Comentarios al borrador del nuevo decreto de Viviendas con Fines Turísticos de la Junta de Andalucía.

El decreto andaluz presupone la finalidad turística de lo que en realidad son alquileres residenciales de corta duración. En la práctica esto ha permitido una ultraliberalización del mercado de alquileres. Partiendo de que esto no se modifica, las nuevas propuestas regulatorias, que son en términos generales positivas a la hora de controlar el impacto negativo de la saturación de este tipo de uso comercial, casi que son lo de menos.

Actualmente se encuentra publicado el borrador y en proceso de alegaciones de la modificación del decreto de 2016 que regulaba (poco) las Viviendas con Fines Turísticos (VFT) en Andalucía (Decreto “de los establecimientos de apartamentos turísticos y de las viviendas con fines turísticos” de abril de 2022). Para empezar, el nuevo texto sigue manteniendo un error de fundamento heredado del decreto anterior, que es entender que los alquileres temporales son exclusivamente dedicados al turismo, desvirtuando el propio concepto de turismo. Esto ha implicado en la práctica su alienación de la ley de arrendamiento urbanos y su infrarregulación. Las características reales de las VFT es que son viviendas residenciales que prestan alojamiento por periodos muy cortos de tiempo. El decreto andaluz presupone la finalidad turística para cualquier alquiler continuado por un periodo inferior a dos meses y que sea publicitado de manera comercial. Este servicio es usado a menudo por turistas, pero también puede ser usado para cualquier otro tipo de desplazamiento: el más habitual de tipo laboral, que es teóricamente lo opuesto al viaje ocioso que supone el turismo. En la práctica esto ha permitido una ultraliberalización del mercado de alquileres que no sufre cambios. Partiendo de esto, las nuevas propuestas regulatorias, que son en términos generales positivas a la hora de controlar el impacto negativo de la saturación de VFTs, casi que son lo de menos.

El decreto regula de manera conjunta los Apartamentos Turísticos y las VFT, lo que parece lógico, ya que podría haber confusión entre uno y otro. La diferencia fundamental es que los AT no están en inmuebles residenciales, sino en instalaciones de usos turístico exclusivo, mientras las VFT se encuentran en instalaciones residenciales. Esta cuestión es clave, ya que implica que una VFT puede pasar fácilmente al alquiler convencional y viceversa, conectando ambos mercados y generando potencialmente problemas de suministro e inflación en el mercado de alquiler residencial, que es lo que se viene denunciando desde hace una década por parte de organizaciones vecinales. 

La propuesta se respalda bastante en otras regulaciones autonómicas que ya han pasado por recursos y por tribunales, lo que debería darle una mayor solidez. Para restringir el uso de las VFT expone tres razones imperiosas. La primera es la protección del medio ambiente, convivencia vecinal, propiedad urbana, seguridad pública y defensa de los consumidores. La segunda “facilitar la existencia de viviendas susceptibles de arrendamiento para residencia de los ciudadanos”. La tercera, la mejora de los derechos de los usuarios y calidad de la oferta. Todo ello respaldado por la normativa europea y la legislación española que regula las restricciones potenciales a la libertad de mercado. En definitiva, los dos primeros puntos, asumen los argumentos contra las VFTs de plataformas y asociaciones de vecinos, que son mencionadas expresamente en el texto. Curiosamente no hay ni una palabra sobre los intereses de la industria hotelera, que lleva presionando desde hace años y denunciando las VFT como una competencia desleal. El tercer punto es continuista con el decreto del 2016 y coherente con la legislación andaluza sobre turismo, orientando la regulación a incrementar la calidad del servicio.

La principal limitación que establecería el decreto a las VFT es el de que un individuo solo podrá destinar dos viviendas de su propiedad a VFT, con el objetivo explícito de evitar la especulación inmobiliaria que sustraiga inmuebles al mercado residencial y evitar que los grandes operadores se acojan a esta figura alojativa. Entiendo que los grandes operadores deberían entonces dirigirse a la figura de AT, que implica otro tipo de licencia y sobre todo un inmueble de uso íntegramente comercial. Además, el borrado introduce la figura de “empresa gestora de VFTs” (art. 28) lo que se adapta a la proliferación de facto de este tipo de profesionales o empresas intermediarias. El decreto ve como positivo esta profesionalización, que facilitaría la administración de las VFTs. Estas empresas pueden gestionar un número indefinido de VFTs, pero, consecuentemente con lo anterior, estarían sometidas a la limitación de explotar un máximo de dos viviendas por persona propietaria.

El otro elemento clave es que, de manera muy sucinta (Art. 26.4), respalda que los ayuntamientos establezcan limitaciones al número máximo de VFT por edificio o por sector. Los ayuntamientos ya tenían mucha responsabilidad previamente, lo que es consecuencia del carácter laxo de la regulación de 2016. Eran los ayuntamientos los que tenían que lidiar con la compatibilización de un mercado prácticamente libre de VFTs con sus competencias en cuanto a la asignación de usos y aprovechamientos del suelo. El decreto en este sentido lo que hace es seguir a las iniciativas que ya se han aprobado en Cádiz y Sevilla. El decreto respalda la posibilidad de que los ayuntamientos puedan regular a través de los PGOUs un máximo de VFT por edificio y un máximo de VFT por zonas. Esto apoya a la regulación más avanzada y atrevida, que es la de Cádiz, que establece una moratoria en su centro histórico por considerarla zona saturade de VFTs. Es positivo que la administración autonómica respalde estas normativas. Al mismo tiempo, parece insuficiente que se siga dejando al parecer de las administraciones locales, sin ninguna guía más. Si nos fijamos, las normativas más avanzadas son de ciudades que no son necesariamente las más saturadas. Málaga es la que tiene los indicadores de saturación más claros en su centro histórico según los propios informes de la Junta de Andalucía, mientras los datos en Granada son más alarmantes que en Cádiz. Así, en lugar de establecer unos límites a la conversión turística del parque residencial, la Junta deja esta cuestión al clima y equilibrio político en cada ciudad, lavándose las manos.

Otras cuestiones serían el incremento del número de requisitos de las VFT en cuanto a equipamientos, que se incrementa notablemente. También el hecho de que las viviendas que se alquilen completas como VFT deben tener una placa identificativa. Finalmente, el decreto actualiza los efectos sobre las VFT de otras normativas, como sería la capacidad de las comunidades de propietarios de rechazar la inclusión de VFTs en una edificación, si lo incluyen en sus estatutos (Real Decreto-ley 7/2019) y la imposibilidad de dedicar viviendas protegidas a esta actividad (Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

En general el decreto parece que acepta la mayor parte de las críticas que se hacían a la regulación anterior (el propio borrador refiere como “laxo” el decreto de 2016). También se moderniza respecto de los cambios que ha habido en el mercado (profesionalización) y normativas municipales. El aspecto clave de la limitación de la propiedad a 2 viviendas parece bastante positivo, ya que al menos excluye que grandes propietarios e inversores se aprovechen de la figura de VFT. En la medida en que estos tengan que limitarse a las ATs, se establece algún tipo de cortafuegos entre el mercado del alquiler convencional y el alquiler turístico, evitando los problemas de suministro e inflación en las primeras. En cualquier caso, y si finalmente este borrador acaba pareciéndose al decreto final, su efecto dependerá mucho de la estructura del mercado, es decir, del grado de concentración de las VFTs. Si la mayoría de las viviendas pertenecen a pequeños propietarios, el efecto será evidentemente menor.

El derecho a comprar contra el derecho a la ciudad

Recientemente se ha hecho pública la creación del registro nacional de barrios populares en Argentina. Asimismo, se ha anunciado que esto inicia un proceso orientado a regularizar la relación jurídica de los habitantes con sus viviendas. A este respecto, la posición del gobierno parece decantarse claramente por favorecer el acceso a la propiedad de las familias.

En el pasado siglo, en muchos países de América Latina, se desarrollaron políticas de acceso a la propiedad en barrios nacidos de la ocupación irregular de suelos estatales. En Europa ha sido más común la entrega de títulos en edificios de viviendas públicas. El acceso a un hogar estable y regularizado debe ser un derecho perseguido por cualquier gobierno. Sin embargo, a veces se ignora que la integración social y urbanística no implica necesariamente la entrega de títulos de propiedad. Algunas de estas políticas han sido espoleadas asegurando que redundan en un aumento del patrimonio de las familias, contribuyendo a reducir la pobreza (pueden facilitar el acceso al crédito privado, por ejemplo). Por otro lado, el ánimo del agente público a la hora de promover este tipo de políticas, a menudo, más que perseguir la mejora de las condiciones de vida, busca desprenderse de una responsabilidad. La privatización de suelos y vivienda pública es una manera muy común de no desarrollar una verdadera política de vivienda.

Existen otros problemas. Si nos vamos a la experiencia internacional, la privatización masiva de viviendas públicas en el Reino Unido de Thatcher provocó en el medio plazo que, en los barrios más céntricos o mejor situados, las familias de clase trabajadora fueran desplazadas por habitantes con mayor poder adquisitivo, como resultado de la propia lógica del mercado. Por lo tanto, contribuyó a fomentar las dinámicas de segregación social que una política pública de vivienda debería combatir. Hay otros casos similares. No es descabellado pensar que esto mismo podría pasar en el caso de barrios con ubicaciones estratégicas (como la Villa 31 o la Rodrigo Bueno en Buenos Aires). Más allá de esto, la entrega de títulos de propiedad podría implicar fuertes procesos especulativos, que previsiblemente generarían grandes beneficios para agentes privados a costa de suelos públicos y ante la ausencia de mecanismos que permitan que los municipios recuperar estas plusvalías para la comunidad.

La regularización e integración de barrios como los mencionados supone una oportunidad para contribuir a una ciudad menos segregada y en la que grupos menos favorecidos puedan acceder a un recurso tan preciado como es la centralidad. Para ello existen alternativas (derecho real de superficie en lugar de propiedad, restricciones a la venta de inmuebles y otros) que permitirían evitar que, en barrios con localizaciones estratégicas, las propias dinámicas de mercado acaben desplazando a los habitantes originales, combatiendo al mismo tiempo la previsible especulación inmobiliaria.

Virgen de los Reyes, elitización de barrios y privatización del deporte

La piscina cubierta del Centro Deportivo Virgen de los Reyes (Sevilla) lleva cerrada ya más de 3 años, lo que ha motivado recientemente la creación de una plataforma vecinal para promover su apertura y gestión pública. El incumplimiento de las empresas privadas subcontratadas ha llevado al deterioro de las instalaciones y al despilfarro del erario público. A su vez, el problema generado por la privatización se pretende solucionar y conduce a la privatización. Este círculo vicioso de mala gestión y privatización no es un caso excepcional, sino que es una forma de gestionar por parte de las administraciones, o más bien de no gestionar o de dejar de gestionar.

El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento (IMD) de Sevilla es un buen ejemplo de este extremo. El modo de operar de la empresa pública en la última década ha sido externalizar, como forma de no gestionar lo público. Esto se ha hecho cediendo la gestión de los espacios a asociaciones o individuos que supuestamente responden a la comunidad y sobre los que no siempre se tiene un control suficiente para asegurar que las instalaciones públicas sean accesibles a todos los ciudadanos y no tengan un uso privativo. La segunda opción preferida del IMD han sido las concesiones por medio siglo a empresas privadas, grandes cadenas del negocio de los gimnasios a las que se proporciona suelo y cuyas instalaciones se cuentan como dotaciones deportivas.

La localización de estas instalaciones no es inocente. En la reestructuración de la zona de Santa Justa, por ejemplo, que supuso una privatización masiva de suelos públicos, algunas de las principales cesiones de espacio para dotaciones han ido para mega-gimnasios privados. Es notorio el caso de Sato Sport sobre antiguos terrenos de la empresa pública de ferrocarriles o el más reciente Viding en medio de la zona residencial de Nueva Rosaleda. En ambos casos, dentro de un sector que antes de la construcción de Santa justa era predominantemente obrero, la construcción de zonas residenciales privadas y caras ha venido acompañada de la privatización de las dotaciones deportivas públicas. La elitización del deporte acompaña a la elitización de los barrios. Por supuesto, si se construyen las dotaciones para los nuevos vecinos, queda plantearse qué pasa con los viejos. El impacto de estos mega complejos privados no es totalmente inocua. Por un lado, una parte de la población queda excluida del servicio por una cuestión de precios. Por otro lado, los pequeños gimnasios no pueden competir y no es casualidad que hayan prácticamente desaparecido de esta zona. Finalmente, el que pueda y quiera utilizar un gimnasio no tiene más remedio que dirigirse a este tipo de instalaciones. Se genera un consumidor cautivo.

El caso de Virgen de los Reyes es similar, aunque quizás más doloso, en la medida en que no se trata simplemente de suelos públicos no construidos, sino que hay un equipamiento deportivo preexistente que ahora se quiere convertir en parte de una cadena de gimnasios privados. De nuevo, esto no es ajeno a la localización. En los últimos treinta años el norte centro histórico se ha transformado en una zona turística y de clase media y media-alta, de donde las clases populares han sido prácticamente erradicadas. Este proceso ha saltado en la última década a la primera orla del Distrito Macarena. Los arrabales históricos al norte de la Ronda Histórica ya fueron afectados por la reestructuración de la ciudad en el 92. Pero en los últimos años ha sido notable el traslado de la presión inmobiliaria incluso a los viejos barrios de bloques de pisos tan característicos del distrito, en especial aquellos más próximos al centro. Aquí, de nuevo, la elitización residencial parece justificar la elitización de las instalaciones deportivas. Sin embargo, de nuevo, no se tiene en cuenta ni a aquellos vecinos que no pueden pagarse un gimnasio privado, ni a los pequeños empresarios que pueden verse amenazados por este tipo de cadenas con las que no pueden competir.

La cuestión de fondo aquí es que los suelos y las dotaciones públicas deben dirigirse a toda la población, no a una demanda solvente, y si hay que hacer alguna diferenciación debería ser aportar dotaciones para aquellos que menos recursos tienen, en aquellos sectores más necesitados. Este tipo de políticas se dirigen en la dirección contraria, a facilitar lujosas instalaciones privadas en áreas progresivamente centrales y con vecinos cada vez más pudientes, mientras que otros se ven obligados a vivir en barrios alejados con dotaciones públicas infra-mantenidas.

La mala gestión pública, como en muchos otros casos, sirve aquí para justificar la privatización y para ocultar bajo un manto de gestión lo que son decisiones políticas. Privatizamos para que las instalaciones se deterioren y el deterioro sirve para justificar la privatización. Con esto se demuestra que la gestión pública es ineficiente y que el mercado lo hace mejor. Sin embargo, podríamos extraer otra conclusión. Si un equipo de gobierno no es capaz de gestionar lo público, debería renunciar y dejar a alguien que si esté dispuesto a hacerlo.

En El Salto: https://elsaltodiario.com/privatizaciones/virgen-de-los-reyes-elitizacion-de-barrios-y-privatizacion-del-deporte

La teoría de la renta de suelo II: aplicaciones a la ciudad.

Como comentábamos antes, en la aplicación de la teoría de la renta a la ciudad hay problemas considerables. Esto se produce porque la renta se suele asociar a procesos productivos. En el caso urbano tiene un gran peso la renta extraída de la vivienda, es decir, una renta extraída a partir del proceso de consumo más que del de producción. Esta es una tesis central de la obra de Harvey que procede de su lectura de Lefebvre. En el capitalismo contemporáneo, la renta va ganando más peso en el circuito del consumo. El circuito secundario, de especulación y deuda, suplanta progresivamente al circuito primario de tipo productivo.

Un punto de disenso entre los autores aquí es: ¿Qué tipo de renta puede explicar por qué los precios de la vivienda están muy por encima de los de producción? Respecto de las actividades productivas hay cierto consenso en que la localización en el espacio urbano es de escasa relevancia para la industria, por lo que tiene poca importancia la cuestión de la renta. En el caso de las actividades financieras y comerciales también hay diferencias. Hay quién niega la posibilidad de generar renta de las mismas por no tratarse de actividades productivas, hay quién cree que en estas se dan todos los tipos de renta y hay quién afirma que solo la actividad financiera pero no la comercial produce renta absoluta. En la cuestión del mercado inmobiliario las diferencias son todavía mayores. La posición mayoritaria sería la de que la renta absoluta tiene escasa importancia en el ámbito urbano y que solo puede generarse en la industria de la construcción, mientras que la renta de monopolio sería la renta inmobiliaria por excelencia.

La cuestión aquí es hasta qué punto la distinción de tipos de renta es útil para diferenciar problemas diferentes. Hasta qué punto tiene sentido identificar los tipos de renta en función de la capacidad de la actividad que se desarrolla sobre el suelo de producir valor o solo de distribuirlo. En la actualidad esta cuestión parece tener mucha menos urgencia e importancia. No obstante, hay que tener en cuenta que es aquí donde se encuentra el vínculo con la teoría del valor, con la teoría crítica, de aspectos como la segregación u otros problemas urbanos contemporáneos.

Renta de suelo y especulación

El precio de compra o valor de la tierra no es sino la capitalización de la renta de suelo, que también puede adoptar la forma de alquiler. Así que, por lo general, no es el valor de la tierra lo que determina la renta sino la renta la que determina el precio del suelo.  El precio del suelo, así como el nivel de los alquileres, no solo dependen de las rentas. El valor del suelo recoge las inversiones de capital en forma de capital fijo que se desarrollan sobre el o en su entorno, las cuales, a su vez, pueden generar rentas diferenciales, por eso Marx acusa a los terratenientes de incrementar sus ganancias parasitando el conjunto del desarrollo social. A su vez,  en el alquiler, además de la renta, también entra el coste de la construcción y el interés del capital adelantado para la misma. No obstante, la renta es clave en que el precio de la vivienda sobrepase (en mucho o en muchísimo) el precio de producción. La renta expresa la situación de monopolio de los propietarios del suelo, los cuales exigen una cuota o impuesto por permitir el alojamiento en una determinada localización.

La especulación típica sobre la tierra consiste en anticipar el valor de un terreno no construido pero que podría estarlo, aumentando la renta de la propia de un terreno agrícola a la del suelo urbano. Así, se le confiere una renta a este terreno artificialmente alta, mayor que la de un terreno agrícola de similares características sobre el que no haya expectativas. Otra estrategia especulativa clave en la creación de renta es la creación de restricciones a la inversión productiva sobre el suelo. Esto se realiza a menudo sacando suelo del mercado. Aquí entran las grandes propiedades heredadas en los frentes de expansión que pueden negarse a alquilar o vender tierras para urbanizar, la fragmentación de tierras urbanizables en las afueras de las ciudades o de zonas urbanizadas donde podría reinvertirse para renovación urbana, el aplazamiento deliberado de la urbanización por un grupo capitalista o retención especulativa de la tierra por inversiones-especuladores.

Renta de suelo y segregación

Esta cuestión es tratada por Lipietz y por Harvey, y en menor medida por Topalov. La diferenciación social del espacio no puede ser reducida a un único factor según Lipietz, hay que conceder importancia al os factores geográficos a los procesos históricos precapitalistas y otros. No obstante el tributo juega un papel fundamental en la reproducción de la división social del espacio.

El tributo de la tierra varía según el barrio (de forma similar a la fertilidad en el ejemplo de Marx). La situación del terreno en la “división social del espacio” vendrá determinada en primer lugar por el precio de venta. A la división social del espacio previa se le impone un tributo a pagar. El precio del terreno hace imposible todo uso del suelo jerárquicamente inferior en la división social del espacio. Por lo tanto, la renta es un operador económico  de la reproducción de la división social del espacio que adecua el rango social de la vivienda producida al rango social del barrio. Al mismo tiempo, siguiendo a Harvey, la segregación o la diferenciación socioespacial son elementos gracias a los cuales se generan las situaciones de monopolio que permiten la generación de rentas. Las diferencias de raza, etnia, estatus social y prestigio, solidaridad comunal y vecinal, aumentan el potencial de realización de las rentas monopólicas de clase ayudando a mantener una estructura socioespacial como si fuera un conjunto de islas, al crear el “espacio absoluto de la comunidad”.

En primer lugar la burguesía y clases medias, como consumidores de vivienda, pagan lo que Lipietz llama un “tributo diferencial” que paga el derecho de no cohabitar con cualquier persona. Harvey señala como estos grupos, al competir por viviendas prestigiosas en el vecindario adecuado generan “renta monopólica de clase”.  Se crean así una serie de submercados inmobiliarios determinados por la relación con una demanda solvente. Harvey refiere tanto los que se crean para las clases privilegiadas como aquellos para los grupos menos favorecidos que acuden al mercado del alquiler. Se crean así una serie de islas construidas por y para el hombre en las que los monopolios de clase crean escaseces absolutas.

¿Quién se apropia de la renta?

El tributo a la tierra es un pago al propietario de la misma en la teoría clásica. No obstante la situación puede haber cambiado. Según coinciden diversos autores, aunque el propietario de suelo puede tomar parte de la ganancia dependiendo de la situación, entran en juego otros agentes. Quizás lo más claro es la exposición de Lipietz, siguiendo a Topalov. Diferencia así el modelo clásico en el cual el propietario de suelo y el promotor eran individuos diferenciados, del modelo del capitalismo avanzado, donde suelen coincidir en un único agente (que ha comprado previamente el suelo). Aquí la fracción de sobreganancia realizada por el capital del promotor inmobiliario puede ser apropiada por el propietario del suelo en mayor o menor medida dependiendo de la información y el poder de negociación de que disponga, ya que puede ignorar las potencialidades del suelo.

La renta hoy día, más que por pequeños propietarios, tiende a ser acumulada por el capital financiero. El nuevo terrateniente es el promotor inmobiliario que utiliza el espacio como fuente de ganancia extraordinaria. Además, hay una fusión del monopolio de los bancos y de la propiedad territorial. Según Harvey existe una cierta estructura jerárquica a través de la cual las rentas monopólicas de clase se filtran hacia arriba pero no hacia abajo. En el extremo de esa jerarquía se ubican las instituciones financieras, que por lo tanto captan una parte importante de las rentas de suelo hoy día.

 

La teoría de la renta de suelo I: El debate clásico

De la economía política clásica a los radicales de los setenta

La renta es un concepto general de la economía política clásica. Marx trabajó esta cuestión en el volumen III del capital y Engels lo hizo en sus escritos sobre la cuestión de la vivienda. En este sentido, Engels es pionero, dado que la mayor parte de los trabajos clásicos sobre la renta se basaban en la relación entre los propietarios de tierras (rentistas) y los capitalistas agrarios. El salto de esta relación a aquellas que se producen en la ciudad es bastante grande, lo que hace cuestionar hasta qué punto se puede extrapolar por completo la teoría, más con el desarrollo tan formidable que ha alcanzado todo el complejo inmobiliario financiero en el capitalismo postfordista.

En cualquier caso, en la década de los setenta, con la revitalización del marxismo dentro de las ciencias sociales, por un lado, y con la mayor atención al estudio del fenómeno urbano, el debate sobre la renta de suelo se produce en la academia a nivel internacional. Aquí tiene especial peso la sociología o la geografía radical (Harvey), de base marxistas, y en especial el trabajo de la conocida escuela francesa de sociología urbana (Topalov, Lipietz y otros). La teoría de la renta es utilizada en este contexto para explicar distintos problemas, permitiendo vincularlos a la teoría del valor y, en general, a la teoría social crítica. Estos problemas son la segregación socioespacial, el acceso a la vivienda de las clases populares, el desplazamiento provocado por la renovación urbana, la especulación inmobiliaria y otros.

En el uso que se hace del concepto, desde un punto de vista marxista, existe una crítica a las posiciones liberales o marginalistas, hegemónicas en aquel momento (como en este). Se acusa a estas últimas de analizar el mercado de la vivienda sin hacer referencia a las relaciones sociales de propiedad que están detrás de él.  El marginalismo consideraría la renta como un mecanismo de racionamiento de un recurso escaso, siendo esto una reificación mediante la cual se la considerada como pago a un factor escaso en lugar de como un pago real a personas.

Este es el típico debate propio de la década de los setenta que se va abandonando en los ochenta, conforme las posiciones materialistas pasan de moda en la academia. A esto se le añaden obstáculos importantes respecto a la medición o la demostración empírica de la renta y respecto de farragosos debates sobre los tipos renta y su aplicabilidad a tal o cual situación que no siempre fueron fructíferos. El recientemente difunto Neil Smith mantuvo un cierto interés por el tema en la década de los noventa, al partir de esta teoría para explicar los procesos de gentrificación. Asimismo, en la primera década del siglo XXI han aparecido algunos trabajos de interés sobre la renta de suelo. Harvey ha seguido produciendo algunas aportaciones originales a partir de su lectura de la teoría, como aquellas centradas en la renta de monopolio y en su papel dentro de las políticas urbanas postfordistas, creación de marca de ciudad, etcétera. Jager ha combinado la teoría de la renta con la teoría regulacionista, aplicando ideas bastante interesantes al caso de Montevideo. Por su parte, Jaramillo ha realizado una importante aportación con un volumen dedicado a replantear esta teoría en el contexto actual.

La concepción clásica de la renta de suelo

La renta de suelo es el pago exigido por la propiedad de suelo para realizar una actividad económica o un uso concreto de ella. En el modo de producción capitalista el suelo es una condición externa de la producción y la propiedad monopólica del mismo un obstáculo que se debe salvar mediante el pago de esta renta del suelo. A lo largo de la historia, este tributo ha podido adoptar diferentes formas, siendo la renta en forma de dinero la más evolucionada.

Existen diferentes tipos de renta de suelo. Aunque en el marco neoclásico se tiende a abandonar la distinción entre estos, los marxistas de los años setenta solían insistir en la necesidad de distinguirlos, dado que expresarían diferentes tipos de conflictos y estrategias de clase.

La renta diferencial es expuesta en principio por Ricardo y retomada por Marx. Surge de la mayor productividad que alcanza una actividad económica en un lugar determinado. Los mayores beneficios que obtiene aquí el industrial, pueden ser retenidos por el rentista en forma de renta diferencial. Hay dos tipos de renta diferencial. La primera surge de la mejor ubicación del suelo concreto donde se genera. La segunda de las sucesivas inversiones en un determinado suelo, que permiten aumentar la productividad.

La renta absoluta es introducida por Marx. Surge por una situación de monopolio respecto de una determinada producción. Esta situación de monopolio es posible al impedir la propiedad del suelo que entren otros competidores de la forma en quesea, permitiendo unas ganancias mayores que en la mayoría de las ramas de la producción para el capital. Esta sobreganancia es acaparada por la propiedad de la tierra

Por último, la renta monopólica surge por el sobrebeneficio de una producción monopólica. En esta, las mercancías pueden ser vendidas a precios de monopolio y parte o la totalidad de la sobreganancia de ese precio puede ser acaparada por el rentista. El origen de la renta está aquí en un precio de monopolio. El precio de monopolio implica un producto  que puede ser vendido independientemente de su precio de producción, fijado solamente por la riqueza de los aficionados  a ese producto. Esta ganancia extraordinaria de monopolio puede ser apropiada bajo la forma de renta de suelo. Aquí, Harvey distingue entre la renta monopólica generada por una producción particular, pongamos un tipo de vino (que está asociado a una determinada comarca), o bien por el propio lugar en sí (pongamos la marca Barcelona).

Diferenciar renta de monopolio y renta absoluta no es siempre sencillo y de hecho el contenido de estas categorías varía mucho, pongamos entre Topalov y Harvey. Para el primero la gran diferencia parece encontrarse en que la renta absoluta se extrae del beneficio extra particular generado por la actividad concreta que se desarrolla sobre el suelo, mientras que la renta monopólica se obtiene a partir de la plusvalía generada por el conjunto de la sociedad. Para Harvey por su parte, el precio de monopolio genera la renta monopólica, mientras que una determinada estrategia por parte de los propietarios de suelo puede generar las rentas absolutas en una determinada rama de la actividad, dando lugar a los precios de monopolio. Esto es un ejemplo. En general, especialmente en su aplicación al hecho urbano, los contenidos de las diferentes categorías pueden variar mucho según el autor.

El nuevo proyecto de Ley de rehabilitación. ¿Se pretende volver a la época del boom inmobiliario?

El gobierno del Estado ha publicado recientemente un nuevo Proyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Es esta una medida muy demandada desde el perjudicado sector de la construcción y una de las pocas iniciativas dirigidas a la reactivación económica que ha realizado un gobierno centrado en las políticas de austeridad.

La promoción de la rehabilitación ha sido una estrategia utilizada en el pasado para promover o sostener el sector de la construcción en un contexto de crisis. El caso más reciente es el primer periodo de democracia liberal en la España posfranquista. En las década de los sesenta y setenta España había contado con un importante crecimiento económico, aún en el marco de recesión global propiciada por la conocida como crisis del petroleo. Contexto en el que se fragua la importante industria de la construcción española apoyada sobre el mercado de vivienda en propiedad y el turismo litoral. No obstante, desde finales de los setenta existe una desaceleración importante que coincide con el freno del crecimiento demográfico y de los procesos migratorios del campo a la ciudad. En este contexto, las políticas urbanas se dirigen en mayor medida a la rehabilitación de la ciudad construida, con especial atención a los enclaves históricos, completamente desinvertidos a principios de la década de los ochenta.

El fomento de la rehabilitación fue bastante exitoso a la hora de mantener la industria de la construcción y su mano de obra, algo que supuso una buena base para el posterior crecimiento de la misma en los dos ciclos inmobiliario-financieros que comienzan a partir de la entrada de España en la CEE en 1986. También es notablemente exitosa la rehabilitación conseguida en los centros históricos de las grandes ciudades españolas, ligadas a la potenciación de su función turístico-comercial y al aburguesamiento residencial de los mismos. La rehabilitación ha sido por lo tanto una parte importante de los sucesivos booms inmobiliarios entre 1987 y 1992 y entre 1997 y 2007.

La nueva ley pretende fomentar la rehabilitación y la renovación urbana operada por el mercado privado, tanto de la edificación como de los espacios públicos. Una intervención en la que tendría un papel importante la adaptación de la vieja edificación a los nuevos criterios de edificación sostenible y que recaería en cierta medida sobre los propietarios particulares y las comunidades de vecinos. Todo esto, implica un intento de restablecer uno de los elementos del anterior boom de la construcción, de forma similar a lo que hace la Ley de costas con la edificación de residencias para el turismo de sol y playa. Es obvio que para el actual gobierno resulta deseable un regreso al ciclo expansivo altamente especulativo que nos condujo a la actual depresión económica. Probablemente es deseable también para una parte importante de la población, que encuentra en esta posibilidad su principal esperanza de volver a la sociedad parcialmente opulenta que dejó atrás en 2007. No obstante existen serias dudas sobre la posibilidad de que esto sea factible.

En primer lugar, sigue existiendo un stock importante de vivienda vacías y sin vender, en diferentes modalidades y distribuidas por todo el territorio nacional. Ahora bien, el derribo de esas mismas viviendas puede ser una parte de la actividad constructora que se pretende fomentar, con el objetivo último de generar la escasez que permita al mercado volver a funcionar. En segundo lugar, existen serios obstáculos a una revitalización de la demanda, en la medida en que la demanda interior se ha visto y se va a seguir viendo seriamente castigada por la prolongación en el tiempo de elevadas tasas de desempleo, los recortes que afectan a los salarios indirectos y el saldo migratorio negativo. Asimismo, la demanda exterior encuentra sus limitaciones en la dimensión internacional de la crisis económica, que afecta inevitablemente a los clientes tradicionales (RU, Alemania y Francia), mientras que los nuevos mercados para el turismo y las segundas residencias (China o Rusia) por el momento no alcanzan a sustituir a los viejos. En tercer lugar, gran parte de la rehabilitación más rentable, en los enclaves históricos de las grandes ciudades, ya se ha llevado a cabo en los ciclos anteriores. Aunque todavía existan sectores degradados potencialmente atractivos para la inversión, estos siguen dependiendo de la existencia de una demanda. Así, la rehabilitación y adaptación a criterios de eficiencia ecológica afectaría en primer lugar a bolsas de infravivienda y comunidades de residentes en sectores urbanos afectados por cierta obsolescencia, graylands, que inevitablemente requerirían de importantes ayudas públicas que el gobierno está muy alejado de querer otorgar. Finalmente, el boom inmobiliario español, con sus desastrosas consecuencias por todos conocidas, se desarrolló en un contexto muy concreto y difícilmente repetible. Cualquier salida que pueda tener la crisis obliga a tomar otros caminos, sin que estos aseguren en absoluto el volver a la época de bonanza anterior.

Políticas del lugar. Empresarialismo urbano y rentas de monopolio.

Dentro del marco general de su materialismo histórico-geográfico, en el libro Espacios del Capital, David Harvey profundiza en algunos aspectos, ya introducidos en otras obras, referentes a la renovada importancia económica y política de lo local y del lugar en el capitalismo posterior a la crisis de los setenta. Por un lado retoma la cuestión de las nuevas políticas urbanas y, en concreto, el concepto de gobernanza y el paradigma de la ciudad emprendedora, aparentemente desideologizados y asumidos de forma acrítica desde la segunda mitad de los ochenta por los políticos de distintas geografías e ideologías. Por otro lado el concepto de rentas de monopolio, en una nueva apuesta por analizar el giro cultural desde una perspectiva estructuralista. Ambos conceptos, ciudad emprendedora y rentas de monopolio apuntan a la revalorización de lugar en el contexto postfordista. El primer término refleja como ciertos tipos de actividad económica están fuertemente localizados y como las características de lo local son tremendamente importantes en el contexto neoliberal de competición feroz por los recursos. El segundo apunta como la lógica de acumulación del capital tiene modos de apropiarse y extraer los excedentes producidos por las variaciones culturales geográficas, sea cual sea el origen.

El paradigma de la ciudad emprendedora

El interés de las nuevas políticas urbanas y el nuevo significado de la ciudad en el capitalismo posterior a la crisis de los años setenta es uno de los grandes temas de Harvey, especialmente a partir del cierto quiebro que se produce en su obra con el libro La Condición de la Postmodernidad. Si bien la cuestión de la gobernanza, como una forma de gobierno local con dimensión estratégica en la que cooperan todo un conjunto de agentes públicos y privados, es un tema tratado por diferentes autores (los trabajos de los geógrafos Bob Jessop y Peter Hall son recomendables en este sentido), la particularidad de Harvey quizás sea su posicionamiento inequívocamente crítico y la asociación que realiza de estas fórmulas con los intereses de acumulación de capital. Esto frente a otros autores, a menudo declaradamente de izquierdas, que se empeñan en ver en la nueva gobernanza la búsqueda de fórmulas de gestión de la ciudad más democráticas a la vez que eficientes.

Existe consenso en situar el origen de este cambio de orientación en las políticas locales de la segunda mitad de los ochenta y en vincularlo al declive del régimen de acumulación fordista-keynesiano. Para Harvey la crisis fiscal de muchas grandes ciudades occidentales en los setenta (generalmente utiliza el ejemplo de la quiebra de Nueva York) permitió que a mediados de los ochenta existiera un consenso a propósito de que las administraciones debían ser muchos más innovadoras y emprendedoras. Esto habría implicado el paso de una lógica de administración de impuestos locales y acción redistributiva mediante servicios públicos y subsidios al paradigma de la ciudad emprendedora. Como resulta evidente, este cambio de la política pública es el resultado de la progresiva implantación de la hegemonía del pensamiento político neoliberal. Así, la profundización en una economía globalizada y sin barreras generaría un marco de competición entre las ciudades por conseguir recursos, trabajo y capital. Las ciudades lucharían entre sí por mejorar su posición en la división internacional del trabajo y del consumo generando infraestructuras, eventos, espectáculos, imágenes de marca, etcétera. Todo esto, por lo general, a cargo inversiones con un importante peso del capital público (instrumentalizado para asumir la mayor parte de los riesgos) donde los beneficios irían a parar en gran medida a manos privadas.

Harvey desarrolla tres proposiciones generales sobre lo que (en la edición española de Akal) se denomina “empresarialismo urbano”, como patrón de comportamiento predominante en la nueva gobernanza urbana. En primer lugar, tendría como pieza central la noción de paternariado público-privado, que representarían el tránsito de un gobierno local que pasa de cumplir una función de redistribución de la riqueza (en el marco fordista-keynesiano) a ser promotor y soporte de los emprendimientos privados. En segundo lugar, señala la dimensión consustancialmente especulativa de los proyectos diseñados desde este tipo de políticas “estratégicas” (recordemos los muchos estadios olímpicos infrautilizados) en contraposición a la racionalización y planificación en la construcción de ciudad. Por último, Harvey señala como estas políticas tienden a centrarse en el lugar en vez de en el territorio. El territorio sería el ámbito de la planificación racional, mientras que en los proyectos estratégicos del urbanismo emprendedor, se tiende a la construcción de lugares (centros cívicos, museos, plaza) confiando en un efecto sobre el entorno que es muy cuestionable en la escala territorial.

Rentas de monopolio y capital simbólico colectivo

En el libro Urbanismo y Desigualdad Social, en la década de los setenta, Harvey comenzaba a tratar la cuestión de la renta urbana, que posteriormente desarrollaría en sus obras más estructuralistas, The Limits to Capital y The Urbanization of Capital. En el primer texto mencionado, siguiendo a Marx, Harvey diferenciaba renta de monopolio y renta absoluta, ganancias obtenidas por los propietarios del suelo como compensación por el control de ciertas porciones del espacio. En el primer tipo, la existencia de precios monopolistas de la producción generaría la renta, mientras que en la segunda, sería la renta la que permitía generar dichos precios monopolistas. Sin embargo, en el más reciente Espacios del Capital, Harvey pasa a hablar exclusivamente de rentas de monopolio, como ganancias suplementarias permitidas por el control en exclusiva de un artículo único e irreproducible, es decir por el monopolio sobre dicho artículo. Estas ganancias suplementarias se producirían a su vez en dos situaciones, equiparable a los dos tipos de renta anteriormente mencionados. La primera, cuando el rentista controla un recurso (por ejemplo, el suelo) que en relación con una actividad económica genera ganancias extraordinarias (Harvey pone el ejemplo de cierto viñedos asociados a ciertas comarcas). La segunda, cuando se comercializa el suelo o recurso (un cuadro, por ejemplo) directamente con un valor suplementario en base a su singularidad o emplazamiento generando ganancias especulativas. En base a esta cuestión el autor explica desde el punto de vista de la producción la mercantilización de la cultura y del lugar (como depositario por excelencia de la cultura, pensemos en los centros históricos), precisamente lo que otros muchos autores tratan desde el punto de vista del consumo, utilizando a Bourdieu, y refiriendo la categoría de capital cultural en su versión de acopio de bienes que garantizan la distinción y el buen gusto, entre los cuales uno de los más relevantes es la vivienda y su localización, por su puesto. De esta forma, las reivindicaciones de singularidad, autenticidad, particularidad y especialidad determinarían la capacidad para captar rentas de monopolio y un terreno óptimo para ello serían los entornos sociales y culturales construidos.

La búsqueda de rentas de monopolio y el incremento del capital simbólico colectivo de la ciudad sería una de las estrategias clave del empresarialismo urbano. Los proyectos de creación de lugares, con elevado carácter especulativo y con un fuerte peso del capital inmobiliario, se dirigirían en gran medida a generar este tipo de rentas. En su búsqueda de beneficios, el capitalismo buscaría generar rentas de monopolio en lugares específicos, basándose en las virtudes geográficas (físicas y humanas), en la especifidad de una mercancía (mercancía-lugar) certificada por un nombre o marca. Pensemos en los ejemplos del barrio del Pelourinho en Bahía, Condesa en México DF o el esperpéntico Palermo Hollywood, en la que el nombre de un barrio (a veces travestido) se transforma en marca comercial. Esta oleada fetichizadora de las culturas locales encuentra pocos límites. Así, la marginalidad o el carácter contracultural de determinados estilos de vida y significados estéticos locales (los gitanos de Jeréz, las comunidades negras de Nueva Orleans o los gays de San Francisco) pueden acaban siendo las mejores oportunidades de mercantilización del lugar y comercialización de la cultural. Este tipo de comunidades arraigadas en el espacio produciría lo que Harvey, siguiendo de nuevo a Bourdieu, refiere como “capital simbólico colectivo”, que proporciona una marca distintiva vinculada al lugar, al barrio y o a la ciudad, susceptible de atraer flujos de capital.

Sin embargo, esto no se encuentra exento de contradicciones y: “cuanto más comercializables se vuelven dichos artículos, menos singulares y especiales parecen. En algunos casos, la propia comercialización tiende a destruir las cualidades singulares…en la medida en que dichos artículos o acontecimentos son fácilmente comericalizables (y están sujetos a reproducción mediante falsificación, imitación o simulacros), menos base ofrecen para la renta de monopolio” (p. 419). Es por esto que, a menudo, cuando visitamos el viejo barrio histórico rehabilitado y mercantilizado, para el cual se reivindica precisamente la mayor singularidad y autenticidad, si rascamos un poco

El concepto de clase social en Marx

Sorprenderá a algunos el hecho de que, a pesar de la enorme importancia del concepto en la teoría marxista, no existan textos ni del propio Marx ni de Engels centrados en la cuestión de la estratificación social en clases aunque esta esté de una forma u otra presente en casi todas sus aportaciones. En ninguno de sus escritos encontramos una definición operativa de clase social y, de hecho, el propio concepto en diferentes escritos puede tener significados algo diversos. La definición de clase social de Marx habría de haber estado recogida en el volumen tercero de El Capital, y de hecho, en este volumen, en su último capítulo, encontramos algunas breves notas recogidas por Engels de lo que debería haber sido un capítulo centrado en tal cuestión. No obstante, han sido varios los autores marxistas que en el siglo XX han tratado de “imaginar” lo que podría haber sido ese capítulo, de diseccionar la concepción de Marx sobre la estructura de clases, entre los que destacaría al francés Touraine y al polaco Ossowski.

El concepto de clase social no fue inventado por Marx, pero quizás fue el primero que lo introdujo en un marco sociológico amplio y es indudable que el marxismo ha tenido mucho que ver en la difusión del concepto, a pesar de que este no fuese desconocido para autores anteriores como Adam Smith o Saint Simon. La concepción de la clase social de hecho puede ser muy variada y la marxista es bastante particular, aunque incluso gran parte del marxismo del siglo XX lo haya ignorado intencionada o inintencionadamente. Las clases sociales de Marx estarían asentadas en criterios económicos y tendrían un carácter relacional (por oposición a la clasificación relacional, que diferencia clases bajas, medias, altas, media-alta, etcétera), esto quiere decir que existirían relaciones de dependencia entre las distintas clases sociales dentro de la estructura y, de hecho, unas se definirían por contraposición a otras. Así, es bien conocida la clasificación en clases en relación a los medios de producción. Marx advierte en El Capital sobre confundir el concepto “moderno” de clase social con el monto de ingresos o con la ocupación, algo que ha sido muy común a lo largo del siglo XX. Por el contrario, la sociedad se dividiría en base a la propiedad o no de los medios de producción. Es decir, en la burguesía propietaria y en el proletariado que solo posee su fuerza de trabajo, lo que implicaría una relación de opresión y de explotación de la primera hacia la segunda. Estas dos clases serían los productos sociales del capitalismo en un esquema dicotómico que gira en torno a su antagonismo y a la explotación de una por la otra.

Existen otras clases o capas sociales o fracciones de clase en los diferentes textos de Marx. No obstante, las dos mencionadas serían las dos únicas clases en sentido pleno en el capitalismo, precisamente por su significación política. Los campesinos o la nobleza serían resquicios de antiguos sistemas de clase condenados a una irremediable decadencia, destinados a desaparecer conforme la sociedad se desarrollase, lo que conduciría a la polarización entre el proletariado y la burguesía. El famoso lumpen proletariado, por su parte, no sería una clase sino un estrato claramente diferenciado del proletariado industrial. Los terratenientes por su parte, a veces aparecen como clase social independiente (concretamente en El Capital) y otras como un estrato de la burguesía.

Uno de los elementos más problemáticos a este respecto es el papel de las clases medias o las clases intermedias. A este grupo hace referencia Marx en varios textos, alguna vez incluyendo a profesionales liberales, pero más comúnmente limitándolas o bien a la pequeña burguesía o bien a esta en combinación con pequeños capitalistas con pocos asalariados que trabajan con sus propios medios de producción (por ejemplo muchos artesanos). Esta clase media sería una franja fronteriza y su importancia política estaría limitada, precisamente porque en contextos revolucionarios o de lucha de clases tendería a alinearse con una de las dos clases fundamentales y antagónicas. Ahora bien, la burguesía y el proletariado serían las únicas clases sociales en sentido pleno. Y esto se debería a la existencia de una conciencia de clase, a la conciencia de los intereses comunes del grupo y del antagonismo con respecto de los intereses del otro. Realidad que sería el motor del cambio social que anunciaba el manifiesto comunista. De hecho los individuos no constituirían una verdadera clase sin conciencia de sus intereses y sin sostener una lucha común contra otra clase.

Aquí se encuentra el núcleo de la diferencia entre el concepto de clase de Marx y los conceptos que a veces son despreciados como “sociológicos” por los marxistas, lo cual no puede negar su utilidad a la hora de explicar la realidad contemporánea. Esta realidad social ha cambiado y ha cambiado mucho la estructura social, siendo uno de los elementos más relevantes el crecimiento de la importancia de las clases medias, tanto en la realidad como sobretodo en el discurso, pero también el debilitamiento de la conciencia de clase entre el denominado proletariado. En este sentido, el principal error que podría achacarse a Marx es la predicción de la progresiva polarización social entre burguesía y el proletariado en los países más desarrollados que no parece haberse cumplido en el devenir histórico del siglo XX. No obstante, habría que reconsiderar esto, en el sentido de que la interpretación dicotómica de Marx sobre las clases era en su momento una proposición estratégica, una apuesta política, si se quiere, por la lucha entre el proletariado industrial y la burguesía y por la victoria del primero como la formula que podría dar lugar a una sociedad más justa e igualitaria (en cierto sentido, el discurso tan popular recientemente de “somos el 99%” frente a la élite social o la clase dominante, personificada en una burguesía moderna asociada al sector financiero, es una estrategia en el mismo sentido, algo optimista quizás). Es importante tener en cuenta la dimensión política e ideológica del concepto de clase social, tanto como el hecho de que el actual énfasis en las clases medias también responde a una estrategia política y a unos intereses de defensa del status quo, además de ser una pieza clave de la ideología dominante. Más allá de la realidad de la posición en la producción y de la comprobación estadística, las clases sociales son un elemento fundamental en la lucha ideológica, algo que entendía Marx en su contexto y que entienden perfectamente hoy las fuerzas defensoras de los privilegios de clase. En el caso de Marx, la clase obrera cubría la necesidad de un sujeto histórico que protagonizase el cambio revolucionario, una hipótesis que solo podía demostrarse en la práctica política. En el caso de la ideología neoliberal hoy, la clase media supon un discurso de legitimación del sistema y de las diferencias sociales.

La teoría de la solución espacial de Harvey

La mayor parte de la obra de David Harvey se ha dedicado a establecer las bases de lo que él denomina materialismo histórico-geográfico. En sus obras más conocidas, el autor señala la escasa atención que prestó Marx al espacio e intenta compensarlo, para lo que parte de sus textos originales y el método dialéctico. De las aportaciones realizadas por el autor en este sentido, una de las más conocidas es la teoría del ajuste o solución espacial a la crisis (spatial fix).

Aunque esta teoría se desarrolla fundamentalmente en su obra Limits to Capital, algunos elementos de la misma ya empiezan a intuirse en su obra anterior Urbanismo y Justicia Social (mucho más difundida en el ámbito hispanoparlante). De hecho la primera, en gran medida, se dedica a desarrollar aspectos de la teoría histórico-geografía introducidos en la segunda. En Urbanismo y Justicia Social, Harvey explica las ciudades en términos materialistas como una concentración geográfica de un producto social excedente, que en la sociedad capitalista sería el plusvalor. En las economías precapitalistas, la ciudad habría funcionado como un lugar de utilización de plus-producto a través de la arquitectura monumetal, siendo la versión moderna y capitalista la inversión de excedente en nuevos medios de producción y en la construcción de ciudad (en gran medida medio de producción), a menudo mediante un consumo de recursos despilfarrador y superfluo. Así, el proceso social del urbanismo requiere la articulación de una economía espacial suficientemente extensa como para facilitar la concentración geográfica del excedente (el puerto y su hinterland o la metrópolis y sus colonias, por ejemplo) lo que implica que la integración espacial de la economía y la evolución del urbanismo están inextricablemente relacionados.

En este punto Harvey utiliza a Lefebvre, para el cual la urbanización llega a dominar en el momento actual a la industrialización. El sociólogo francés realiza una distinción entre dos circuitos de circulación de plusvalor. Un primer circuito de actividad industrial y un segundo circuito de creación y extracción de plusvalor por la especulación con los derechos de propiedad y de los intereses procedentes de desembolsos anteriores en forma de inversiones de capital fijo. En su libro La revolución urbana Lefebvre afirmaba que la tendencia era a que el plusvalor formado y realizado en la especulación y mediante la construcción inmobiliaria superase al de la producción industrial. Es decir, el segundo circuito, formado por un conjunto de inversiones en capital fijo y construcción de ciudad, tiende a suplantar al principal.

El análisis del circuito secundario de circulación sería un elemento clave en la siguiente obra de Harvey, con un papel fundamental en el ajuste/arreglo/solución espacio-temporal. Aquí, de nuevo, el problema central es la tendencia a la crisis del capitalismo y el papel que podría jugar el circuito secundario de circulación y otras estrategias espaciales en prorrogarla. Según la teoría marxista el capitalismo tiende a generar crisis de sobreproducción en las cuales las posibilidades de inversión rentable se agotan, lo que conduce a una destrucción del capital existente mediante su devaluación o mediante la infrautilización de la mano de obra (desempleo). Frente a esto, las soluciones espaciales serían en principio dos, la reorganización espacial de un territorio o región económica y la exportación del capital y el trabajo sobrantes más allá de la región en la que se han generado. En el primer caso la solución pasa por inversiones a largo plazo en capital fijo e inmóvil (segundo circuito de acumulación) para facilitar la movilidad de otros capitales. Así, las inversiones en infraestructuras espaciales tienen la función de comprar tiempo, evitando la crisis de acumulación a un cierto plazo. Por supuesto, las infraestructuras de larga vida no devuelven su valor a la circulación hasta muchos años después, por lo que resulta en una estrategia dirigida por el Estado. Como afirmaba Topalov en La Urbanización Capitalista el capital privado no invierte en empresas que no incluyan condiciones de rentabilidad, lo que empuja a que el finaciamiento de las infraestructuras urbanas sea público o bien a que el Estado asegure las condiciones de rentabilidad. El segundo ajuste espacial haría referencia a una transformación externa que evita la destrucción de capital propia de la sobre-acumulación mediante la exportación de capital, mercancías y trabajo sobrante, al menos durante un periodo de tiempo, a otras regiones. Esto implica una expansión y reestructuración geográfica del mercado capitalista cuyo caso más notorio es el imperialismo de las potencias más desarrolladas con respecto a las economías periféricas. Harvey refiere también un ajuste temporal, que implicaría un desplazamiento temporal (hacia el futuro) de la crisis mediante el crédito y las financias. El crédito permite tanto las inversiones a largo plazo como la exportación de capital, mercancías y trabajo a zonas con falta del mismo.

Como se puede observar, el término ajuste (fix, que significa también fijar en inglés) se utiliza en dos sentidos. En primer lugar, en un sentido literal, como fijación durable del capital adoptando una forma física (capital fijo). En segundo lugar, un sentido metafórico, como solución temporal basada en estrategias espaciales que enfrentan las tendencias específicas a la crisis. Una crisis que solo puede evitarse por un tiempo, pudiendo ser el ajuste eventualmente un efecto engrandecedor de la misma, algo que hemos experimentado en la reciente crisis financiera de los países postindustriales. Las soluciones espaciales generan sus propios problemas.

Releyendo «Urbanismo y Desigualdad Social» de David Harvey

 Harvey es probablemente el geógrafo vivo más reconocido. Teórico brillante y marxista declarado, su influencia se extiende mucho más allá de la geografía, hacia el conjunto de las ciencias sociales, siendo un referente fundamental para los estudiosos de la ciudad desde un enfoque crítico. Urbanismo y desigualdad social, publicada por primera vez en 1973, es una de las obras clave del autor, especialmente conocida por presentar la ruptura del geógrafo con los planteamientos neopositivista, predominantes hasta ese momento en el ámbito anglosajón, y sustituirlos por un enfoque marxista. De esta forma, el libro se convirtió rápidamente en una obra paradigmática, que abanderó el cambio de posición epistemológica de muchos científicos sociales en la década de los setenta, durante el auge de las ciencias sociales críticas y de la geografía radical. Valga decir también que muchos de estos científicos, que abrazaron el marxismo en los efervescentes años setenta, volverían a los discursos del status quo en los conservadores años noventa, no siendo este el caso de Harvey.

Aunque se trata de una recopilación de varios artículos cuya lectura independiente es factible, uno de los aspectos más llamativos de la obra es su particular estructura, dividido en dos partes bien diferenciadas que responden a planteamientos liberales y planteamientos marxistas de la misma problemática. En la primera parte Harvey trata sus grandes preocupaciones epistemológicas sobre el espacio y la justicia social en la ciudad partiendo de los planteamientos típicos de las ciencias sociales neopositivistas. Predominan entonces los presupuestos marginalista, girando el problema en torno al efecto de las externalidades en la distribución de la riqueza y las posibilidades de alcanzar el óptimo de Pareto en el mercado de suelo, planteandose en última instancia las formas en que el Estado puede intervenir para mejorar la distribución de la riqueza.

El capítulo tres, Teoría Revolucionaria y Contrarrevolucionaria en Geografía, supone el punto de inflexión de la obra que da paso a los planteamientos marxistas. Un texto muy conocido en su forma previa como artículo publicado en la revista Antipode en inglés y en Geocrítica en castellano. Aquí, apoyándose en la conocida obra de Kuhn sobre las revoluciones científicas, plantea su particular revolución contra el neopositivismo en Geografía. Desmintiendo el carácter supuestamente objetivo de la ciencia cuantitativa, el autor acusa a este tipo de teorías de suponer fundamentalmente una defensa del status quo y de estar impregnadas de ideología y de intereses políticos. Frente a esta ciencias plantea la necesidad de construir una teoría revolucionaria tomando como base el marxismo. Así, a la inspiración que muchos geógrafos urbanos encontraban en la Escuela de Sociología de Chicago, Harvey contrapone los tempranos y avezados trabajos de Engels sobre la ciudad de Manchester.

Los dos capítulos siguientes están plenamente integrados en la teoría marxista. El primero de ellos comienza planteando la diferencia entre valor de uso y valor de cambio como la base fundamental para analizar el mercado de suelo urbano, desechando el neoclásico concepto de utilidad, y disecciona las particulares características del suelo como mercancía haciendo énfasis en su carácter monopolista. A continuación realiza una revisión exhaustiva del análisis microeconómico de los agentes del mercado de suelo desde unos planteamientos marxistas. Estos análisis eran bastante comunes en este momento, y el capítulo en general recuerda mucho a otros autores de la época como Topalov o Castells. El capítulo acaba con una análisis de la renta, en la cual el autor ubica el factor determinante de la distribución de los usos del suelo en la ciudad capitalista. El capítulo siguiente se apoya en mayor medida en Polanyi y en sus planteamientos sobre los modos de regulación histórica, que sirven a Harvey de hilo conductor para examinar la relación de la forma urbana con la acumulación de excedente a lo largo de la historia y las formas de circulación espacial que adopta el capital.

En el capítulo final el autor retoma las principales ideas tratadas a lo largo del libro para realizar diversas aclaraciones sobre los planteamientos teóricos y sobre su concepto de ciudad, haciendo una animada reivindicación del estructuralismo como enfoque epistemológico. En las últimas páginas el autor se dedica a contrastar sus análisis con las ideas de Lefebvre, autor al que sin duda debe mucho esta obra, y termina replanteando la idea de este último autor sobre los dos circuitos de acumulación de capital. Esta teoría sería desarrollada con mucha mayor amplitud en su siguiente obre The Limits of Capital, siendo quizás una de las mejores aportaciones teóricas de este brillante geógrafo.

En definitiva, una obra fundamental para comprender tanto al autor como a la geografía moderna, que a pesar del tiempo pasado desde su primera publicación sigue teniendo la capacidad de aportar claves fundamentales para comprender el fenómeno urbano.