gestionó el corte de la luz y el agua al edificio, en una situación de asedio que se prolonga hasta la actualidad.

A partir de aquí, la afluencia de personas pidiendo asesoramiento a los PIVE y a la propia Corrala se multiplicó. Comenzaron a llegar decenas de familias en situación igualmente desesperada, exponiendo que querían ocupar una vivienda. Otra consecuencia fue que la Junta de Andalucía se vio obligada a expresar un apoyo verbal a este tipo de acciones, por boca de la consejera de Fomento y Vivienda, que no ha llegado a materializarse en ningún momento hasta la fecha. En junio, hubo una concentración a las puertas del Parlamento andaluz, donde la intercomisión presentó sus propuestas en materia de vivienda, las que debería estar adoptando el gobierno autonómico. Desde allí, la gente se trasladó al centro de la ciudad, donde un grupo de afectados había ocupado otro conjunto de viviendas. Personas procedentes de otras ocupaciones o de los grupos formados en torno a los PIVE ayudaban a ocupar a estas nuevas familias. Los tabiques caían bajo los golpes de machota a plena luz del día y a escasos metros de la comisaría de policía nacional. Mujeres adultas con sus hijos bloqueaban la calle, vistiendo camisetas del 15m y gritando “un desalojo otra ocupación”. El resultado fue de cinco nuevas familias sin techo realojadas, de forma similar a las últimas cinco que ocuparon ahora en calle Feria un edificio recién bautizado como Corrala La Alegría.

Tras esta nueva ocupación, el movimiento por la vivienda en la ciudad se enfrenta a una situación de escalada de la crisis y la conflictividad, en la que cada vez más gente pierde sus trabajos y sus viviendas, mientras que la administración no muestra ningún interés en poner coto a esta situación o mantiene una actitud hostil hacia los afectados, caso del Ayuntamiento de Sevilla. Frente a esto, solo puede profundizarse en la organización de los afectados, fortalecer el movimiento y mantener la contundencia de las acciones y de las posturas. No es un avance que la gente sea desahuciada y que tenga que estar ocupando una vivienda en precario, amenazada por la policía, enfrentada a la administración y sin disponer ni si quiera de luz eléctrica en algunos casos. No obstante, estas circunstancias han sido creadas por el desastroso quiebre del modelo económico español, fomentado por sus políticos y del que se han beneficiado las elites sociales del Estado. El avance ha sido que esta desobediencia, obligada y cotidiana, de centenares de familias en la ciudad, ha adquirido una dimensión organizada y colectiva, descubriendo en la cooperación y el apoyo mutuo la capacidad de resolver problemas inmediatos. Los problemas que ha generado el mercado y que no afronta el Estado. A partir de aquí es fundamental profundizar en la organización, con el objetivo de hacer planteamientos más globales, partiendo de los problemas inmediatos de la gente, pero apuntando a sus causas y a sus culpables.

Ocupación y vivienda. Distopía y utopía.

El pasado jueves 17 se anunció que un grupo de familias había ocupado un edificio de viviendas de reciente construcción, abandonado desde hacía tres años. Actualmente son 32 las familias que ocupan el inmueble situado al norte de la ciudad de Sevilla. La acción ha estado apoyada por la asamblea de base del distrito Macarena y la comisión de vivienda del 15M.

Los ocupantes del inmueble responden a un perfil de familias jóvenes de clase humilde, con hijos, inmigrantes extranjeros y autóctonos, con sobrerrepresentación de mujeres y de trabajadores de la construcción y la limpieza. En general representantes de los grupos sociales que más están padeciendo el contexto actual de crisis, con tasas de paro disparatadas que han afectado, en primera instancia y principalmente, a trabajadores manuales de cualificación media y baja, un colectivo que ha dependido hasta hace muy poco de la construcción como principal fuente de trabajo. Tampoco es casual que la mayoría de las familias procedan del distrito Macarena, un conjunto de barrios obreros que conforman el sector urbano de la ciudad con la mayor concentración de ejecuciones hipotecarias en el último año.

La cara b del desempleo es la acuciante problemática con la vivienda, que en Sevilla puede adquirir en breve una dimensión de crisis social grave y los protagonistas de la acción son un vivo muestrario de las distintas facetas de esta situación. Dentro del amplio grupo humano hay una mayoría de familias desahuciadas o en inminente amenaza de desalojo por el impago de su hipoteca. También familias que, en situación de desempleo, no pueden seguir manteniendo el pago de su alquiler y acumulan impagos. Asimismo, en el bloque ocupado encontramos un buen número de familias que han sido desahuciadas de viviendas subvencionadas, ese mercado paralelo que desarrollaba la administración, pero también de alquileres propiedad de empresas públicas de vivienda, léase EMVISESA. Una realidad masiva que, en gran medida, está siendo absorbida por el conocido colchón social-familiar, pero que si falla puede llevar, como en el caso de algunos de los ocupantes, a que una mujer trabajadora se encuentre con sus hijos menores en la calle y pidiendo espacio en el minúsculo albergue municipal. No creo que sea controvertido anunciar que el colchón social tiene límites que estamos empezando a ver.

El problema de la vivienda no es nuevo, ha sido el mismo desde hace más de cien años. La vivienda no recibe, ni por parte de la administración ni, lógicamente, por parte del mercado, un tratamiento como necesidad y derecho, sino el trato de una mercancía. Una mercancía, por definición, no responde a las necesidades de la población, sino a una demanda solvente, y un producto que funcione en el mercado, por lógica, ha de ser escaso para que puedan funcionar las fuerzas de la oferta y la demanda. El sobredimensionamiento y la especulación con este mercado, que ha corrido paralela a la desaparición de cualquier vestigio de política pública social con respecto a la cuestión, nos ha conducido a la catastrófica situación actual. Una de sus realidades son estas personas, familias que ya no son demanda solvente y que cargan en muchos casos con deudas fruto de la sobrevalorización especulativa de los activos inmobiliarios en el ilusorio periodo de bonanza anterior.

La ocupación ha sido históricamente una herramienta del movimiento obrero y, de forma más amplia, una herramienta contra la distribución desigual e injusta de bienes necesarios. De tal forma que esta ha sido una acción directa que ha funcionado en contextos muy diferentes con respecto a la cuestión del alojamiento. En el pasado de Sevilla y en la actualidad de las periferias de las grandes ciudades de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, se ocupaba el suelo y las familias construyen sus propias viviendas apoyadas en sólidas redes sociales. El sobredimensionamiento del parque de viviendas de la ciudad, con no menos de cien mil viviendas vacías en el área metropolitana, hace que la forma lógica de satisfacer la necesidad de techo sea la ocupación. La acumulación de viviendas en manos de bancos y cajas, viviendas que han sido adquiridas tras desalojar familias y dejarlas en la calle, viviendas que luego son dejadas vacías ante la ausencia de demanda solvente, legitima a ojos de la sociedad la ocupación de las mismas.

La novicia consejera de Fomento y Vivienda anunció en su momento que evitaría en la medida de sus posibilidades que ninguna familia más fuera desahuciada por no poder hacer frente a su hipoteca. Pues bien, diariamente está habiendo desahucios y los seguirá habiendo. Pero es que también se están produciendo ocupaciones de viviendas previamente desahuciadas y las seguirá habiendo. En este sentido, esta acción presenta en la cara de los políticos una realidad de forma en que no puedan obviarla, en que no puedan mirar a otro lado. Así que, ¿qué van a hacer los diferentes niveles de la administración con respecto a esta cuestión? Lo que está claro es que la gente que está pasando necesidad no puede esperar a que el gobierno solucione sus problemas. Actualmente, para estos perfiles, la administración solo hace acto de presencia para negarles la tarjeta sanitaria o para defender el derecho a la propiedad de bancos y cajas desalojando sus casas con amplios despliegues policiales. Hacer las cosas al margen de un mercado que nos expulsa y un gobierno que solo se preocupa de apoyar a la oligarquía financiera puede ser utópico, pero el caso es que ya caminamos por una senda distópica en la que no tiene sentido seguir. Por lo tanto, habrá más ocupaciones.