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Varios

El fetiche del Estado, el fetiche de lo local y el 15M

El 15M, en su configuración de asambleas de barrio, entre 2011 y la actualidad, es la última expresión de una sucesión de movimientos sociales urbanos que han reaccionado contra el fetiche del Estado, entendido este como la tendencia a reducir la política a su versión “pura” e institucionalizada. Al mismo tiempo, estos movimientos han tendido a caer en el error contrario, en lo que podría denominarse un “fetiche de lo local”, señalando el ámbito comunitario y de la asamblea presencial como único espacio posible donde desarrollar una política radical y contestataria. Considero que esto es fruto de un contexto determinado, de la herencia de un marco político-ideológico y de unas condiciones materiales. No obstante, la situación ha cambiado en los últimos años. El nuevo marco no solo ofrece oportunidades a la hora de superar las limitaciones de los movimientos sociales en el pasado, si no que demanda un esfuerzo en esta dirección.

El fetiche del Estado y el fetiche de lo local

Decía Bolivar Echeverria que uno de los mayores errores del pensamiento político contemporáneo, y cuyo origen atribuía en parte a Hegel, era confundir la política exclusivamente con la acción de los estados, y esta con su forma más pobre, como la política profesional, la política de los profesionales de la política. La tendencia a la fetichización del Estado como único ámbito de la política real, viene acompañada de la visión del mismo como una cosa, como un ente independiente y neutral, ajeno a las relaciones de poder entre grupos sociales. Esta visión liberal, ignora la capacidad de las élites económicas para subordinar la política en materia económica. También ignora ese “ejercicio periférico de la actividad política” que no se deja integrar en el Estado y que, al mismo tiempo, lo obliga a entrar en “trato y concertación” (1). Es decir, el Estado puede ser instrumento de la clase dominante, pero es permeable también, en ciertos contextos, a la voluntad de las clases populares organizadas, algo de plena actualidad en América Latina y mucho menos en Europa.

Por lo tanto, necesitamos pensar lo político como algo que va más allá de las instituciones del Estado. No obstante, si esto es verdad, no es menos cierto que uno de los mayores errores que han podido cometer los movimientos sociales en las últimas décadas ha sido el opuesto, precisamente el ignorar esta dimensión de la política “pura”. El giro sobre la política local-comunitaria, sobre la reivindicación de autonomía, ha podido conducir a una nueva mistificación, hasta el punto de ignorar la posibilidad de influencia sobre las instituciones existentes e incluso renunciar a la posibilidad de construir instituciones propias más allá de la asamblea de individuos. Esto, como si los problemas de la gente en lo local no estuvieran determinados a otras escalas, o como si las instituciones del Estado no fueran una expresión de las capacidades políticas de la sociedad, sino algo ajeno a ella. Bajo dichos planteamientos, es inevitable que existan graves carencias en cuanto a racionalidad estratégica y capacidad práctica (2). A su vez, la ausencia de una práctica política con resultados tangibles, opino que ha conducido a un vuelco sobre la ideología. A menudo, se ha situado la ortodoxia como objetivo último de la práctica política, perdiendo de vista que el objetivo de esta debería ser mejorar la vida de las personas y la ideología, en todo caso, puede ser uno de los instrumentos para conseguirlo.

Viejos y nuevos contextos para los movimientos sociales urbanos

La situación actual de los movimientos sociales urbanos es en gran parte una herencia del contexto anterior. En este hay condiciones subjetivas y objetivas que han conducido a que se hayan adoptado unas configuraciones concretas.

En primer lugar, en el Estado español, los movimientos sociales urbanos contemporáneos se desarrollan a partir del proceso de transición de la dictadura a la democracia liberal en la década de los setenta y  primeros años ochenta del siglo XX. Anteriormente a su irrupción en las instituciones, las organizaciones políticas de izquierda desarrollaban su actividad en las asambleas de base, desarrollando, potenciando o colaborando con el movimiento de las asociaciones de vecinos (no voy a entrar en la cuestión sindical aquí), con unas dimensiones notables en los barrios obreros de todas las grandes ciudades del Estado. El tránsito a la democracia liberal implicó la entrada de los partidos de izquierda en los diferentes niveles de la administración. Una vez que los partidos se integran en el nuevo sistema político, las asociaciones de vecinos quedan “descabezadas”. En principio se conciben como un mero instrumento para la atracción de nuevos cuadros políticos y, más adelante, se las desmoviliza activamente y se las invita a su disolución dentro de los nuevos cauces institucionales de los ayuntamientos democráticos. Por lo tanto, las instituciones del Estado se plantean como único ámbito legítimo de la política, conduciendo a estrategias electoralistas y a una profesionalización de las organizaciones obreras, lo cual, para la izquierda, debería ser una contradicción en sí misma, un suicidio a medio plazo o una puerta abierta a la derechización.

La reacción de los movimientos sociales urbanos durante las décadas de los ochenta y noventa puede entenderse como un movimiento de reacción a esta situación. Tanto los restos del movimiento vecinal más coherente, especialmente el asociado al cristianismo de base, como los nuevos movimientos sociales, abanderan un rechazo a la cooptación de activistas y a la institucionalización de los movimientos. Esto es patente tanto en el movimiento okupa como en la configuración el 15M como asambleas de barrio (a pesar de las grandísimas diferencias existentes entre ambos). En su lugar, se produce un giro y una valorización del trabajo sobre el territorio local, la asamblea y el grupo político como únicos ámbitos organizativos posibles, el rechazo a las posibilidades de pacto o concertación con el Estado e incluso la renuncia al desarrollo de instituciones propias, que fuesen mediadoras entre la comunidad local y otras escalas de la política. Esta tendencia está claramente presente en el 15M, que de forma casi instintiva rechaza la política formal y busca, de manera más o menos certera, intervenir en la política desde lo comunitario, desde el barrio. A su vez, se produce una superideologización en los activistas. Una tendencia a la aparición de posiciones cada vez más moralistas y gregarias, que en gran parte suplen las dificultades de una práctica política real. Esto es además consecuencia de las condiciones materiales en que se desarrollan estos movimientos. Las décadas de los noventa y principios del siglo XXI vienen caracterizadas por el “progreso” y la “modernización”, en un modelo de desarrollo que, por insostenible que se haya mostrado a medio plazo, proveyó durante un periodo de tiempo de una movilidad social ascendente a las clases populares o, al menos, de expectativas de promoción social.

El derrumbe del complejo inmobiliario-financiero y de la construcción que sostenía la economía, a partir de 2007, ofrece un contexto diferente para la acción política. La depauperización de la sociedad y las escasas perspectivas de recuperación a medio plazo ofrecen oportunidades para una mayor influencia de los movimientos sociales rupturistas. En este marco, el 15M ha podido desarrollar una estrategia territorial que ha roto con algunas de las tendencias anteriores, consiguiendo una mayor influencia social. Esto es especialmente patente en el activismo contra los desahucios y en las ocupaciones colectivas desde 2012, que en el caso de Sevilla están íntimamente ligadas a la creación de las asambleas de barrio del 15M. Las asambleas de barrio y el movimiento por la vivienda han supuesto un salto desde el grupo militante ideologizado a la confrontación con la problemática cada vez más acuciante de las clases populares, lo que ha ido forzando (hasta cierto punto) a abandonar los planteamientos más dogmáticos.

Sin embargo, el crecimiento del movimiento ha mostrado también su debilidad. La estructura totalmente descentralizada hace difícil o  casi imposible la negociación o la adopción de planteamientos estratégicos más allá de la acción inmediata. La falta de capacidad a la hora de plantear soluciones a las problemáticas con que se tratan tiene su causa, en parte, en la resistencia a realizar planteamientos a otras escalas más allá de lo local. Así, se ha dejado el camino libre para que organizaciones de carácter oportunista intenten aprovecharse de los logros de los movimientos y/o de la insatisfacción de las clases populares.

En definitiva

El trabajo de los movimientos sociales urbanos en el plano local, en los últimos tres años, ha sido fructífero y necesario. No obstante, la limitación a la esfera de la asamblea o del pequeño proyecto autogestionario muestra serias limitaciones. La impotencia a la hora de afrontar las agresiones del mercado y del Estado hacia las clases populares es notoria y amenaza con impedir que estos movimientos lleguen a consolidar su influencia social. Es necesario no conformarse con lo hecho hasta ahora y plantear otras esferas de la política donde poder actuar.

¿Cómo afrontamos el problema de la política a escala estatal sin marginar la política de lo local, de la base, como ha sucedido anteriormente? ¿Cómo hacemos política de base sin perder de vista la inevitable esfera del poder a escalas superiores, que nos afecta y determina? Parece inevitable que la respuesta pase por consensuar un proyecto político capaz de articular estas diferentes escalas, así como por la creación de organización capaz de llevarlo a cabo.

Notas:

(1) En ECHEVERRÍA, Bolivar (1998) “Lo político en la política” En Valor de uso y utopía. México D. F.: Siglo XXI. (p. 91)

(2) Como se afirma en LEÓN HERNÁNDEZ, Efraín “Geopolítica de la lucha de clases: Una perspectiva desde la reproducción social de Marx” XII Encuentro Internacional de Geógrafos de América Latina, San José, Costa Rica, Julio de 2011.

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