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Varios

El derecho a comprar contra el derecho a la ciudad

Recientemente se ha hecho pública la creación del registro nacional de barrios populares en Argentina. Asimismo, se ha anunciado que esto inicia un proceso orientado a regularizar la relación jurídica de los habitantes con sus viviendas. A este respecto, la posición del gobierno parece decantarse claramente por favorecer el acceso a la propiedad de las familias.

En el pasado siglo, en muchos países de América Latina, se desarrollaron políticas de acceso a la propiedad en barrios nacidos de la ocupación irregular de suelos estatales. En Europa ha sido más común la entrega de títulos en edificios de viviendas públicas. El acceso a un hogar estable y regularizado debe ser un derecho perseguido por cualquier gobierno. Sin embargo, a veces se ignora que la integración social y urbanística no implica necesariamente la entrega de títulos de propiedad. Algunas de estas políticas han sido espoleadas asegurando que redundan en un aumento del patrimonio de las familias, contribuyendo a reducir la pobreza (pueden facilitar el acceso al crédito privado, por ejemplo). Por otro lado, el ánimo del agente público a la hora de promover este tipo de políticas, a menudo, más que perseguir la mejora de las condiciones de vida, busca desprenderse de una responsabilidad. La privatización de suelos y vivienda pública es una manera muy común de no desarrollar una verdadera política de vivienda.

Existen otros problemas. Si nos vamos a la experiencia internacional, la privatización masiva de viviendas públicas en el Reino Unido de Thatcher provocó en el medio plazo que, en los barrios más céntricos o mejor situados, las familias de clase trabajadora fueran desplazadas por habitantes con mayor poder adquisitivo, como resultado de la propia lógica del mercado. Por lo tanto, contribuyó a fomentar las dinámicas de segregación social que una política pública de vivienda debería combatir. Hay otros casos similares. No es descabellado pensar que esto mismo podría pasar en el caso de barrios con ubicaciones estratégicas (como la Villa 31 o la Rodrigo Bueno en Buenos Aires). Más allá de esto, la entrega de títulos de propiedad podría implicar fuertes procesos especulativos, que previsiblemente generarían grandes beneficios para agentes privados a costa de suelos públicos y ante la ausencia de mecanismos que permitan que los municipios recuperar estas plusvalías para la comunidad.

La regularización e integración de barrios como los mencionados supone una oportunidad para contribuir a una ciudad menos segregada y en la que grupos menos favorecidos puedan acceder a un recurso tan preciado como es la centralidad. Para ello existen alternativas (derecho real de superficie en lugar de propiedad, restricciones a la venta de inmuebles y otros) que permitirían evitar que, en barrios con localizaciones estratégicas, las propias dinámicas de mercado acaben desplazando a los habitantes originales, combatiendo al mismo tiempo la previsible especulación inmobiliaria.

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