Hay varias razones por las cuales puede ser conveniente realizar una reflexión pública sobre las acciones llevadas a cabo durante un periodo de tiempo por un colectivo definido. En primer lugar, hacerlo facilita la reflexión de los propios interesados y de su entorno inmediato. También permite hacer propaganda de las acciones realizadas, contribuyendo a la legitimidad y el prestigio que se transforma en cierta capacidad de acción. Por último, y no menos importante, permite otorgar claves e ideas a otros grupos o redes o individuos, situados en otras geografías y con intereses comunes.
El pasado jueves 30 de Agosto cinco familias ocuparon un edificio en la calle Feria. Otro edificio residencial cuya empresa titular había quebrado sin poder vender ninguna de las viviendas. Otro edificio que había pasado a las manos de un banco, Bankia en concreto, destinataria del rescate con fondos públicos más escandaloso realizado hasta el momento. Las familias venían apoyadas por el 15 M local y, en concreto, por la denominada Intercomisión de Vivienda, en uno de cuyos grupos de trabajo se habían venido organizando en los últimos meses. Este espacio nació en 2011 para coordinar las distintas comisiones de vivienda que se habían formado en las asambleas de barrio, tras el proceso de descentralización que siguió a la toma de las plazas. Además de nuevos activistas, surgidos de las manifestaciones multitudinarias de mayo y junio, la intercomisión recogió parte de la experiencia en la lucha por la vivienda digna que se había desarrollado en la ciudad en la última década, gracias a algunos destacados activistas y a la colaboración con organizaciones como APDH, ADICAE o La Liga de Inquilinos. A un año de su constitución, es notable el avance conseguido en la organización de las víctimas de la actual crisis que asola el país y en concreto en la lucha por la vivienda.
El problema de la vivienda como clave
En el contexto de un conjunto de asambleas, herederas de las multitudinarias manifestaciones de 2011, que pretende canalizar y organizar el descontento ante la gestión política de la crisis y que además adopta un posicionamiento crítico sobre las causas estructurales que han conducido a la misma, el problema de la vivienda resulta un frente de batalla clave. Esto por varios motivos. En primer lugar, es indudable que la vivienda está en el núcleo de la crisis, en cierta medida de la crisis global y más aún del caso del Estado español. El modelo económico que se viene desmoronando como un castillo de naipes desde 2008, era un modelo basado en una sociedad del consumo fundamentado en la deuda y el dinero barato procedente del extranjero. En las últimas tres décadas, la economía productiva había ido dejando un espacio cada vez mayor a una economía progresivamente financiarizada y con un sector de la construcción totalmente sobredimensionado. La construcción de grandes infraestructuras pero, sobre todo, un especulativo mercado de la vivienda, proporcionaban una parte enorme de la riqueza y el trabajo, aún más en el ámbito andaluz. La ficción de unos precios que no paraban de crecer y que, supuestamente, incrementaban el patrimonio de sus propietarios, se sostenía sobre hipotecas a cincuenta años y sobre un stock de viviendas vacías que ha llegado a alcanzar los 3.5 millones. Aún en su periodo de auge, un sistema dual, que mientras excluía a una buena parte de la población, en especial los jóvenes, producía muchas más residencias de las que la demanda solvente hubiera sido capaz de absorber, si no fuese por la demencial especulación en la compra-venta de las mismas. La broma terminó y muchos se enriquecieron con ella, sin embargo los resultados han sido desastrosos para las clases populares.
En segundo lugar, la cuestión de la vivienda y la construcción, la burbuja generada en torno a ella y su reciente estallido, son un reflejo óptimo de la injusticia del sistema actual, diferenciando claramente quién sufre la crisis y quién se beneficia con ella. La tremenda destrucción de empleo padecida en el Estado español empezó por el sector de la construcción y ha seguido por el sector servicios, especialmente por aquellos trabajos de cualificación baja. De esta forma, por el momento, están siendo los trabajadores manuales y las clases populares las que en mayor medida están padeciendo la situación. Al paro se le une la merma de los subsidios y la desaparición del Estado como garante del bienestar social, demasiado ocupado en rescatar bancos, y tiene como consecuencia más grave la pérdida de su vivienda por parte de decenas miles de familias al año desde 2009. Aquí, las familias humildes se ven arrojadas de sus casas, manteniendo sus deudas con agencias de crédito que están acumulando en la actualidad cantidades inmensas de suelo y edificaciones por precios irrisorios.
Por último, la ejecución de hipotecas, los desahucios o la imposibilidad de hacer frente a un alquiler son problemas que, si anteriormente afectaban a una parte reducida de la población, cada vez son más masivos. Este es un elemento fundamental de descontento, expresión directa de la precariedad con respecto a los ingresos que o bien no existen o son insuficientes para cubrir una necesidad tan básica como la de tener un techo. La inexistencia de un Estado social suficiente, ferozmente desmantelado en las últimas décadas de neoliberalismo, deja en la desesperación a miles de familias, al mismo tiempo que destruye la legitimidad del sistema económico y político. Es este un elemento fundamental, por tanto, de toma de conciencia social de quienes son los responsables de la crisis y de la necesidad de buscar soluciones en la acción colectiva y en la ayuda mutua.
La intercomisión de vivienda
En este marco se ha desarrollado la labor de la intercomisión de vivienda durante el último año. Uno de los trabajos clave que se realizó desde aquí fue la recogida de datos sobre las ejecuciones hipotecarias que se estaban produciendo en la ciudad. Hubo para ello que forzar a los funcionarios del Ayuntamiento a que cumplieran su obligación de publicar las subastas de viviendas y realizar un rastreo en las páginas web de las agencias inmobiliarias de los distintos bancos. Esta información se distribuía por barrios y se enviaba a las distintas asambleas de base. A partir de ahí se entraba en contacto con las familias. Frecuentemente, los afectados ni siquiera sabían que sus viviendas habían sido subastadas y que probablemente iban a ser desahuciados. El número de engaños y malas prácticas por parte de las oficinas de crédito era obsceno y la problemática de muchas familias dramática.
Ante esta situación, la respuesta lógica era la resistencia a los desalojos. Frente a la deslegitimación de un sistema depredador, especulativo y rabiosamente injusto, solo cabe la desobediencia. De esta manera, se empezó a apoyar a las familias que estaban dispuestas a desobedecer las órdenes judiciales de desahucio. El 1 de diciembre de 2011, de la noche a la mañana, se reclamó el apoyo para una familia del barrio de Torreblanca que iba a ser desposeída de su vivienda de autoconstrucción por el impago de 14.000 euros. Junto con un grupo de compañeros del 15M, la gente del barrio, exhortada por las asociaciones de vecinos de la zona, colapsó la calle donde debía ejecutarse el desalojo. Ante esto, la policía desestimó llevarlo a cabo ese día, contra la insistente voluntad de los funcionarios del juzgado. Quedó claro, por un lado, que en los barrios populares la gente estaba dispuesta a desobedecer, por otro, que la resistencia a cada desahucio, en aquel momento, no era suficiente por sí sola. Fueron varios los lanzamientos que se frenaron, sin embargo, todo el mundo era consciente de que la policía podía volverá a venir en cualquier momento, sin avisar y sin dar tiempo a que se organizara la resistencia. La gente de la calle también lo tenía claro: “si me echan de la casa, le pego la patá a otra vivienda del banco y me meto allí con mi familia”.
En marzo se presentó un informe de la Intercomisión en el que se exponía que eran miles los desalojos que estaban aconteciendo anualmente en Sevilla (decenas de miles en el Estado). En el mismo documento se hacía un mapeo en el que quedaba claro que las familias que estaban perdiendo sus viviendas se concentraban en los barrios obreros de la ciudad. Mientras que en el centro y en los sectores acomodados, los desahucios eran testimoniales, en algunos ámbitos de la periferia obrera, enclaves de inmigrantes y barrios de población obrera autóctona, el volumen de desahucios alcanzaba cotas enormes de dramatismo. Al mismo tiempo se anunció la creación de más de una decena de Puntos de Información de Vivienda y Encuentro (PIVE) repartidos por los distintos barrios de Sevilla y por algunos de los núcleos de su área metropolitana.
Durante los primeros meses de 2012 siguieron las resistencias a los desahucios y los piquetes en las oficinas bancarias responsables de los mismos, al tiempo que se fortalecían las relaciones con algunas entidades vecinales en los barrios. Ahora, gran parte del trabajo giraba en torno a los PIVES, soportados por las diferentes asambleas de base del 15M Sevilla y donde funcionaba al menos una asesoría conformada por un abogado y un activista. Mientras algunos PIVES no llegaron a funcionar por diversas razones, otros quedaron pronto desbordados por la avalancha de casos. Gente que perdía sus casas por no poder hacer frente a la hipoteca pero que tenía que seguir haciendo frente al pago de la misma, gente que iba a quedarse en la calle por no poder afrontar el alquiler, familias para las que la única opción era un alberge municipal también desbordado y un largo etcétera de situaciones desesperadas. Casi todos eran trabajadores manuales, muchos de la construcción, muchas madres solteras, todos en situación de desempleo, con prestaciones nimias y con la amenaza de quedar sin ningún tipo de ingreso. También empezaban a llegar familias que habían ocupado viviendas y era conocido que en los barrios obreros más afectados, la gente había empezado a ocupar las viviendas de los bancos. Esas viviendas que eran adquiridas en las subastas por una tercera parte del precio por el que la familia desahuciada había firmado su hipoteca. Las personas que ocupaban trataban de pasar desapercibidas, aunque la precariedad era tremenda cuando una mujer, con su hija de un año, tenía que ocupar sola y era acosada por la inmobiliaria del banco de turno y por la policía.
Las ocupaciones
Una de las zonas donde la comisión de vivienda estaba por completo desbordada era en Macarena y Macarena Norte, dos amplios distritos que abarcan el conjunto de barrios populares del sector más septentrional de Sevilla. A partir de su encuentro en el PIVE se comenzó a conformar un grupo de familias en situación crítica, amenazadas con quedarse en la calle. Un grupo en el que predominaban las mujeres y en el que existía una gran cantidad de niños de distintas edades. Familias sin ingresos a las que la administración no proporcionaba ninguna salida. De esta forma, en mayo, con la ayuda y apoyo de activistas, se ocupó un edificio de 32 viviendas en el mencionado distrito. Un edificio exento, sin estrenar, con la empresa constructora en quiebra y sin haber podido vender los pisos, situación que tanto se ha prodigado en los últimos años. La iniciativa fue denominada Corrala La Utopía y recogió pronto tanto el apoyo del conjunto del 15M de Sevilla como la hostilidad del gobierno conservador de la ciudad, que pronto gestionó el corte de la luz y el agua al edificio, en una situación de asedio que se prolonga hasta la actualidad.
A partir de aquí, la afluencia de personas pidiendo asesoramiento a los PIVE y a la propia Corrala se multiplicó. Comenzaron a llegar decenas de familias en situación igualmente desesperada, exponiendo que querían ocupar una vivienda. Otra consecuencia fue que la Junta de Andalucía se vio obligada a expresar un apoyo verbal a este tipo de acciones, por boca de la consejera de Fomento y Vivienda, que no ha llegado a materializarse en ningún momento hasta la fecha. En junio, hubo una concentración a las puertas del Parlamento andaluz, donde la intercomisión presentó sus propuestas en materia de vivienda, las que debería estar adoptando el gobierno autonómico. Desde allí, la gente se trasladó al centro de la ciudad, donde un grupo de afectados había ocupado otro conjunto de viviendas. Personas procedentes de otras ocupaciones o de los grupos formados en torno a los PIVE ayudaban a ocupar a estas nuevas familias. Los tabiques caían bajo los golpes de machota a plena luz del día y a escasos metros de la comisaría de policía nacional. Mujeres adultas con sus hijos bloqueaban la calle, vistiendo camisetas del 15m y gritando “un desalojo otra ocupación”. El resultado fue de cinco nuevas familias sin techo realojadas, de forma similar a las últimas cinco que ocuparon ahora en calle Feria un edificio recién bautizado como Corrala La Alegría.
Tras esta nueva ocupación, el movimiento por la vivienda en la ciudad se enfrenta a una situación de escalada de la crisis y la conflictividad, en la que cada vez más gente pierde sus trabajos y sus viviendas, mientras que la administración no muestra ningún interés en poner coto a esta situación o mantiene una actitud hostil hacia los afectados, caso del Ayuntamiento de Sevilla. Frente a esto, solo puede profundizarse en la organización de los afectados, fortalecer el movimiento y mantener la contundencia de las acciones y de las posturas. No es un avance que la gente sea desahuciada y que tenga que estar ocupando una vivienda en precario, amenazada por la policía, enfrentada a la administración y sin disponer ni si quiera de luz eléctrica en algunos casos. No obstante, estas circunstancias han sido creadas por el desastroso quiebre del modelo económico español, fomentado por sus políticos y del que se han beneficiado las elites sociales del Estado. El avance ha sido que esta desobediencia, obligada y cotidiana, de centenares de familias en la ciudad, ha adquirido una dimensión organizada y colectiva, descubriendo en la cooperación y el apoyo mutuo la capacidad de resolver problemas inmediatos. Los problemas que ha generado el mercado y que no afronta el Estado. A partir de aquí es fundamental profundizar en la organización, con el objetivo de hacer planteamientos más globales, partiendo de los problemas inmediatos de la gente, pero apuntando a sus causas y a sus culpables.
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