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Actualidad

Más de lo mismo. Sobre la política de vivienda del actual gobierno

El problema de la vivienda se ha transformado en la actualidad en el gran problema de las clases trabajadoras, unido y en intima relación con la cuestión del desempleo. Las dificultades de acceso a la vivienda, en un mercado en el que la construcción pública ya solo queda en el recuerdo y con unos precios inflados por la especulación durante tres lustros, continúan en la situación actual de crisis, acrecentadas por las dificultades de acceso al mercado laboral de los jóvenes y la pérdida generalizada de puestos de trabajo. A esto se le suma la alarma social generada por el terrible incremento de los desahucios de familias que, en la coyuntura actual, se ven imposibilitadas para seguir cumpliendo con el pago de sus hipotecas.

 

Ante esta situación, en los primeros meses del nuevo gobierno del Estado empieza a perfilarse cual va a ser la política “popular” a este respecto. Esta política se evidencia tanto en las medidas que se han anunciado, como en las medidas que ni se anuncian ni se van a tomar. Respecto de las primeras, los planteamientos del gobierno pasan por reducir impuestos e incentivar activamente a los agentes privados del mercado de la vivienda, con la esperanza de reactivar el negocio inmobiliario. En esta misma dirección se encuentran las reformas sobre la legislación medioambiental. En concreto, la modificación de la Ley de Costas, anunciada recientemente por el ministro Airas Cañete, pretende flexibilizar la construcción y la actividad económica en el litoral, sabiendo que este territorio, en relación con el turismo, es el principal motor que podría volver a poner en marcha el mercado inmobiliario.

 

Así, en un contexto de crisis provocado por una economía basada en el ladrillo y en la especulación, de lo que dan cuenta las cientos de miles de viviendas vacías, incluidas las promociones enteras que han quedado sin vender en manos de los bancos, la apuesta del gobierno pasa por intentar reproducir el ciclo especulativo del mercado inmobiliario que nos ha llevado a la situación actual. Pero lo más interesante es lo que no van a hacer. No va expropiar las viviendas vacías para dedicarlas a la provisión de las necesidades de alojamiento, no van establecer la dación en pago y no van a mover, en definitiva, un solo dedo por hacer efectivo el derecho a la vivienda. De esta forma, se hace evidente, una vez más, como los intereses que defiende este gobierno (en igual medida que el anterior) no son los de la gente sino los de las entidades financieras, los grandes promotores y los especuladores.

 

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